La investigación penal por las presuntas irregularidades en la administración del Aero Club Chajarí sumó un nuevo capítulo. Mediante una resolución dictada el 18 de mayo de 2026, la Unidad Fiscal de Chajarí dispuso ampliar significativamente la pericia contable ordenada en el marco del legajo de investigación N.º 29.646, iniciado a partir de la denuncia presentada por el ex tesorero de la institución, Luis Alberto Tavella.
La resolución ordena la realización de una pericia contable integral y amplia, que abarcará el período comprendido entre 2010 y 2024, con el objetivo de analizar en profundidad la documentación económica, financiera y administrativa del Aero Club.
El perito deberá determinar, entre otras cuestiones, si la entidad llevó correctamente los libros contables obligatorios, si éstos fueron rubricados por la autoridad competente y si presentan irregularidades o períodos sin registración. También deberá verificar la confección y aprobación de los estados contables, la correspondencia entre los libros, los movimientos bancarios y la evolución patrimonial de la institución.
La medida ordena además revisar el origen de los ingresos, el registro de las cuotas sociales, la documentación respaldatoria de los gastos y la existencia de cuentas bancarias, identificando incluso quiénes estuvieron autorizados para operarlas durante esos años.
Uno de los aspectos centrales de la pericia estará vinculado con el patrimonio del Aero Club. El informe deberá establecer cuál era el patrimonio de la institución en 2010 y cuál al momento de la denuncia, presentada el 4 de octubre de 2024, verificando si existieron diferencias patrimoniales injustificadas, ventas o transferencias de bienes, quiénes fueron sus adquirentes, si esas operaciones fueron autorizadas por las asambleas y si los valores de venta se correspondían con los precios de mercado.
En caso de detectar inconsistencias, el perito deberá pronunciarse sobre la eventual existencia de un perjuicio económico para la institución y, de ser posible, cuantificarlo.
La resolución también incorpora un análisis de la vida institucional del Aero Club. En ese sentido, el profesional deberá identificar quiénes integraron la comisión directiva entre 2010 y 2024, verificar si las designaciones respetaron el estatuto social, si las asambleas fueron convocadas conforme a las normas internas y señalar aquellas decisiones que considere relevantes para la investigación penal.
Finalmente, el dictamen deberá expedirse sobre la existencia o no de irregularidades contables y administrativas que pudieran constituir un ilícito penal.
Intimación para entregar la documentación
Junto con la ampliación de la pericia, la Fiscalía intimó al Aero Club Chajarí para que, en el plazo de 48 horas desde su notificación, entregue el Libro Diario, el Libro de Inventario y Balance, los libros de Caja y auxiliares, además de toda la documentación y registraciones contables —tanto en soporte físico como electrónico— correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2024.
La documentación será incorporada al trabajo pericial dispuesto por el Ministerio Público Fiscal.
Una causa que avanza lentamente
La investigación tiene su origen en la denuncia presentada por Luis Alberto Tavella, ex tesorero del Aero Club, quien atribuye a integrantes de la conducción de la entidad presuntas maniobras de administración fraudulenta, irregularidades societarias y operaciones vinculadas a la venta de terrenos pertenecientes al patrimonio institucional. La causa fue inicialmente archivada por la Fiscalía de Chajarí, pero posteriormente reabierta por decisión del fiscal coordinador de Concordia, José Daniel Costa, al considerar que existían elementos suficientes para impulsar la investigación penal.
Según señaló Tavella a DIARIOJUNIO, la ampliación de la pericia llega varios meses después de la designación del perito contable.
«El año pasado, por octubre de 2025, la Fiscalía había nombrado al perito contable y recién ahora, en mayo de 2026, ordenan ampliar la pericia. Parece una broma de mal gusto», expresó.
El denunciante también cuestionó la actuación de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos, al sostener que el organismo aún no avanzó sobre las presuntas irregularidades administrativas denunciadas.
«Personería Jurídica no investiga la parte administrativa, que justamente es la que le corresponde controlar. El director Rodrigo Lutti Guerrero le pidió a la Fiscalía el estado de la causa penal. Pareciera que se pasan la pelota y nadie quiere hacerse cargo de nada», afirmó.