Paro docente: ¿Qué porcentaje del sueldo se destina al alquiler?

El lunes 20 se llevará a cabo el octavo paro docente en lo que va del año, tras el rechazo de la última oferta del Gobierno, consistente en un 3 % de incremento para julio, a pagar en agosto, y otro 4 % para septiembre, a pagar en octubre. A su vez, en lo que va del año solo se otorgó una mejora de un 3,5 % para recuperar la inflación de marzo.

Lía Fimpel, secretaria adjunta de AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos), sostuvo que es lamentable que deban recurrir a una medida de fuerza. “Uno no quiere llegar a esta situación. Es consecuencia de lo que viene sucediendo con el Gobierno”, enfatizó. Fimpel recordó que la pugna es por el salario con el que el maestro debe comer, vestirse, pagar el alquiler, enviar a sus hijos a la escuela, etc.

En ese sentido, la secretaria general de AGMER Concordia, María José Chapitel, remarcó que el Gobierno “se olvidó” de la variación del IPC (Índice General de Precios) de diciembre, enero, febrero, abril, mayo y junio. “Están ignorando completamente los números que arroja la inflación”, mencionó. Y añadió que esas cifras ponen “cada vez más lejos” la efectivización de un aumento real.

“Lo que estamos planteando es sentarnos en paritarias a discutir de manera seria porque el costo de vida no se condice con el salario docente ni con los aumentos que están planteando”, remarcó la gremialista concordiense. Chapitel mencionó que la herramienta de paritaria termina desvirtuada, ya que no hay acuerdo y el Gobierno termina imponiendo por decreto, calificándola como una «práctica desleal» de la patronal.

Alquileres por el cielo

Chapitel indicó que con un sueldo docente es prácticamente imposible sostener un alquiler. “Una casa con dos habitaciones está en $ 700.000”, explicó. Un docente que recién se inicia percibía $ 750.000 hasta el mes pasado. Imposible destinar el 100 % del sueldo a una casa; debería apuntar a un departamento de una habitación o un monoambiente, valuados entre $ 400.000 y $ 500.000, ya que los de dos o más habitaciones cuestan lo mismo que una vivienda.

En tanto, Fimpel dijo que un alquiler “razonable” es la mitad de un salario o más. Se trata del alquiler de un departamento de un monoambiente o de un solo dormitorio. “Un departamento de dos dormitorios está arriba de los $ 700.000”, mencionó en referencia a Paraná.

En la seccional Concordia reciben noticias a diario de afiliados que alquilaban y debieron resignarse a volver a vivir con familiares ante la imposibilidad de poder solventar ese gasto. A  su vez, quienes piensan en salir y volver a alquilar, o quieren rescindir para mudarse porque la actualización por IPC se les hace difícil poder sobrellevarla, tienen que realizar un esfuerzo extra para solventar los gastos del 5 % del valor del contrato que exigen las inmobiliarias. En números concretos, es casi como pagar dos alquileres juntos el primer mes, aunque muchas ofrecen la posibilidad de abonar en dos veces.

Fimpel mencionó que todo el tiempo en las seccionales reciben noticias acerca de docentes que deben volver con sus familias, con sus padres o con algún familiar con vivienda propia, ya que es “insostenible” ese gasto.

¿Qué queda para otros gastos?

“Hay muchos docentes que alquilamos y que casi todo el sueldo se nos va en eso”, admitió. Paralelamente, muchos maestros recurren a la tarjeta de crédito o a las financieras, pero no para adquirir un vehículo, un electrodoméstico o irse de viaje. Chapitel sostuvo que esa es la manera de poder sostener los gastos mensuales cotidianos como los alimentos.

En tanto, la secretaria adjunta sostuvo que los docentes están endeudados para afrontar un gasto elemental como adquirir alimentos. “La tarjeta de crédito ha pasado a ser de uso para comprar comida”, subrayó. De hecho, Fimpel mencionó que en el acampe que realizaron en Plaza Mansilla en contra del proyecto de reforma previsional observaban a los afiliados que venían de los bancos intentando formas de financiar la tarjeta de crédito que destinan, en muchos casos, a los supermercados y almacenes.

Fimpel dijo que esa manera de financiarse deja a los docentes en una situación económica vulnerable debido a que llega un momento en que ese proceso “se corta”. Aunque muchos acuden al pluriempleo, a veces no alcanza. Cuando eso sucede y ya no pueden afrontar sus gastos, el asalariado acude a la Justicia para declararse en quiebra. La intención es proteger una parte del ingreso laboral para no perder el 100 % del salario.

“Lamentablemente muchos compañeros están recurriendo a eso, pero eso no es una solución. El compañero sigue sin tener los recursos para poder comer o pagar el alquiler”, sostuvo la gremialista de Concepción del Uruguay.

Última paritaria de viviendas

Chapitel recordó que desde hace varios años no se ejecutan planes de viviendas para los docentes de la provincia. En la seccional Concordia, sostuvo, reclaman permanentemente que retornen las paritarias de viviendas para los afiliados. La última se llevó a cabo en 2012. “Eso ya quedó totalmente alejado en el tiempo”, remarcó Chapitel. El número quedó desactualizado teniendo en cuenta la cantidad de nuevos docentes que se fueron incorporando para ejercer desde hace más de una década.

En 2012, los gremios docentes acordaron la construcción de 1000 viviendas en 30 localidades de toda la provincia. Los sindicatos debían aportar la tierra, ya sea por compra o donaciones, mientras que la provincia aportaría el financiamiento para el desarrollo de los barrios. Se planificó construir 1007 viviendas.

El exviceintendente Alfredo Francolini, actualmente funcionario del Gobierno provincial, era el titular del IAPV en aquel momento. En ese entonces, remarcaba que los planes de viviendas para docentes se sumaban a las que desarrollaban también para el sector docente dentro del cupo que tienen en la modalidad de demanda libre, que es el 10 % de todas las viviendas que se construyen en esa modalidad. “Si sumamos las que ya se entregaron y las que están en ejecución, tanto a través de demanda libre como en el marco del acuerdo paritario, el Gobierno de Entre Ríos viene llevando adelante 2477 viviendas para el sector docente desde el 2008”, detallaba Francolini.

El derecho a la vivienda es un reclamo que queda oculto detrás de la urgencia por recomponer los haberes. A más de una década del último acuerdo específico de viviendas, los docentes no solo encuentran cada vez más lejos la posibilidad de tener un hogar propio, sino que también enfrentan mayores dificultades para sostener un alquiler.

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