A pesar de fallos firmes, un padre denuncia que hace 8 años no puede ver a su hijo y apunta contra la inacción del juez que dictó sentencia

El conflicto judicial comenzó en 2018, cuando el juzgado de Familia fijó un régimen progresivo de comunicación respecto de los hijos mellizos de la pareja. En esa resolución se dejó asentado que el derecho-deber de mantener trato fluido con el progenitor no conviviente sólo puede restringirse ante la existencia de un riesgo concreto y acreditado para los menores.

La historia familiar -y el periplo judicial de Gustavo- tuvo un dato determinante:los mellizos nacieron con una situación sanitaria muy delicada y, en particular, la niña que presentaba graves problemas de salud que demandaron internaciones y cuidados permanentes.

Desde el inicio del conflicto, la madre planteó que la niña requería un entorno especialmente protegido. Ese cuadro generó un contexto de alta sensibilidad judicial donde cualquier decisión sobre el régimen de comunicación debía ponderar el riesgo potencial para la salud de la menor.

En ese marco, el vínculo del padre con ambos mellizos quedó condicionado por esa situación particular. En la práctica, el delicado cuadro de salud de la niña habría operado como argumento para postergar o limitar encuentros con el progenitor: «pero no con el círculo de allegados de la madre, que llevaba a su pareja al domicilio, a las 3 enfermeras y a su familia sin restricciones», apuntó Zanandrea.

Cuando el Juzgado finalmente fijó un régimen progresivo en 2019, lo hizo destacando que no podía suprimirse el derecho de comunicación sin pruebas concretas de peligro. Sin embargo, durante la tramitación en Cámara se produjo el fallecimiento de la niña. Jurídicamente, ese hecho tornó abstracto cualquier debate sobre su caso particular: ya no era necesario resolver medidas específicas respecto de la niña. En cuanto al niño, los camaristas señalaron que no existían informes desfavorables sobre la conducta del padre ni elementos que justificaran impedir el vínculo.

Zanandrea también recordó el momento más traumático del proceso con la internación y posterior fallecimiento de su hija. Según relató a DiarioJunio, cuando viajó a Paraná para verla internada “toda intubada”, no pudo permanecer junto a ella. Asegura que en ese contexto fue agredido por la madre y por el padre de ésta, en presencia de autoridades del sanatorio y personal policial. “Recibía el parte médico todos los días del director, pero no me dejaban estar con mi beba. Me avisaron cuando ya había fallecido”, afirmó. También contó que para asistir al velatorio debió hacerlo con custodia policial, por orden de la jueza de feria, y que incluso existieron demoras y restricciones para permitirle el ingreso. “Hasta el día de hoy no me permitieron poner la placa en la lápida que hicimos con mi mamá”, agregó.

Pero el impacto fue doble. Por un lado, la muerte de su pequeña hija -y con ella el principal argumento sanitario que había condicionado el proceso de revinculación-. Por otro, lejos de facilitar una normalización del vínculo con su hijo varón, el conflicto se reconfiguró bajo otros fundamentos —conductuales, psicológicos y diagnósticos posteriores— que continuaron obstaculizando la revinculación.

“Cada vez que parecía avanzar, aparecía algún obstáculo. Y hoy directamente está cortado por decisión unilateral de la progenitora, con la pasividad del juzgado”, afirmó Gustavo a DiarioJunio.

Según detalló, entre febrero y marzo de 2024 presentó siete denuncias por desobediencia ante el Ministerio Público Fiscal, luego de que la madre no cumpliera con el régimen. “A todas les dieron la misma respuesta: que es una cuestión civil y no penal. Pero estamos hablando del incumplimiento de una orden judicial”, señaló.

En noviembre de 2025 radicó una denuncia por impedimento de contacto. “Cuando la notificaron, me denunció por hostigamiento por haber hecho la denuncia. Y hace aproximadamente dos semanas el fiscal Fernando Méndez decidió archivar la causa sin explicar fundamentos”, agregó.

Para el padre, la falta de consecuencias ante el incumplimiento consolida el bloqueo del vínculo: “Si una sentencia no se ejecuta, queda en papel. El mensaje es que se puede desobedecer sin costo”.

Los informes del COPNAF

En paralelo al trámite judicial, durante 2023 se desarrolló un proceso de revinculación supervisado por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).

Un informe del 31 de octubre de 2023, dirigido al juzgado interviniente de Ricardo Agustín Larocca, dio cuenta de tres encuentros realizados ese mes. Allí se consignó que la actitud del niño era variable: por momentos mostraba apertura al diálogo, compartía actividades de pintura y hablaba de su vida cotidiana —la escuelita de fútbol, sus gustos, sus miedos— y en otros adoptaba una postura de rechazo y enojo.

El documento dejó asentado que el niño reconoce a Zanandrea como su progenitor, llamándolo en ocasiones “papá”, y que distingue a la actual pareja de su madre como “mi papá del corazón”. También observó que la presencia de la madre dificultaba el desarrollo de los encuentros, sugiriendo que se realizaran sin acompañantes para evaluar una mayor predisposición.

Un segundo informe, de noviembre de 2023, describió escenas más tensas. En algunos encuentros el niño gritaba que quería irse, se aferraba a su madre y utilizaba expresiones como “secuestrador de niños” o “sos un demonio”. Los profesionales dejaron constancia de que esas frases “podrían estar reflejando cierta influencia en su relato”.

No obstante, también registraron que en al menos una oportunidad el encuentro pudo sostenerse durante una hora completa, con interacción lúdica y risas, y que el niño pareció disfrutar la actividad con su padre.

Para Zanandrea, esos informes son centrales. “En una reunión me dijeron que evidentemente mi hijo estaba siendo influenciado por el entorno adulto. Entonces, ¿cómo puede ser que sigan tratando al nene como el problema cuando admiten que repite un discurso impuesto?”, cuestionó.

Relató que en un encuentro en la sede del organismo, al que asistieron autoridades y profesionales, se le consultó si estaba dispuesto a trabajar con las terapeutas que atienden a su hijo. “Respondí que no tenía oposición, pero pregunté qué opinaban de que mi hijo me dijera que soy un ‘secuestrador’ o un ‘demonio’. Me respondieron que eso evidenciaba influencia de los adultos que lo tenían a cargo”, afirmó.

También cuestionó la actuación de un pediatra -Julio Fournier- que habría emitido certificados señalando supuestos problemas de conducta y recomendando restringir el contacto. “Durante los dos primeros años de vida nunca hablaron de ningún problema. Empezaron después del fallecimiento de mi hija. Este médico no es especialista en psicopedagogía ni en psiquiatra pero igual hizo un diagnóstico que no corresponde con su especialidad, así lo ponen en un informe del Equipo de Trabajo Interdisciplinario (ETI) en San Salvador.”, sostuvo.

El eje del reclamo de Gustavo es que, más allá de los diagnósticos y conflictos entre adultos, existe una sentencia firme de la Justicia que reconoce el derecho de su hijo a mantener vínculo con él.

“Acá no se está garantizando el interés superior del niño. Se habla mucho de eso, pero en los hechos se permite que se corte el vínculo con uno de sus padres sin consecuencias”, concluyó.

Del fallo a la inacción: las similitudes entre el caso Zanandrea y el precedente Fornerón

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló al condenar al Estado entrerriano en el precedente de Jorge Forneron que no alcanza con dictar resoluciones si el aparato judicial no actúa con la diligencia necesaria para hacerlas efectivas.

En aquella sentencia, el tribunal señaló que, cuando las autoridades judiciales demoran, toleran incumplimientos o no adoptan medidas eficaces, el transcurso de los años termina consolidando una situación de hecho que vacía de contenido el derecho reconocido.

También afirmó que la inacción judicial puede constituir, en sí misma, una violación a los derechos humanos.

En el caso de Zanandrea, existen fallos firmes que reconocen el régimen de comunicación con su hijo, pero el vínculo lleva 8 años interrumpido y sin respuestas eficaces del Estado.

La similitud entre ambos casos no está en los detalles de cada historia, sino en una máxima legal y filosófica que dice “la justicia no es justicia si llega tarde”. 

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