Mi tierra, Argentina
Sepamos todos guardarla
Del mundo que nos agobia,
Quererla como una madre,
Cuidarla como una novia.
Patria de los argentinos,
No te detengas jamás,
Bandera celeste y blanca
Que por siempre ha de ondular.
Argentina, tierra mía,
Cada vez te quiero más…
Milonga – Los de Alberdi
El debate por la propiedad de la tierra, poco a poco, parece instalarse en la sociedad argentina. Después de tres intentos de cambiar la Ley Nacional N.º 26.737, el Gobierno insistirá nuevamente el 6 de agosto. Finalmente, parece que la ciudadanía empieza a interesarse por conocer de qué se trata el proyecto, eufemísticamente denominado «Inviolabilidad de la propiedad privada», pero que esconde un cambio radical y peligroso para el futuro del país que conocemos.
Actualmente está vigente la Ley Nacional N.º 26.737, que se asienta en tres ejes centrales: 1) (art. 8.º) los ciudadanos extranjeros no pueden poseer más del 15 % de las tierras rurales, tanto nacionales como provinciales o municipales; 2) (art. 9.º) de ese 15 %, los ciudadanos de una misma nacionalidad extranjera solo pueden poseer hasta un máximo del 30 %; 3) (art. 10.º) un mismo titular extranjero no podrá superar la posesión de mil hectáreas (1.000 ha). Para evaluar cuál es ese 15 % de tierras consideradas rurales nacionales, provinciales y municipales, la ley creó el Consejo Interministerial de Tierras Rurales (art. 16.º).
Esta ley, sancionada el 22 de diciembre de 2011, pone a resguardo la propiedad soberana de las tierras rurales y dispone que el derecho a la posesión de las tierras es para los y las argentinos. Se visualizaba, en esos años, el interés por la riqueza de nuestras tierras rurales, tanto de los humedales como en relación con la minería.
La propiedad de las tierras rurales, a lo largo de la historia nacional, tuvo diversos períodos. En todos ellos se fue configurando lo que se conocerá como la oligarquía o burguesía terrateniente: pocos propietarios concentrando grandes extensiones de tierra.
Posterior al período independentista, esta oligarquía comenzó a crecer en la región pampeana, donde abundaban tierras y escaseaba mano de obra, fundamentalmente con la expansión de la estancia ganadera. Esta expansión pudo sostenerse por décadas debido a que no hubo resistencia del campesinado, que encontró la forma de adaptarse a la vecindad de ganaderos poderosos y que, además, lo aprovechó como fuente laboral. Al ser conocedor del territorio y del trabajo, le permitía negociar mejores precios por sus servicios.
El primer proceso de crecimiento terrateniente puede registrarse de la mano de la Ley de Enfiteusis, sancionada el 18 de mayo de 1826. Esta ley tiene una raíz y un tronco que dieron origen a un árbol con pocas ramas y muy frondoso, que abarcó gran parte del territorio pampeano. La raíz germinó en el marco del primer préstamo internacional que tomó nuestro país: el empréstito Baring Brothers, la banca inglesa, para el cual se pusieron en garantía las tierras públicas y, por lo tanto, no podían ser vendidas.
Después de solicitar este préstamo —que se depositó en Londres y nunca llegó a Buenos Aires—, con las tierras inhibidas de ser vendidas, crece el tronco. Rivadavia encuentra un atajo para sacar beneficio de las tierras públicas y da origen a la Ley de Enfiteusis, que implicaba entregar en alquiler, por veinte años, tierras cuyo canon era irrisorio: 8 % de pago anual para campos de pastoreo de animales y 4 % para campos sembrados.
Otra característica de la ley era que no ponía límite de hectáreas ni de cantidad de campos por persona. La inestabilidad política de la época facilitó que el canon no se pagara nunca o casi nunca y que, después, no se supiera si las tierras eran propiedad o alquiler.
El resultado fue que pocas familias se hicieron de millones de hectáreas: Anchorena, Alvear, Díaz Vélez, Álzaga, Unzué, Azcuénaga, Pacheco, Pereyra, Santamarina, entre otras; nunca devolvieron esas tierras «alquiladas» al Estado de Buenos Aires.
Así crece el frondoso árbol pampeano de la oligarquía terrateniente, que va a tener —hasta el día de hoy— injerencia en la política económica de todos los gobiernos, desde entonces, a veces por oposición férrea y otras por ejercicio pleno del poder. Este proceso inicial ayudó a consolidar la expansión ganadera y territorial como característica del paisaje pampeano. Hacia fines del siglo XIX ya era parte del vocabulario popular decir «más rico que Anchorena» o «más poderoso que Leonardo Pereyra».
El segundo período de afianzamiento de esta burguesía terrateniente fue con las políticas poblacionales posteriores a Caseros, especialmente durante los gobiernos denominados de la Generación del ’80 y hasta el Centenario. El dinamismo económico era impulsado casi exclusivamente por el sector agrario; los grandes propietarios ganaderos introdujeron la modernización tecnológica y cambiaron sustancialmente la relación con el mundo rural.
En 1866 se funda la Sociedad Rural Argentina y se identifican con la autoconciencia de élite rural. El crecimiento económico era superior incluso al de las principales capitales europeas; este grupo exhibía sus grandes mansiones en Barrio Norte de Buenos Aires y viajaba con opulencia, a tal punto que se llegó a acuñar, en París, la expresión «rico como argentino».
El pequeño campesinado rural veía esta demostración de riqueza como aspiracional y acompañaba el sentimiento de «todos somos ellos», subjetividad alentada por la élite —a esa altura muy relacionada con el diseño de las políticas públicas—, donde en la escuela eran obligatorias composiciones como La vaca o El campo, en las que se describía y dibujaba una realidad que graficaba la ilusión del pequeño campesino (y de la mayor parte de niños y niñas urbanos, hijos de obreros, explotados mayoritariamente), asociada a la vida del empresario agrario.
Por otra parte, en las primeras décadas del siglo XX, la inmigración trae consigo un nuevo ideario: el anarquismo y el socialismo. Las principales ciudades crecen en barrios populares, con formas de vida hacinadas en conventillos, y comienza a ser dificultoso acceder a la tierra propia. En este contexto aumenta el juicio popular sobre este pequeño grupo terrateniente, que empieza a ser observado como parásito y egoísta.
Paralelamente, avanza el proceso de industrialización y nace una burguesía citadina, asociada a la pequeña empresa y al comercio, cuyos integrantes también demandan introducirse en el espacio rural como propietarios. El contexto internacional colabora para que se sienta como necesaria una reforma agraria que incluya la propiedad de la tierra, limitaciones a su concentración y mayor productividad.
La conflictividad aumenta. La élite terrateniente se encierra en sus clubes exclusivos, como el Hípico, el Progreso, el Jockey Club y el Círculo de Armas, mientras crecía la imagen de ser un grupo reaccionario incapaz de integrarse a un proyecto de nación.
Estas fueron las bases sociológicas que llevaron al peronismo al poder, que instituye políticas de integración para el crecimiento equitativo e igualitario. Si bien la realidad histórica muestra que las políticas siempre favorecieron el negocio y el crecimiento económico de la élite terrateniente, la oposición ideológica y reaccionaria fue tan virulenta que fragmentó sustancialmente la percepción social. A partir de allí, todo aquel que estuviera asociado al trabajo rural, la propiedad agraria o la explotación agrícola se consustanció con los intereses de la oligarquía terrateniente, sin importar la diferencia abismal en la cantidad de hectáreas que los distanciaba, incluso siendo arrendatarios.
Dado que es tal la cantidad de tierras ociosas, para los terratenientes empieza a ser un buen negocio arrendarlas antes que trabajarlas, transformándose aún más en una élite parasitaria. Aun así, este campesinado siente que el obrero fabril, el pequeño empresario de la ciudad o el comerciante no son sus iguales. La élite terrateniente alimenta la conciencia colectiva de la ruralidad, de forma tal que construye el ideario absolutista de que el campo sostiene la economía total y que, sin él, el país no es viable.
Hacia la segunda mitad del siglo XX van a ser activos protagonistas de los golpes de Estado que obstaculizaron todos los intentos de crecimiento industrial y sustitución de importaciones. Y hacia fines del siglo serán fundamentales en la construcción del imaginario social según el cual el único precio que debe pagar la sociedad para alcanzar el crecimiento nacional es una profunda desigualdad, y que no queda otra que aceptar el destino sudamericano, descripto en el siglo XIX como «granero del mundo».
Luego de dos siglos de destrucción sistemática de los bienes naturales, ser «granero del mundo» cobra otro significado. Hoy el granero no solo produce trigo y carne, sino que también posee enormes reservas de agua dulce, ubicación estratégica, clima estacional óptimo y una riqueza, hasta ahora desconocida, en minerales tradicionales y también en los llamados minerales raros.
En esta realidad, la oligarquía terrateniente nuevamente actúa de forma reaccionaria y parasitaria, considerando que, ante la demanda internacional, sus tierras multiplicarán su valor, dejando de lado la soberanía geopolítica, económica y hasta alimentaria.
La oligarquía terrateniente constituye entre el 6 y el 10 % de la población argentina. El resto —campesinado, pueblos originarios, arrendatarios, obreros, empleados públicos y privados, comerciantes y empresarios industriales— necesita, todo él, de la propiedad de la tierra para desarrollar su vida, su trabajo y adquirir bienestar.
¿Estamos dispuestos a que ellos decidan sobre eso?
El 6 de agosto se juega mucho más que la propiedad de la tierra: se juega el bienestar de toda la población, tal como la conocemos, la deseamos y la imaginamos.
Verónica López
Licenciada en Ciencias de la Educación.