Opinión: Carola Laner, diputada provincial, Juntos por Entre Ríos
El debate no puede construirse sobre la idea errónea de que el sistema anterior garantizaba desayunos saludables, de calidad y en igualdad de condiciones para todos los estudiantes. Esa afirmación no refleja la realidad que esta gestión encontró al asumir y realizar los controles pertinentes.
La realidad es muy distinta. Existen diferencias significativas entre establecimientos educativos en la calidad, composición y modalidad de provisión de los desayunos escolares.
La discusión no debería centrarse en el sistema, en si se cambia o no un mecanismo de provisión. La verdadera discusión es otra: si es justo que dos chicos de la misma provincia, con las mismas necesidades, reciban desayunos distintos simplemente por la escuela a la que asisten.
No puede haber estudiantes de primera y de segunda según el establecimiento educativo que les toque. La igualdad de oportunidades no puede depender de la escuela a la que asista un chico ni el lugar donde viva
El objetivo de esta política no es cambiar por cambiar. Es corregir desigualdades que durante años se naturalizaron y asegurar que el lugar donde un niño estudia no determine la calidad de la alimentación que recibe.
Las políticas públicas deben evaluarse por los resultados que producen y por los derechos que garantizan, no por los intereses que puedan verse afectados con los cambios. Cuando está en juego la igualdad de oportunidades para nuestros niños, la responsabilidad del Estado es priorizar el interés superior de los estudiantes por encima de cualquier otra consideración. Y en todo caso si luego de implementar este nuevo sistema, hay cosas para seguir mejorando, se evaluará y sin dudas se seguirá en el camino de perfeccionar con cada acción por el bien de nuestros niños.
Durante muchos años, el sistema asignó a los equipos directivos responsabilidades que exceden su función pedagógica. Administrar tarjetas para la compra de alimentos, realizar compras, comparar precios, contratar proveedores y rendir cuentas son tareas de naturaleza administrativa que desvían tiempo y recursos de la misión principal de una escuela: enseñar y conducir el proyecto educativo.
No se trata de poner en duda el compromiso ni la honestidad de los directivos. Por el contrario, se trata de reconocer que no corresponde que sobre ellos recaiga la responsabilidad de gestionar recursos destinados a la alimentación escolar.
La discusión no es quién administra una tarjeta. La discusión es cómo garantizamos que todos los estudiantes de nuestra provincia reciban alimentos con los mismos estándares de calidad, nutrición y transparencia, sin que ello dependa de la capacidad de gestión de cada establecimiento.
Liberar a los directivos de estas tareas significa permitirles concentrarse en aquello para lo que fueron formados: conducir las instituciones educativas y acompañar las trayectorias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, profesionalizar y centralizar la provisión de alimentos contribuye a fortalecer los controles, optimizar los recursos públicos y asegurar mayor equidad en todo el sistema.
Nadie puede desconocer que el sistema de administración de las tarjetas para comedores escolares ha mostrado, con el paso del tiempo, falencias e inconsistencias que evidencian la necesidad de revisar y mejorar su funcionamiento. No se trata de cuestionar el compromiso de quienes lo llevaron adelante, sino de reconocer que el propio esquema de gestión presenta limitaciones que dificultan garantizar los mismos estándares de eficiencia, transparencia y equidad en todas las escuelas de la provincia.
Cuando una política pública muestra debilidades, la responsabilidad del Estado no es sostenerlas por inercia, sino corregirlas, y eso es lo que se está haciendo.
Sistema de compra centralizada
El modelo de provisión centralizada no es una novedad. En nuestro país, no existe un único modelo de gestión de los comedores escolares. En diferentes provincias utilizan el esquema donde la compra o la provisión de alimentos está centralizada, en algunos casos total y en otros casos parcial.
Se pretende instalar que la centralización de la provisión de alimentos es una idea inédita, extravagante e insólita.
Es un modelo de gestión que distintas provincias utilizan para fortalecer los controles, establecer estándares comunes y mejorar la administración del sistema
Presentar esta modalidad como si fuera una medida inédita o excepcional es desconocer experiencias que llevan años de implementación y que buscan mejorar la administración de los recursos públicos
Lo que debe discutirse no es si el sistema es centralizado o descentralizado, sino si garantiza trasparencia, controles, calidad y que los alimentos lleguen en tiempo y forma a cada escuela. Esos son los verdaderos paramentos sobre los que debe evaluarse una política publica, no en base a prejuicios
Sobre TEKNOFOOD S.A
La contratación se llevó a cabo mediante Licitación Pública, que se desarrollan conforme a la normativa vigente y bajo la intervención de los órganos de control competentes, que velan por la legalidad, la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos. Siendo un proceso de Licitación Pública como mencionaba, el mismo es abierto a que cualquier empresa o persona se pueda presentar y ofertar, como cualquier persona que tenga interés podrán ver o analizar, ya que el mismo como se ha informado esta a disposición para que lo pueda ver.
Sobre la medida cautelar
En lo personal soy profundamente respetuosa del derecho de cualquier ciudadano o institución a recurrir a la Justicia y promover las acciones de amparo que considere necesarias para la defensa de sus derechos. Ese es un instrumento legítimo. Pero en este caso creo que con el amparo pretenden adelantarse a un sistema que ni siquiera ha sido implementado. Buscan que la Justicia se pronuncie sobre supuestos perjuicios futuros, cuando todavía no existe un acto concreto que los haya generado. Es una impugnación preventiva basada en especulaciones, no en hechos.
Se pretende judicializar una herramienta antes de conocer siquiera cómo operará en la práctica. No están cuestionando hechos; sino presunciones.
Sin perjuicio de señalar el debido respeto que me merecen las decisiones jurisdiccionales y la función institucional del Poder Judicial, me veo en la obligación de manifestar que las medidas cautelares resultan de aplicación excepcional y restrictiva. En tal sentido, su dictado exige inexcusablemente la acreditación de un peligro de daño grave, concreto y actual, fundado en un riesgo real e inminente, desestimando meras conjeturas o dogmatismos que no configuran el “peligro en la demora” exigido por el ordenamiento jurídico.
Cuando una cautelar suspende una política pública antes de que esta pueda implementarse plenamente y sin que se hayan verificado en los hechos los posibles perjuicios alegados, es razonable plantear el debate acerca de si se está anticipando un juicio sobre consecuencias meramente hipotéticas.
Las reformas impulsadas por el Estado que han transitado los canales administrativos estipulados deben poder ser evaluadas a partir de sus resultados efectivos y no exclusivamente sobre la base de presunciones.
Gobernar es tomar decisiones
La realidad es que gobernar implica tomar decisiones, especialmente cuando se trata de mejorar políticas públicas y garantizar mejores resultados. Toda gestión tiene la responsabilidad de revisar aquellos sistemas que durante años dejaron de ser cuestionados y corregir lo que puede hacerse mejor
Nuestro compromiso no es con un modelo de gestión determinado; nuestro compromiso es con los niños y niñas de nuestra provincia. Si existe una forma de garantizar una alimentación más equitativa, con mejores controles, mayor transparencia y los mismos estándares de calidad para todos los estudiantes, entonces tenemos la obligación de avanzar en esa dirección.
Hay decisiones que generan debate, pero también son las que permiten corregir desigualdades que durante demasiado tiempo se naturalizaron. Ese es el compromiso que asumimos y el que vamos a sostener.