La amenaza de desalojo sobre las familias de Pampa Soler volvió a encontrar un obstáculo judicial. El fallo, fechado el 18 de noviembre, revocó las dos resoluciones con las que el juez Gabriel Belén había dispuesto avanzar con el lanzamiento de los ocupantes del inmueble.
El 23 de junio de 2025, Belén dispuso avanzar con el desalojo y autorizó expresamente el uso de la fuerza pública e incluso el allanamiento de domicilios. Su argumento fue que el Municipio no había respondido un pedido del juzgado para que informara qué gestiones había realizado —y cuáles había comprometido— para encontrar una salida al conflicto.

El ex secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, había intentado dar respuestas a los vecinos de Pampa Soler.
El 2 de diciembre de ese mismo año, el magistrado volvió a ordenar el desalojo de los ocupantes del inmueble ubicado sobre avenida Pampa Soler, de aproximadamente 18,6 hectáreas, y la posterior entrega de los terrenos a los demandantes. También habilitó el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilios.
Esas son las dos órdenes que ahora quedaron sin efecto.
Pero la Cámara no se limitó a decir que el desalojo debía esperar. Le indicó a Belén que tiene que volver a estudiar el expediente y dictar una nueva resolución, explicando con fundamentos concretos por qué corresponde o no ejecutar la medida en las condiciones actuales.
Es decir, los camaristas le están diciendo que no alcanza con contestar que existe una sentencia firme de 2019 y que, por lo tanto, hay que cumplirla. Desde entonces pasaron cosas, aparecieron nuevas normas y existen documentos oficiales sobre el barrio que deben ser examinados antes de tomar una decisión que puede dejar a cientos de personas sin sus viviendas.
Las preguntas que Belén tendrá que responder
Uno de los puntos centrales del fallo es la Resolución 157/2023 de la Secretaría de Integración Sociourbana, publicada en octubre de ese año. Esa disposición identificó a Pampa Soler dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con el número de identificación 3142.
La cuestión no es solamente que el barrio figure en ese registro. La documentación también contiene datos catastrales que coinciden con los del inmueble involucrado en el juicio: la partida inmobiliaria 105364 y el plano 41949.
Sin embargo, hay una particularidad: la incorporación aparece como parcial. Por eso, la Cámara le exige al juez que determine exactamente qué superficie está incluida. Dicho de otro modo, no alcanza con saber que Pampa Soler figura en el registro: hay que establecer qué parte del terreno está alcanzada por esa protección y qué consecuencias tiene eso para el juicio de desalojo.
También deberá analizar el artículo 15 de la Ley Nacional 27.453, modificada por la Ley 27.694. Esa norma establece la suspensión de acciones y medidas judiciales que puedan terminar en el desalojo de inmuebles incluidos en el RENABAP.

A esto se suma la Ley Provincial 11.244, sancionada en enero de 2026 y vinculada con la expropiación del inmueble. La Cámara considera que Belén debe examinar qué efectos tiene esa ley sobre el terreno y en qué estado se encuentran las actuaciones administrativas relacionadas con una eventual adquisición o expropiación.
El fallo no dice que todo el terreno ya esté expropiado ni que todas las familias tengan automáticamente garantizado el derecho a permanecer allí. Lo que sostiene es que esas cuestiones pueden cambiar el escenario jurídico y, por lo tanto, el juez está obligado a estudiarlas antes de decidir.
Además, deberá considerar la situación habitacional de las personas que viven en el lugar y las intervenciones de los organismos públicos. La Cámara también señala que, al tomar una decisión, hay que poner en la balanza el derecho de propiedad de los titulares del inmueble y el derecho a una vivienda digna de quienes lo habitan, prestando especial atención a los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables cuya situación esté acreditada.
No se trata de borrar uno de esos derechos para hacer valer el otro. Se trata de explicar cómo se resuelve el conflicto entre ambos frente a las circunstancias concretas del caso.
Galimberti defendió que el desalojo siguiera adelante
El fallo también mostró una diferencia de criterios dentro de la propia Cámara. El vocal Héctor Galimberti votó en contra de suspender las órdenes de lanzamiento. Consideró que los recursos presentados por la Fiscalía de Estado, la Municipalidad y los demandados no debían prosperar y que las decisiones anteriores tenían que mantenerse.
Su argumento se apoyó en dos principios jurídicos: la cosa juzgada y la división de poderes. El primero significa, en términos sencillos, que una sentencia firme no puede discutirse una y otra vez como si el juicio empezara de nuevo. El segundo establece que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no deben interferir en las decisiones que corresponden a los jueces.
Desde esa posición, Galimberti sostuvo que las resoluciones judiciales anteriores ya estaban firmes y cuestionó que se pretendiera supeditar el proceso a lo que resolviera la Legislatura provincial. También planteó que las leyes comienzan a regir después de su publicación oficial y que no correspondía modificar decisiones firmes tomando como fundamento normas que no estaban vigentes cuando se dictó la sentencia definitiva.
Pero su postura quedó en minoría.
El voto de Frabotta, al que adhirió Ballhorst, sostuvo que una cosa es reconocer que existe una sentencia firme sobre el derecho de propiedad y otra muy distinta es ejecutar hoy el desalojo sin analizar las circunstancias que aparecieron después.
La Cámara no está volviendo a discutir quién tenía derecho sobre el inmueble en 2019. Lo que plantea es otra pregunta: ¿se puede ejecutar actualmente aquella sentencia sin revisar antes las nuevas leyes, los registros oficiales y las gestiones de expropiación que surgieron con posterioridad?
Nietzsche se metió en el expediente de Pampa Soler
Uno de los pasajes más llamativos del fallo aparece en el voto de Frabotta, quien recurrió al filósofo alemán Friedrich Nietzsche para cuestionar la posibilidad de resolver el conflicto como si nada hubiera cambiado desde la sentencia original.
Al referirse a esa mirada, escribió: «[…] el superhombre de Nietzsche hace –como hizo– estragos en la realidad circundante -no hay hechos, hay interpretaciones-».

La referencia a Nietzsche, tomada de Así habló Zaratustra y Genealogía de la moral, puede sonar extraña en una resolución judicial. Frabotta la introduce al cuestionar la idea de que nada cambió desde la sentencia original. Su planteo es que no se puede sostener esa conclusión ignorando hechos posteriores que están documentados: nuevas normas, registros oficiales y actuaciones de organismos públicos.
En criollo, el camarista cuestiona que se mire el expediente como una fotografía congelada en 2019, sin prestar atención a todo lo que ocurrió después. Para él, si aparecieron nuevas leyes, documentos y actuaciones administrativas, el juez tiene que analizarlos. No puede hacer de cuenta que no existen.
Pero Nietzsche no fue el único que apareció en el razonamiento de Frabotta. También recurrió varias veces a Aristóteles, especialmente a una idea que, traducida al lenguaje cotidiano, sostiene que las leyes son generales, pero los problemas reales tienen particularidades que un juez no puede ignorar. Para explicarlo, recuperó la imagen de la “regla de plomo” que utilizaban los arquitectos de Lesbos: una regla flexible, capaz de adaptarse a las formas de lo que se quería medir. También citó a Santo Tomás de Aquino, siguiendo esa tradición aristotélica, para reforzar que las decisiones deben partir de la realidad comprobable y no de una idea previa sobre cómo son las cosas. Y sumó a Carlos Cossio, cuya concepción del Derecho pone en el centro la conducta humana y sus consecuencias: en este caso, lo que una orden de desalojo significa concretamente para quienes viven en el lugar. Aparecen, además, referencias a juristas como Robert Alexy, al que recurre para hablar de la argumentación racional y las garantías del proceso, y a Andrés Ollero, en relación con la tarea de interpretar el Derecho. En definitiva, detrás de tantas citas hay una discusión bastante concreta: si un juez puede ordenar un desalojo mirando solamente una sentencia dictada años atrás o si también tiene que examinar qué cambió desde entonces y qué consecuencias tendría hoy esa decisión.
Un desalojo no es una decisión que se pueda revertir fácilmente una vez ejecutada. Si las familias son expulsadas de sus viviendas, las consecuencias pueden ser muy difíciles de reparar. Por eso, sostiene la mayoría, antes de avanzar hay que examinar con cuidado todos los elementos del caso.
El conflicto sigue abierto
La parte resolutiva del fallo ordena suspender provisoriamente el lanzamiento hasta que Belén dicte una nueva resolución. También le exige que tome las medidas necesarias para completar la información que falta, establezca plazos concretos para que los organismos públicos respondan y controle que esos pedidos se cumplan.
Esto último no es un detalle menor. La Cámara busca evitar que el nuevo análisis se transforme en otra espera sin fecha. El juez deberá pedir lo que necesite, fijar plazos y controlar que las respuestas lleguen.
Por ahora, entonces, no habrá operativo de desalojo. Pero eso no significa que el juicio haya terminado ni que la sentencia de 2019 haya desaparecido. La Cámara tampoco ordenó que Belén falle necesariamente a favor de las familias. Le ordenó que vuelva a estudiar el caso y que fundamente su decisión teniendo en cuenta las circunstancias actuales.












