“Según informó OSER, sobre un listado de 106 internaciones revisadas, la auditoría identificó facturaciones duplicadas en 80 casos. También detectó prestaciones facturadas por profesionales que no integran su registro de prestadores, presentaciones fuera de término y otras inconsistencias administrativas. Frente a esto, ¿qué pretenden los diputados del PJ? ¿Que se pague igual? ¿Que se mire para otro lado?”, plantearon.
Los legisladores remarcaron que esas observaciones deben verificarse y conciliarse entre los equipos técnicos. “OSER tiene la obligación de pagar las prestaciones realizadas y correctamente facturadas. Ninguna entidad puede exigir que se renuncie a los controles como condición para mantener la atención. Los recursos de la obra social salen del esfuerzo de los trabajadores y deben volver en medicamentos, tratamientos y servicios de salud”, afirmaron.
“El tiempo de la extorsión terminó. No vamos a permitir que se juegue caprichosamente con la salud de los afiliados, cortando la atención cada vez que la obra social controla y debita lo que corresponde. Las diferencias de facturación se resuelven entre las instituciones, sin utilizar a los pacientes como instrumento de presión”, sostuvieron.
Desde el bloque también precisaron que, según informó OSER, las internaciones y las cirugías no están suspendidas: la medida dispuesta por FEMER alcanza a las consultas durante la internación realizadas por profesionales nucleados en esa Federación. “Los diputados tienen la obligación de informar con precisión. Alimentar la incertidumbre de las familias para sacar una ventaja política es una irresponsabilidad”, expresaron.
Respecto de los cuidadores domiciliarios, señalaron que OSER establece un plazo de pago de 30 días desde la presentación de la factura, frente a los 60 días habituales del resto de los prestadores. Sobre los débitos por horas cuestionados en el proyecto, indicaron: “También en la atención domiciliaria corresponde cotejar las horas autorizadas, las efectivamente prestadas y las facturadas. Si el PJ sostiene que esos descuentos son injustificados, que lo demuestre con documentación. Cuestionar una auditoría no reemplaza la obligación de explicar una factura”.
Los diputados recordaron que OSER brinda cobertura a 288.891 afiliados: 286.620 residen en los 17 departamentos y en 286 localidades, comunas y parajes de Entre Ríos —el 99,21 por ciento del padrón— y 2.271 en otras provincias. Del total, 9.312 cuentan con Certificado Único de Discapacidad.
En ese marco, destacaron que entre enero y octubre de 2026 se aprobaron 16.538 trámites de discapacidad, frente a 9.009 en el mismo período de 2025: un incremento del 83,57 por ciento. Además, el informe de gestión registra una reducción del tiempo promedio de resolución de 30,55 a 17,89 días.
“En los primeros diez meses del año, las autorizaciones de resonancias de alto campo pasaron de 6.927 a 14.681 y las de radioterapia, de 390 a 597, respecto del mismo período de 2025. El PJ omite estos resultados porque contradicen su relato de que todo está peor”, afirmaron.
Desde Juntos por Entre Ríos rechazaron que el justicialismo ubique el origen de los problemas en la creación de OSER. “Necesitan que la historia empiece en junio de 2025 para borrar todo lo anterior. Cuando se intervino el Iosper se denunció una deuda acumulada de más de 42.800 millones de pesos y un sueldo para su presidente que, actualizado a valores de hoy, supera los 26 millones de pesos mensuales. Esa es la obra social que defendieron y sobre la que hoy prefieren guardar silencio”.
“Gobernaron Entre Ríos durante veinte años. Tuvieron tiempo y poder para garantizar transparencia, terminar con los privilegios y defender a los afiliados. No solo no lo hicieron: fueron responsables políticos del sistema que generó esos privilegios y acumuló las deudas que hoy pretenden desconocer. Ahora quieren borrar esa responsabilidad con un proyecto de declaración. Para repartir culpas tienen una velocidad que nunca tuvieron para enfrentar los abusos”, sostuvieron.
“Con Rogelio Frigerio tomamos la decisión de terminar con los privilegios y defender los recursos de los afiliados. Vamos a pagar lo que corresponde y a controlar cada factura. Ni los cortes de prestaciones ni la presión política van a hacernos abandonar esa responsabilidad. El PJ tendrá que explicar por qué denuncia los controles de hoy y guarda silencio sobre los privilegios de ayer”, concluyeron.