En el comunicado, el peronismo atribuye al oficialismo provincial la responsabilidad por la iniciativa y sostiene que representa un retroceso en materia previsional. Además, cuestiona la postura del Gobierno al considerar que busca «agitar una falsa e inexistente guerra entre trabajadores del sector público y privado» como una forma de «nivelar los derechos hacia abajo».
Vinculación con el ajuste nacional
El documento relaciona la reforma con la política económica del gobierno nacional de Javier Milei. «Las políticas de ajuste nacional, la parálisis económica y el desplome de la recaudación por la recesión son los factores que impulsan esta reforma bajo la premisa del ‘déficit cero'», sostiene el comunicado.
En ese marco, el PJ también cuestiona al gobernador Frigerio por no reclamar con mayor firmeza los recursos previsionales que, según afirma, la Nación adeuda a Entre Ríos.
«Lejos de defender la autonomía, el Ejecutivo entrerriano ha decidido no reclamar firmemente ante la Nación los recursos previsionales que por ley le corresponden a Entre Ríos, convalidando acuerdos centralistas que implican una renuncia fáctica a los fondos históricos de la Caja de Jubilaciones y claudicando el justo reclamo federal», expresa el documento.
Los principales cuestionamientos
El peronismo sostiene que el proyecto presenta «vicios insalvables de inconstitucionalidad» y enumera los principales puntos cuestionados.
Respecto del artículo 34, afirma que la reforma elimina la movilidad histórica al desvincular la actualización de los haberes del escalafón de origen y reemplazarla por un índice cuya definición quedaría en manos del Poder Ejecutivo.
Sobre los artículos 31 y 63, sostiene que el mantenimiento del 82% móvil constituye «una maniobra publicitaria vacía», ya que la modificación de la base de cálculo —que pasa de las últimas 120 a las últimas 180 remuneraciones— produciría, según el PJ, «una drástica licuación del haber inicial».
En cuanto al artículo 6, rechaza la declaración de emergencia previsional al considerar que funcionaría como «un cheque en blanco» para que el gobernador pueda modificar aportes y alícuotas mediante decretos.
También cuestiona el artículo 15, que habilita a la Contaduría General de la Provincia a retener automáticamente fondos de coparticipación a los municipios para cobrar deudas previsionales, por entender que afecta la autonomía municipal.
El documento además objeta el aporte solidario previsto para algunos regímenes especiales, al que califica como un «absurdo jurídico», y advierte sobre cambios en materia de jubilaciones, pensiones e invalidez que, según sostiene, perjudican a trabajadores de sectores como salud, educación y servicio penitenciario.
En relación con las mujeres, el PJ afirma que existe un «profundo sesgo discriminatorio», al considerar que el aporte solidario recae sobre sectores altamente feminizados, que se eleva la edad jubilatoria y que se limitan las pensiones por viudez.
Advertencia a legisladores del PJ
El documento también fija una posición interna respecto del tratamiento legislativo del proyecto. En ese sentido, el Partido Justicialista advirtió que «cualquier postura de legisladores provinciales peronistas que no se encuadre con el rechazo absoluto a este proyecto constituirá una posición estrictamente personal y en abierta desobediencia al mandato partidario».
Asimismo, remarca que «no existe espacio para el acompañamiento individual» y sostiene que las modificaciones incorporadas durante el debate legislativo son «meramente cosméticas e insuficientes».
«Había otro camino»
En el tramo final del comunicado, el PJ sostiene que la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones podía discutirse a partir de una propuesta que contemplara, entre otros aspectos, la recuperación de los fondos que —afirma— la Nación adeuda a Entre Ríos.
Sin embargo, señala que el oficialismo «prefirió imponer una reforma sin consensos y legislar a ciegas».
Además, advierte: «Esta reforma nace con un altísimo nivel de conflictividad jurídica y abrirá un escenario de judicialización masiva que terminará generando nuevos y millonarios costos para la provincia. Lo que hoy el Gobierno presenta falsamente como un ahorro, se convertirá mañana en un pasivo económico mucho mayor».
El documento concluye con una definición política sobre el alcance de la iniciativa: «Esta es la reforma del conflicto permanente. Detrás de cada voto favorable hay miles de docentes, policías, enfermeros y empleados públicos cuyo futuro se verá afectado. El peronismo seguirá defendiendo un sistema previsional solidario, bajo la convicción de que fortalecer la Caja nunca debió significar debilitar los derechos de quienes la sostuvieron durante toda una vida de trabajo».