Polémica por el trámite jubilatorio del senador Dal Molín en plena reforma previsional: la oposición habla de una «falta de coherencia»

Según la documentación dada a conocer por la oposición, el senador provincial Rubén Alberto Dal Molín, de Juntos por Entre Ríos, inició el 25 de junio de 2026 un trámite de Jubilación Ordinaria Común, mientras continúa formando parte del bloque oficialista que respalda los cambios al sistema previsional.

El documento, fechado el 1 de julio de 2026, indica que el legislador posee un trámite jubilatorio iniciado y que el expediente se encuentra en el área Concordia de la Caja de Jubilaciones.

Esto se conoce en medio del tratamiento de una reforma que el oficialismo justifica en la necesidad de garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones. Entre otros puntos, el proyecto modifica aspectos del régimen vigente y endurece las condiciones para quienes accedan al beneficio en el futuro.

Uno de los primeros dirigentes opositores en pronunciarse fue el concejal de Concepción del Uruguay y abogado Juan Martín Garay, quien cuestionó la decisión del senador desde el plano político y ético.

«La política exige algo más que legalidad. Exige ejemplaridad», sostuvo Garay al aclarar que no discute el derecho de Dal Molín a iniciar su jubilación bajo las normas vigentes, sino la contradicción que, a su entender, existe entre esa decisión personal y el respaldo a una reforma que impondrá nuevas exigencias para los futuros jubilados.

«Durante semanas el oficialismo explicó que la Caja atraviesa una situación crítica y que es necesario modificar el sistema para garantizar su sustentabilidad. Sin embargo, uno de los principales defensores de esa reforma elige acceder al régimen vigente antes de quedar alcanzado por las reglas que considera necesarias para los demás», expresó.

Para el edil, la situación plantea un problema de coherencia política. «Quien está convencido de que un nuevo sistema es más justo, más sostenible y más conveniente para la provincia debería ser el primero en asumirlo. No el primero en evitarlo», afirmó.

Garay también sostuvo que quienes ocupan cargos públicos tienen responsabilidades que exceden el estricto cumplimiento de la ley. «La ética pública impone una obligación superior. Quien ocupa una banca legislativa no administra únicamente un voto. Administra confianza», manifestó.

En ese sentido, consideró que «resulta difícil pedir sacrificios cuando uno procura quedar al margen de ellos» y cuestionó que quienes impulsan modificaciones profundas al sistema previsional busquen, al mismo tiempo, conservar para sí los beneficios del régimen actual.

«La sociedad no espera solamente que sus representantes cumplan la ley. Espera que den el ejemplo. Porque las reformas estructurales requieren mucho más que votos. Requieren autoridad moral», concluyó el concejal.