La Dirección General de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos autorizó, mediante la Resolución N.º 152/26, la temporada 2026 de captura comercial del coipo (Myocastor coypus), conocido popularmente como nutria. La norma habilita la extracción de hasta 100.000 ejemplares desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre en todo el territorio provincial, con excepción de las áreas naturales protegidas.
La resolución establece además las condiciones para la caza, transporte, acopio, comercialización e industrialización de los cueros obtenidos durante la temporada. Entre otros requisitos, determina medidas mínimas para las pieles que podrán comercializarse y fija plazos para la registración y legalización de los productos derivados de la actividad.
La autorización no constituye una novedad absoluta en la provincia. Durante 2025, el Gobierno entrerriano ya había habilitado la captura comercial de coipos mediante resoluciones similares, fijando cupos y condiciones para el aprovechamiento de sus cueros. Sin embargo, la decisión vuelve a generar cuestionamientos por el volumen autorizado para la temporada 2026 y por producirse en un contexto de creciente debate sobre la protección de la fauna silvestre y los humedales entrerrianos.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la medida se apoya en relevamientos poblacionales realizados en el marco del Programa Nacional Nutria, cuyos informes concluyen que existe una cantidad suficiente de ejemplares para permitir un aprovechamiento considerado sustentable sin comprometer la conservación de la especie.
El coipo es un mamífero acuático nativo de Sudamérica que habita lagunas, arroyos, bañados y humedales. En Entre Ríos forma parte del paisaje característico de numerosos ecosistemas asociados a los cursos de agua y cumple un papel relevante dentro de la dinámica ecológica de esos ambientes.
Sin embargo, la autorización volvió a generar cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y sectores vinculados a la conservación de la biodiversidad. Las críticas apuntan tanto al volumen autorizado —100.000 ejemplares— como al destino comercial de la actividad, históricamente vinculada al aprovechamiento de cueros y pieles.
La ONG ambientalista Ceydas (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) sostienen además que Entre Ríos es actualmente la única provincia del país que mantiene habilitada la captura comercial de coipos bajo un esquema de cupos oficiales, situación que consideran contradictoria con las políticas de protección ambiental y conservación de la fauna silvestre.
La polémica se produce pocos meses después de otra decisión que generó una fuerte reacción pública: la habilitación de la temporada de caza deportiva menor, que incluyó diversas especies de aves autóctonas y motivó cuestionamientos de entidades ambientalistas, proteccionistas y especialistas en conservación.
Para los críticos, ambas medidas reflejan una orientación de la política provincial que privilegia el aprovechamiento económico de la fauna por encima de criterios de conservación. Desde el Gobierno, en cambio, defienden las autorizaciones bajo el argumento de que se encuentran respaldadas por estudios técnicos, monitoreos poblacionales y mecanismos de control establecidos por la normativa vigente.
La discusión también pone sobre la mesa una aparente contradicción con la estrategia turística impulsada por la propia provincia. Mientras las campañas oficiales promocionan a Entre Ríos como un destino asociado a la naturaleza, los humedales, la observación de aves y la riqueza de su biodiversidad, sectores ambientalistas advierten sobre decisiones que consideran incompatibles con la preservación de ese patrimonio natural.
Con la temporada ya en marcha, el debate vuelve a instalarse en la agenda pública y reabre una discusión de fondo: cuál debe ser el equilibrio entre el aprovechamiento económico de los recursos naturales y la protección de la fauna silvestre que constituye uno de los principales activos ambientales de Entre Ríos.