El caso, que incluyó 42 operaciones investigadas, reveló un esquema reiterativo y organizado que contaba con la participación de diversos actores: agentes y auxiliares aduaneros, despachantes, agentes de transporte y concesionarios de zonas francas en Uruguay y Chile. Mella estuvo implicado en 13 de estos hechos, mientras que Burgos fue acusado en 41. El daño causado al estado argentino se estimó en 3 millones de dólares.

La jueza Carnero concluyó que las maniobras permitieron el ingreso al territorio argentino de mercaderías no declaradas, lo que perjudicó al Estado y a la industria local. Estas operaciones fraudulentas, según Carnero, no solo evadieron el pago de derechos aduaneros, sino que también crearon competencia desleal para los productores nacionales.

Mella, en su rol de agente aduanero y responsable de inspecciones, firmó actas que certificaban falsamente la concordancia entre la mercadería transportada y la documentación presentada. Sin embargo, se probó que los productos reales no coincidían con lo declarado. Por su parte, Burgos fue señalado como un actor clave en la coordinación de estas maniobras ilícitas.

Las operaciones iniciaban en la zona franca uruguaya, donde se adulteraban los valores, pesos y tipos de mercadería en la documentación para sortear controles. Parte de la mercadería ingresaba a Argentina, y otra continuaba hacia Chile. Concordia y Mendoza fueron puntos clave en este esquema, con documentación falsificada que respaldaba los movimientos.

En su fallo, Carnero subrayó que “definitivamente, las conductas ilegales de Burgos y Mella hicieron factible los hechos de contrabando que se les atribuyen, pues contribuyeron a que ellos se ejecutaran y consumaran”.

Tras un extenso juicio, Mella recibió una condena de tres años de prisión condicional, junto con inhabilitaciones para ejercer el comercio y ocupar cargos públicos. Burgos, en tanto, fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva, además de similares restricciones laborales y comerciales.

Según Carnero, las pruebas documentales y testimoniales presentadas fueron determinantes para acreditar las maniobras delictivas y la complicidad de los agentes aduaneros argentinos.

Luego de un largo proceso judicial que llevó más 20 años, no todo fueron condenas… 

El nombre más resonante en la causa fue el de Eduardo Cristina, despachante de Aduanas, quien arregló con la justicia pagar 18 millones de pesos a instituciones de bien público como reparación integral, aceptando una propuesta que extinguió la acción penal.