El proyecto para instalar una planta de hidrógeno verde de HIF Global en Paysandú volvió a generar repercusiones entre Uruguay y Argentina luego de que el presidente Yamandú Orsi, durante una actividad oficial, asegurara que “se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho” y calificara la situación como una “buena noticia a nivel diplomático”.
Sus declaraciones generaron reacciones en Argentina entre quienes participan de distintas acciones contra el proyecto. Tal es el caso de la fiscal federal Josefina Minatta, quien negó haber retirado la denuncia que impulsó. En tanto, el diputado nacional Guillermo Michel también afirmó que continúa en curso una “acción preventiva judicial de daño civil” vinculada al proyecto.
La aclaración del gobierno uruguayo
Ante esa situación, el secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, reconoció que la situación generada por las declaraciones de Orsi fue una “confusión” y explicó que existían distintas actuaciones y reclamos relacionados con la instalación de la planta, algunos de ellos vinculados a la ubicación que originalmente tenía prevista el proyecto, cerca del río Uruguay.
Según señaló, HIF Global realizó cambios tanto en la ingeniería como en la localización de la planta. La iniciativa ya no estaría ubicada sobre los márgenes del río, sino que se analiza otra alternativa, entre ellas uno de los predios donde funcionaba la terminal de Ancap.
Desde el gobierno uruguayo consideran que este cambio podría modificar algunos de los cuestionamientos planteados desde Colón, especialmente los vinculados con el impacto visual que tendría la planta desde la costa argentina.
Qué presentación quedó sin efecto
En ese marco, publicó el diario ElPais, desde el entorno del presidente explicaron que la “noticia” a la que quiso referirse Orsi era una acción promovida por la viceintendenta de Colón, María de los Ángeles Dalleves, ante el Comité de Apoyo al Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, en el marco de la Cepal.
La presentación había sido realizada el 11 de febrero. Dalleves solicitó entonces una intervención preventiva ante lo que consideraba una creciente tensión social en la zona fronteriza de Colón y Paysandú.
En el planteo se reclamaba una instancia de mediación entre el Estado uruguayo, la empresa y la ciudadanía argentina, además de garantizar la participación pública transfronteriza y una mayor transparencia de los estudios de impacto ambiental.
La presentación advertía además sobre el riesgo de una escalada del conflicto social y sobre la necesidad de preservar la convivencia binacional.
Esa acción, que no era una denuncia penal, quedó sin efecto el 25 de agosto, a pedido de la propia reclamante.
Por eso, desde Uruguay entienden que esa era la actuación a la que hizo referencia Orsi cuando habló del retiro de una denuncia. Esto no implica, sin embargo, que todas las acciones iniciadas en Argentina hayan quedado sin efecto.
Uruguay desconoce cuántas acciones continúan
Desde del Poder Ejecutivo uruguayo reconocieron que desconocen cuántas otras acciones, judiciales o de otro tipo, continúan actualmente en Argentina con el objetivo de cuestionar o frenar la instalación de la planta por motivos ambientales o ecológicos.
La Cancillería uruguaya considera, de todos modos, que la denuncia penal mencionada por la fiscal Minatta podría quedar sin objeto una vez que se formalice institucionalmente la relocalización del proyecto, debido a que perdería fuerza el argumento relacionado con la afectación visual que podrían sufrir los vecinos de Colón.
La situación fue analizada en reuniones mantenidas entre autoridades de ambos países, en noviembre del año pasado y abril de 2026, en las que participaron los cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno, además de autoridades nacionales y locales de Uruguay y Argentina.
Desde el gobierno de Orsi destacan actualmente la “mucha sintonía” con la administración de Javier Milei y buscan evitar que el proyecto derive en un nuevo conflicto bilateral.
En particular, ambas administraciones pretenden no repetir un escenario como el que se produjo durante el conflicto por las pasteras, que hace dos décadas afectó fuertemente la relación entre ambos países.
La negociación con HIF todavía no está cerrada
Mientras se intenta bajar la tensión diplomática, el acuerdo entre el gobierno uruguayo y HIF Global todavía no está cerrado.
Entre los principales puntos que permanecen en discusión aparecen quién será propietario de la infraestructura, quién realizará las inversiones y cuál será el costo de la energía.
La primera etapa del proyecto contempla una inversión estimada en unos US$ 1.000 millones.
Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, uno de los principales impulsores de la llegada de HIF a ese departamento, cuestionó la confusión generada por las declaraciones de Orsi.
“Lamentablemente no suma”, sostuvo, al tiempo que consideró que el proyecto ya fue suficientemente debatido y reclamó avanzar hacia el cierre de la negociación. “Antes de seguir hablando tenemos que darle un cierre», concluyó Olivera.