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Educación

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La UNER pidió a Frigerio que convierta el financiamiento universitario en una cuestión de Estado

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos advirtió que el presupuesto universitario acumulará en 2027 su cuarto año por debajo del nivel real de 2023 y reclamó al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. También pidió a los legisladores entrerrianos que revisen las partidas previstas en el Presupuesto 2027.

7:21 pm h
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El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) difundió una declaración en la que advierte sobre el impacto que tendrá el financiamiento previsto para las universidades nacionales y el sistema científico-tecnológico. El planteo apunta al Gobierno nacional, pero también al gobernador Rogelio Frigerio y a los legisladores entrerrianos que deberán tratar el Presupuesto 2027 en el Congreso.

La declaración fue consensuada durante la reunión del Consejo Superior del 30 de septiembre, con participación de representantes de docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Allí la UNER sostuvo que el Poder Ejecutivo nacional continúa sin aplicar en forma efectiva la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, pese a las decisiones judiciales que, según recordó la propia Universidad, ordenaron su cumplimiento.

Uno de los principales datos señalados por la UNER es que el presupuesto universitario nacional llegará a 2027 con una caída real cercana al 27% respecto de 2023. A esto se suma, según el documento, una reducción superior al 75% en las becas y transferencias destinadas a estudiantes durante el mismo período.

La Universidad también cuestionó las partidas contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027. Citando estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), indicó que serían necesarios cerca de $3,7 billones adicionales —alrededor de un 33% más de lo previsto por el Ejecutivo— para garantizar el funcionamiento del sistema universitario durante el próximo año.

El pedido a Frigerio

En ese contexto, el Consejo Superior pidió expresamente al gobernador Rogelio Frigerio que convierta la situación de las universidades nacionales en una cuestión de “Estado Provincial”.

La UNER fundamentó el pedido en el impacto que tiene la Universidad sobre la provincia, tanto por la formación de profesionales como por las actividades de investigación, extensión y vinculación con municipios, escuelas, cooperativas y sectores productivos.

La Universidad tiene nueve facultades distribuidas en seis ciudades entrerrianas: Concepción del Uruguay, Paraná, Oro Verde, Gualeguaychú, Concordia y Villaguay. Para el Consejo Superior, ese despliegue territorial es uno de los aspectos que podría verse afectado si continúa el deterioro presupuestario.

La declaración también reclama a los legisladores nacionales por Entre Ríos que revisen las partidas destinadas al sistema universitario y científico-tecnológico durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

También cuestionó el financiamiento de la ciencia

El planteo de la UNER no se limita al presupuesto universitario. El Consejo Superior advirtió además sobre la situación del sistema científico-tecnológico y señaló que el presupuesto nacional destinado a Ciencia y Tecnología acumula una caída real cercana al 48% desde 2023.

En el caso del proyecto de Presupuesto 2027, la Universidad indicó que se asignan $2,6 billones a la función Ciencia y Técnica, equivalentes al 0,178% del PBI. Según la declaración, ese porcentaje se encuentra por debajo del 0,59% previsto para ese año por la Ley 27.614.

La UNER sostuvo que el problema alcanza tanto a las áreas experimentales como a las ciencias sociales, educación, salud, ingeniería, informática, ciencias agropecuarias, alimentos, economía, trabajo social, comunicación, ambiente y políticas públicas.

“Sostener el sistema científico-tecnológico en la UNER es, por lo tanto, sostener una capacidad estratégica de la provincia de Entre Ríos”, planteó el Consejo Superior.

Finalmente, la Universidad convocó a la comunidad entrerriana a involucrarse en la discusión sobre el financiamiento de la educación superior pública y reclamó el cumplimiento integral de la Ley 27.795.

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