Según la versión oficial, la nueva temporada de caza menor, que se extenderá del 10 de mayo al 15 de agosto, cuenta con mayores restricciones y está basada en estudios técnicos y científicos realizados por el Equipo de Monitoreo Adaptativo de Fauna Silvestre (EMAFA), en conjunto con el INTA y la Universidad de La Pampa. El informe 2024 determinó que la población de patos supera los 3,2 millones de ejemplares, por lo que la extracción autorizada no comprometería la biodiversidad.

En esta temporada se redujo el número de especies habilitadas (de seis a cuatro en comparación con 2024), se limitaron los cupos por cazador y se incorporaron herramientas de control como la “Hoja de Ruta Cinegética”. Además, se mantiene la prohibición en ocho departamentos y zonas sensibles, como sitios Ramsar y áreas protegidas.

En ese sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Económico remarcan que la caza deportiva genera empleo e ingresos, con un impacto económico estimado de 1.000 millones de pesos en 2024. Además, sostienen que la decisión respeta la normativa vigente, los tratados internacionales y el principio constitucional del dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias.

«Indignante»

En contraposición, diversas ONG e instituciones socioambientales, como CEYDAS, denuncian que la resolución es “irresponsable e infundada”, y que no fue publicada oficialmente, por lo que carecería de validez formal.

Allí mismo, alegan violaciones al artículo 41 de la Constitución Nacional, al Acuerdo de Escazú y a la Ley 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental.

Al.respecto, la abogada Cecilia Domínguez, representante de CEYDAS, señala que no hubo participación ciudadana real ni acceso previo a la información ambiental, y cuestionó la inclusión de especies autóctonas como el Pato Picazo, Sirirí Pampa, Cutirí, Pato de Collar e Inambú Común, protegidas por legislación ambiental.