En septiembre de 2023, cuando Francisco Azcué era candidato a intendente de Concordia, denunciaba públicamente persecución y hostigamiento contra empleados municipales por sus preferencias políticas. Defendía entonces la libertad de pensamiento y reclamaba respeto por los derechos de los trabajadores.
Tres años después, las denuncias parecen repetirse, pero esta vez bajo su propia gestión.
Recientemente, Maximiliano Navarro Jaurena, referente de la Confederación Vecinalista, denunció públicamente que empleados municipales estarían siendo perseguidos por participar en espacios políticos distintos al oficialismo. Según sus manifestaciones, algunos trabajadores deben mantener oculta su militancia por temor a posibles represalias.
Cuarenta empleados se capacitaron por su cuenta, pero el Municipio se quedó con la foto
El pasado 15 de julio, la Municipalidad de Concordia publicó en su página oficial de Facebook fotografías de un encuentro con 40 empleados municipales que finalizaron la Tecnicatura Universitaria en Gestión e Innovación Pública, dictada por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
La publicación llevaba como encabezado: “Proyectos que impulsan una mejor gestión pública”, destacando que los conocimientos adquiridos permitirían mejorar los procesos internos y brindar mejores servicios a los vecinos.
Pero hay un detalle fundamental que el Municipio omitió destacar: según los propios egresados, la decisión de estudiar, el esfuerzo personal, las horas dedicadas y el financiamiento de esa formación corrieron por cuenta de los empleados municipales.
No fue, conforme señalan los trabajadores, una capacitación impulsada o financiada por la gestión de Azcué. Fue una decisión personal de quienes, además de cumplir con sus obligaciones laborales, decidieron continuar estudiando, capacitarse y obtener un título universitario.
Sin embargo, el intendente utilizó la imagen de los trabajadores en la comunicación institucional del Municipio para proyectar ante la sociedad una imagen de gestión comprometida con la formación formación de sus empleados y la modernización del Estado.
Pero, a la fecha, el propio Municipio todavía no resuelve el reconocimiento económico de los títulos obtenidos.
El derecho está reglamentado, pero el expediente sigue sin resolverse
El Decreto Municipal N.º 281/2023 establece expresamente la bonificación por título para los empleados de planta permanente. Su Anexo I, inciso g), contempla un adicional del 42% para títulos universitarios de hasta cuatro años, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos.
Los trabajadores no están pidiendo un aumento salarial extraordinario, un privilegio ni un beneficio discrecional del intendente. Solicitan el reconocimiento de un adicional previsto en la propia normativa municipal.
El 8 de septiembre de 2026, empleados egresados de la tecnicatura iniciaron el Expediente N.º 37.924/2026, solicitando la liquidación del adicional correspondiente.
Según informaron los trabajadores, desde el 16 de septiembre el trámite se encuentra en la Subsecretaría Legal y Técnica, sin resolución ni respuesta concreta a los interesados.
Hoy, 20 de octubre, han transcurrido 42 días desde la presentación. Los empleados siguen esperando y, según manifiestan, continúan sin cobrar el adicional reclamado.
Lo más llamativo es que la normativa ya existe y establece el procedimiento administrativo: verificar la documentación, completar las intervenciones correspondientes, dictar el acto administrativo y disponer su liquidación en caso de cumplirse los requisitos.
No hace falta sancionar una nueva ordenanza, crear un beneficio ni diseñar una política salarial. Simplemente corresponde aplicar la normativa vigente y resolver el expediente.
Aquí surge una pregunta que el Ejecutivo debería responder.
¿Los empleados no cobran porque existe una decisión política de no reconocerles el adicional o porque la gestión que permanentemente habla de modernización y eficiencia no puede resolver un trámite administrativo reglamentado?
Cualquiera de las dos posibilidades exige una explicación.
Si existe algún impedimento jurídico, corresponde comunicarlo y fundamentarlo. Si los requisitos están cumplidos, debe avanzarse con el reconocimiento y la liquidación correspondiente.
La foto con los 40 egresados se publicó inmediatamente. El expediente para reconocer económicamente su esfuerzo lleva 42 días sin respuesta.