LA SOLUCIÓN Y EL PROBLEMA, TIENEN LA MISMA DIRECCIÓN POSTAL
El 12 de mayo de 2026, el Gobierno de Entre Ríos y el Banco Entre Ríos anunciaron el Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos, presentado como una herramienta de alivio financiero para empleados estatales, trabajadores privados y jubilados provinciales. La iniciativa ofrece una tasa fija del 60% TNA, plazos de hasta 60 meses y dos meses de gracia, sin costo fiscal para la provincia. El ministro de Economía y Hacienda, Fabián Boleas, explicó que un trabajador que tomó un préstamo al 130% anual en 2025 podría reducir su cuota a la mitad.
La pregunta incómoda es anterior a cualquier cálculo financiero: ¿por qué los trabajadores entrerrianos necesitan refinanciar deudas contraídas para subsistir? La respuesta está en los mismos datos que el gobierno evita relacionar con su propio programa.
Según el informe del Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (Cisper) presentado en marzo de 2026, el 71,8% de los encuestados percibe salarios inferiores a 1,5 millones de pesos mensuales, POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA; el 96,3% declaró tener deudas activas y destinar el 60% de sus ingresos a cancelarlas. Y en los tribunales entrerrianos se multiplican las resoluciones judiciales de trabajadores formales (muchos de ellos policías) que solicitan su propia quiebra, un fenómeno que hasta hace poco era excepcional.
EL DIFERENCIAL QUE DEVORA EL BENEFICIO: 60% TNA FRENTE A 30,5% DE INFLACIÓN ESPERADA
El primer argumento oficial es que el 60% TNA es «considerablemente inferior a las tasas del mercado». Es cierto, en 2025, los créditos personales en mutuales y entidades no bancarias operaban con tasas que podían superar el 130% anual. La comparación con ese umbral hace que el programa luzca generoso.
PERO LA COMPARACIÓN RELEVANTE NO ES CON EL PASADO CREDITICIO, SINO CON LA INFLACIÓN ESPERADA HACIA ADELANTE. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central correspondiente a abril de 2026, los analistas proyectan una inflación anual de 30,5% para diciembre de 2026, con una trayectoria mensual que va del 2,6% en abril al 1,8%-2% en el segundo semestre.
Convertida a tasa efectiva anual, una TNA del 60% equivale a una TEA de aproximadamente 79,6%. Frente a una inflación esperada del 30,5%, la tasa real del programa se ubica en torno a los +38 PUNTOS PORCENTUALES POSITIVOS. En otros términos, quien tome este crédito pagará en pesos que valen cada vez menos, pero la tasa sigue siendo positiva en términos reales y significativamente más cara que cualquier instrumento de deuda que el propio Estado provincial negocia en el mercado.
El contraste se vuelve más nítido al observar que las consultoras privadas relevadas por el BCRA proyectan que la tasa de referencia bancaria se ubicará en torno al 21% TNA para diciembre de 2026. Es decir que el sistema financiero formal prevé que el costo del dinero caerá a menos de la mitad de lo que se le ofrece a los trabajadores entrerrianos con este «PROGRAMA DE ALIVIO».
La pregunta de fondo es simple… ¿por qué no se actualiza automáticamente la tasa en función de la inflación realizada? La tasa fija protege al banco, no al deudor. En un contexto de desinflación gradual, el trabajador que refinancie hoy podría quedar atrapado en una tasa que en 24 o 36 meses, probablemente resulte tan onerosa como el crédito original que se pretende cancelar.
EL SALARIO: LA VARIABLE DE AJUSTE QUE NADIE NOMBRA
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos publicó en agosto de 2025 un informe que cuantificó lo que las paritarias evitan decir con todas las letras, desde el inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio (10 de diciembre de 2023) hasta junio de 2025, los salarios de los trabajadores dependientes del Estado provincial perdieron un 26,6% de su valor en relación al IPC.
La cronología de la erosión salarial es ilustrativa. En junio de 2025, el propio gobernador Frigerio congeló los salarios del funcionariado ante la caída de los fondos coparticipables. El decreto, vigente «mientras dure la crisis», reconoció explícitamente que los ingresos del Estado estaban llegando por debajo de la inflación. «La única comparación cierta es la de la pandemia», llegó a decir el propio mandatario.
En el primer cuatrimestre de 2026, los incrementos salariales pactados acumularon un 9% en tres tramos, prácticamente igualando el avance del IPC que en el mismo período marcó un 9,16%. En mayo de 2026, el gobierno ofreció un incremento del 3,5% remunerativo, rechazado por ATE. El último aumento previo había sido el 14% otorgado entre marzo y abril; desde entonces el salario volvió a perder terreno.
EL RESULTADO ACUMULADO DESDE DICIEMBRE DE 2023 ES UNA CAÍDA REAL ESTRUCTURAL DEL INGRESO DISPONIBLE QUE NO SE COMPENSA CON NINGÚN PROGRAMA DE REFINANCIACIÓN.
Endeudarse a menor tasa no recupera poder adquisitivo perdido, simplemente cambia el plazo y el costo del agujero.
EL TERCER MANDANTE: IMPUESTOS Y TARIFAS QUE CRECIERON MÁS RÁPIDO QUE LOS SUELDOS
Para comprender por qué los trabajadores entrerrianos se endeudaron masivamente, es indispensable incorporar la dimensión de los costos fijos del hogar, es decir: los impuestos provinciales (y automotores) y las tarifas de energía eléctrica, que durante el actual gobierno crecieron a un ritmo que el salario no pudo seguir.
Impuesto Inmobiliario. En 2024, el gobierno cobró el adicional del 20 al 30% sobre el Inmobiliario sin contar con norma vigente que lo autorizara (la ley había vencido el 31 de diciembre de 2023). En 2025, los contribuyentes recibieron boletas con aumentos que en algunos casos superaron el 180% respecto de 2024, muy por encima del tope del 115% que las propias autoridades de ATER habían anunciado.
En 2026, las boletas del Inmobiliario volvieron a sorprender con subas de entre 45% y 130%; en al menos un caso documentado (un jubilado de 80 años que formalizó su reclamo ante ATER) el aumento real fue del 95%, casi el triple del tope oficial proclamado.
Impuesto Automotor: El Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó en abril de 2026 un pedido de informes al gobierno y a ATER porque los aumentos del automotor superaron en algunos casos el 120%, cuando el tope nominal anunciado era del 30%. ATER atribuyó las diferencias a “FACTORES TÉCNICOS”, pero la insatisfacción trascendió al ámbito legislativo.
En ese contexto, el propio ministro Boleas declaró en la asamblea de la Unión Industrial de Entre Ríos en abril de 2025 que «EL IMPUESTO INMOBILIARIO Y AUTOMOTOR TIENEN QUE GANAR PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA RECAUDACIÓN», reconociendo que el objetivo era pasar del 13% al 35% del total recaudado. ES UNA DEFINICIÓN DE POLÍTICA FISCAL LEGÍTIMA, PERO INCOMPATIBLE CON EL RELATO DE QUE EL GOBIERNO ACOMPAÑÓ EL DETERIORO DEL PODER ADQUISITIVO DE SUS TRABAJADORES CON PRUDENCIA TRIBUTARIA.
ENERGÍA ELÉCTRICA: Entre mediados de 2024 y comienzos de 2025 se aplicaron sucesivos incrementos tarifarios derivados del proceso nacional de quita de subsidios. A partir de agosto de 2024, los usuarios residenciales absorbieron un incremento del 53% en el costo fijo. Si bien el gobierno provincial implementó congelamientos transitorios del componente de distribución (VAD), los aumentos del precio mayorista continuaron trasladándose parcialmente a las facturas. La suma de estas presiones sobre el presupuesto familiar explica por qué seis de cada diez familias argentinas se endeudan para llegar a fin de mes.
LO QUE EL PROGRAMA NO RESUELVE
El Programa de Desendeudamiento no tiene costo fiscal para la provincia. El Banco Entre Ríos presta recursos propios, evalúa riesgo crediticio y condiciona el acceso a una relación cuota-ingreso que no puede superar el 30% del ingreso neto. Operativamente, es un producto crediticio razonable. EL PROBLEMA NO ES EL PROGRAMA EN SÍ MISMO. SINO LO QUE EL PROGRAMA PRETENDE SIGNIFICAR.
Presentado como un acto de gestión y como respuesta al descenso de las tasas del mercado, el programa evita nombrar la causa real del endeudamiento masivo de los trabajadores, que es, ni más ni menos, UN CICLO DE CAÍDA REAL DE INGRESOS, PRESIÓN TRIBUTARIA CRECIENTE Y AUMENTO DE TARIFAS QUE COMENZÓ CON EL INICIO DE LA GESTIÓN FRIGERIO Y NO FUE INTERRUMPIDO.
El propio universo potencial del programa (estimado en unas 70.000 personas) habla por sí solo. En una provincia con menos de 1,3 millones de habitantes, que 70.000 asalariados formales necesiten refinanciar deudas personales NO ES UN DATO DE GESTIÓN FINANCIERA SINO QUE ES UN INDICADOR DE EMERGENCIA SOCIAL.
Y el mecanismo de cobro para estatales (descuento directo en haberes a través del sistema Codes) no es un detalle menor. Significa que el Estado provincial actuará como agente de retención del banco que él mismo controla, garantizando el cobro sobre el sueldo antes de que el trabajador lo perciba. LA MISMA VOLUNTAD POLÍTICA APLICADA A RECUPERAR EL PODER ADQUISITIVO SALARIAL SERÍA MÁS EFICAZ QUE CUALQUIER REFINANCIACIÓN.
CONCLUSIÓN – CRÉDITO COMO SUSTITUTO DE POLÍTICA SALARIAL
El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos es, en sus condiciones operativas, mejor que la alternativa de no tenerlo. Reducir la carga de una deuda contraída al 130% a otra al 60% TNA es un alivio real para quien hoy destina el 60% de su sueldo a pagar cuotas.
Pero HAY UNA TRAMPA CONCEPTUAL EN PRESENTARLO COMO UN LOGRO DE GESTIÓN. Una tasa del 60% TNA (TEA ~79,6%) frente a una inflación proyectada del 30,5% implica una tasa real de financiamiento positiva y elevada. EL TRABAJADOR QUE ACCEDE AL PROGRAMA NO ES BENEFICIARIO DE UNA POLÍTICA DE REDISTRIBUCIÓN, SINO UN CLIENTE CREDITICIO, EN CONDICIONES ALGO MEJORES QUE LAS DEL MERCADO INFORMAL.
LA DEUDA DE LOS TRABAJADORES ENTRERRIANOS CON EL SISTEMA FINANCIERO NO EMERGIÓ DEL AIRE. EMERGIÓ DE TRES AÑOS DE SALARIOS QUE PERDIERON MÁS DE UN CUARTO DE SU VALOR REAL, IMPUESTOS QUE DUPLICARON O TRIPLICARON SUS MONTOS SIN AVISO NORMATIVO PREVIO Y TARIFAS QUE CRECIERON VARIAS VECES POR ENCIMA DE LOS INGRESOS. LA MISMA ADMINISTRACIÓN QUE GENERÓ ESAS CONDICIONES OFRECE AHORA CRÉDITO PARA SOBREVIVIR A ELLAS.
El diagnóstico correcto no es que los trabajadores están endeudados y necesitan mejores tasas. EL DIAGNÓSTICO CORRECTO ES QUE EL SALARIO EN ENTRE RÍOS DEJÓ DE SER GARANTÍA DE SUBSISTENCIA. Mientras eso no cambie, el programa de desendeudamiento es un parche sobre una hemorragia estructural.
Alejandro Di Palma, Roberto Domingo, Ruben Pagliotto y equipo
Mayo 2026