La situación es crítica: en Entre Ríos, cerca de 950 trabajadores ya han sido despedidos y tienen salarios adeudados desde mayo, afectando directamente a las familias, junto a un fuerte impacto sobre toda la comunidad de Concepción del Uruguay.
Esta crisis no puede analizarse de manera aislada: tiene responsables. El dueño de la empresa, Joaquín De Grazia, el gobierno de Milei y su modelo económico, que destruye la industria nacional y el consumo interno, tienen una responsabilidad directa. A esto se suma la complicidad de Frigerio, que también contribuyó a profundizar las dificultades que atraviesa el sector.
El Gobierno de Entre Ríos no puede hacerse el distraído, debe ejercer los controles y exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y de los aportes correspondientes a las obras sociales sindicales.
La flexibilización laboral impulsada por el Gobierno nacional y la falta de respuestas frente a la situación de los trabajadores confluyen en este escenario crítico.
Entre Ríos tiene un papel central en la producción nacional de carne aviar, por eso nada justifica esta crisis, cuyo costo principal y más doloroso lo pagan los trabajadores.
A partir de la reunión mantenida con representantes del sector laboral, en la que estuvieron presentes Rubén Lafuente y Rubén Francisco Delsart, por Molineros; Eduardo Sebastián Cañete y Abenamar Fabián Fernández, por UATRE; Daniel Leo y Héctor Morcillo, por la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA); Carlos Molinares, Daniel Claudio Moreno y Sergio Vereda, por el Sindicato de la Carne; y Julio César Chamorro y Pío Albano Gómez, del Sindicato de la Industria de la Alimentación, ambos trabajadores de la planta La China, de Concepción del Uruguay, y luego de escuchar sus planteos, presentamos junto a los diputados Palazzo, Strada, Olmos y otros legisladores un proyecto de ley para declarar la emergencia ocupacional del sector agroindustrial avícola, con particular referencia a la empresa Granja Tres Arroyos, ante la crisis productiva, financiera y laboral que atraviesa.
En ese marco, también presentamos un proyecto de resolución para instar a la Cancillería y al Ministerio de Economía a brindar una respuesta urgente que permita atender esta situación crítica y preservar los puestos de trabajo y los bienes de Granja Tres Arroyos.
Además, presentamos una nota dirigida al embajador de China, solicitando que se nos informe qué medidas deberían implementarse para reactivar el intercambio comercial y las exportaciones.
También exigimos al Gobierno provincial que atienda esta situación y dé respuestas concretas a los trabajadores y sus familias. El Estado no puede permanecer al margen cuando está en juego la continuidad laboral y el sustento de cientos de hogares.
No hay margen para maniobras dilatorias. Las necesidades básicas de las personas afectadas deben ser atendidas de manera urgente. La protección del trabajo, la producción y las familias requieren respuestas concretas y decisiones ahora.