La resolución que habilita la caza menor en Entre Ríos pone el foco en que el turismo cinegético “genera importantes ingresos económicos” y un “fuerte efecto multiplicador” en las economías locales. Con ese argumento como uno de los ejes centrales, el Gobierno de Rogelio Frigerio volvió a autorizar la actividad pese a los antecedentes judiciales, las críticas ambientalistas y la creciente discusión sobre el impacto en humedales y fauna silvestre.

Se llevó a cabo este lunes la audiencia por la posible autorización de la caza de aves autóctonas en Entre Ríos, en el Área Protegida El Potrero, ubicada en la ciudad de Victoria. La instancia, convocada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, reunió a funcionarios, legisladores y representantes de distintos sectores, y terminó marcada por fuertes cuestionamientos de organizaciones socioambientales.

La Corte entrerriana aceptó tramitar la demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones ambientalistas contra el Gobierno de Rogelio Frigerio, que en mayo autorizó la caza de cinco especies de aves autóctonas. La decisión, fuertemente repudiada por ambientalistas de todo el país, también es cuestionada por permitir el uso de armas de fuego a menores. Se denuncia que la medida viola la Constitución Nacional y acuerdos internacionales clave como Escazú, Bonn y el Convenio de Diversidad Biológica.

Ambientalistas de Entre Ríos presentaron el viernes una demanda judicial contra el gobernador Rogelio Frigerio por autorizar la caza de aves nativas en la provincia, y denuncian que la resolución es inconstitucional, viola tratados internacionales y representa un grave retroceso en materia de derecho ambiental y animal. "Exigimos al Estado que garantice el derecho humano a un ambiente sano y a la protección de la biodiversidad, por encima de los intereses de sectores que promueven la violencia hacia la fauna", sostiene la demanda. Tal como ocurrió en el 2022 y 2023, gestión Gustavo Bordet, la acción judicial busca dejar sin efecto las resoluciones provincial que cada año permiten la matanza de aves autóctonas 

El Gobierno de Entre Ríos habilitó la temporada de caza menor 2025 mediante una resolución de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, lo que generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores de la ciudadanía. La polémica medida fue anunciada el 10 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de las Aves, lo que intensificó las críticas de ciudadanos y ambientalistas que ya habían advertido esta situación.

El 30 de abril ingresó a la Cámara de Diputados un pedido de informes solicitando al Poder Ejecutivo que informe si realizó estudios poblacionales de la fauna autóctona y exótica para establecer la apertura de la temporada de caza menor. También se requirió informes sobre el expediente administrativo correspondiente; las acciones que se viene implementando en fiscalización, si hubo modificaciones en la estructura para la realización las tareas y los criterios de acceso a información ambiental.

Tres organizaciones socio ambientales –Ceydas, Mundo Aparte y Capibara– presentaron una demanda en los tribunales de Rosario en donde se “exige la prohibición inmediata de la caza de patos en la Provincia de Santa Fe hasta que no se realicen los estudios de las poblaciones de las especies que el Gobierno de Maximiliano Pullaro permite matar y otros sobre la contaminación por plomo de las municiones que se usan”, se indicó en un comunicado oficial. En diálogo con ERA Verde, el referente del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, Gabriel Bonomi se refirió a los episodios escandalosos de cazadores norteamericanos que el año pasado fueron noticia al ser descubierto realizando matanzas ilegales de patos. También apuntó que “los funcionarios autorizan la caza sabiendo de antemano que no tienen la capacidad para autorizarlos”.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú dispuso el procesamiento por tentativa de contrabando de de exportación de aves agravado, de tres hombres que en 2023 fueron detenidos en la localidad entrerriana de Villa Paranacito acusados de intentar trasladar un cargamento con más de 100 ejemplares de dos especies, una de ellas considerada en peligro de extinción, para ser comercializadas a altos valores en el mercado ilegal, en la República Oriental del Uruguay. Además de los procesamiento -que fueron sin prisión preventiva-, el juez federal Hernán Viri dispuso un embargo de 100.000 pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados. En la investigación, registró DIARIOJUNIO, interviene la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del fiscal Pedro Mariano Rebollo.

Se llevó a cabo este viernes en el Club Pesca y Remo de Rosario del Tala, la audiencia pública convocada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Provincia, a cargo de Marcelo Sapetti, para abordar temas vinculados a las temporadas de caza y pesca. Tras el encuentro, organizaciones ambientalistas criticaron la falta de invitación sus referentes y calificaron de “insensata e irresponsable” la intención del Gobierno de autorizar la caza de aves autóctonas.

La misiva lleva los logos de 68 entidades que trabajan por la conservación de la fauna y el ambiente, y se fundamenta en fallos judiciales que declararon "inconstitucionales" las resoluciones que habilitaban la caza en la provincia durante 2022 y 2023. Las mismas, recuerdan, violaban acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, la Convención Ramsar y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro. "Solicitamos que no se incluya ninguna especie de animal autóctono en la próxima temporada de caza en Entre Ríos", señala el documento al que tuvo acceso este medio. Allí mismo, las ONG hacen hincapié en la escasa o nula información científica disponible sobre las poblaciones de estas especies y critican duramente la falta de estudios sobre los efectos del plomo de las municiones en el ambiente y la salud humana. Polémica por una audiencia pública convocada por el Gobierno este viernes El Gobierno entrerriano convocó a una audiencia pública para este viernes 26 de abril, a las 15 horas, en el Club Pesca y Remo de Rosario del Tala, en la disertarán el Prof. José Osinalde y los biólogos Jaime Bernardos y Fabricio Reales.  Según los manifestantes, la convocatoria realizada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización que dirige Marcelo Sapetti, apunta a discutir las temporadas de caza y pesca, y no incluye a ningún referente de ONG. Por ello, aseguran que está la posibilidad de que se autorice la caza de aves autóctonas como Sirirí Pampa, Pato Picazo, Pato Capuchino, Sirirí Colorado y Pato Cutirí. “Tenemos datos que van a autorizar la caza nuevamente de aves autóctonas, con el mismo grado de ilegalidad que el año pasado. Es decir, sin cumplir con las instancias de participación ciudadana que son exigidas por ley, por el Acuerdo de Escazú, y sin realizar estudios (poblacionales…