Según supo DIARIOJUNIO, La Comisión Evaluadora de la Licitación Pública Nº 47/2026 ya habría emitido un dictamen favorable, por mayoría, para recomendar la adjudicación del servicio de recolección de residuos a VITSA Soluciones Ambientales S.A., la empresa cordobesa que ya presta el servicio en la ciudad a partir de una contratación directa que fue cuestionada, denunciada penalmente y posteriormente bajo análisis del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
En esta definición de lo que podría ser la licitación más importante de la historia de la municipalidad de Concordia hay tres datos que no se pueden ignorar:
El primero es que el dictamen no habría sido unánime. De sus tres integrantes, dos funcionarios políticos, el abogado Juan Eduardo Reali, jefe del Departamento Procuración Judicial de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y el director de Recolección de Residuos, Julio Martinoli, habrían acompañado la recomendación favorable a la empresa cordobesa. En tanto que, el tercero, el contador Matías Rodríguez, empleado de carrera del Municipio y profesional que habitualmente integra este tipo de comisiones técnicas, habría dejado asentada una posición contraria a adjudicar a VITSA.
Ese voto negativo es especialmente relevante en un expediente en el que, según distintas fuentes internas, habrían existido fuertes presiones para que la Comisión emitiera una recomendación favorable y avanzara el procedimiento.
Si bien, la existencia de un voto técnico en contra no significa por sí mismo que el procedimiento sea irregular ni que la adjudicación sea ilegal. Pero sí obliga a conocer con más detalles cuáles fueron los argumentos utilizados por cada integrante y, especialmente, cuáles fueron las razones por las que la mayoría consideró que VITSA era la oferta más conveniente.
El segundo dato es que VITSA no llega a esta instancia como una oferente cualquiera sino que es la misma empresa que está en el ojo de la tormenta que se inició con la contratación directa en el marco de una Emergencia Ambiental aprobada con pocos argumentos, entre gallos y medianoche, por la mayoría oficialista del Concejo Deliberante.
La secuencia fue cuestionada desde el inicio por la presencia previa de vehículos de la empresa antes que se aprobara la ordenanza, la rapidez con la que se instrumentó la emergencia, la contratación directa posterior y el circuito administrativo utilizado para autorizar y pagar el servicio.
Todo eso derivó en una denuncia penal presentada por el abogado Mariano Giampaolo. La denuncia no alcanzó solamente a funcionarios políticos. También planteó la necesidad de investigar la actuación de quienes intervinieron en las diferentes etapas administrativas, desde la elaboración de informes hasta las certificaciones, conformidades, autorizaciones y pagos.
Y el tercer dato es que la licitación que ahora se encamina a resolver puede transformarse en el contrato más importante de la historia económica de la Municipalidad de Concordia.
La oferta económica de VITSA ronda los $268 millones mensuales. El pliego establece una contratación inicial de cuatro años, con posibilidad de prorrogarla por un período igual o menor, por lo que el vínculo podría extenderse hasta ocho años.
Haciendo una proyección a valores iniciales, los $268 millones mensuales de VITSA representan unos $3.216 millones durante un año y aproximadamente $12.864 millones en cuatro años. Si el contrato se extiende a ocho años y los valores se actualizan a un promedio del 30% anual, la cuenta acumulada se dispara hasta los $76.700 millones.
Puede ser más o puede ser menos. Nadie puede saber hoy cuál será la inflación de los próximos siete años y medio. Pero el pliego sí establece que habrá actualizaciones y, por lo tanto, congelar la discusión en los $268 millones actuales sería mirar solamente una parte del verdadero costo potencial de la contratación.
Tres ofertas casi empatadas
Hay otro dato que merece atención.
Las tres principales ofertas económicas quedaron prácticamente empatadas.
Bodegas y Viñedos Santa Elena ofertó aproximadamente $267,7 millones mensuales; VITSA, $268 millones; y Agrotécnica Fueguina, unos $270 millones.
Entre la oferta más baja y la más alta hay apenas $2,3 millones mensuales de diferencia.
En términos porcentuales, la diferencia es inferior al 1%.
La propuesta económica, además, representa el 40% de la puntuación total. El 60% restante corresponde a aspectos técnicos y operativos.
Esto no significa que la licitación esté mal diseñada. Un servicio como la recolección de residuos puede razonablemente ponderar equipamiento, capacidad operativa, antecedentes y organización técnica además del precio. Pero cuando las ofertas económicas están tan próximas y el contrato puede extenderse durante ocho años, la fundamentación de la evaluación técnica adquiere una importancia decisiva.
También surge una pregunta que deberá responder el expediente: si las ofertas estaban separadas por tan poco dinero, ¿por qué no se utilizó, si el régimen y el pliego lo permitían, una instancia de mejora entre los oferentes mejor posicionados?
No puede afirmarse que la Municipalidad estuviera obligada a hacerlo. Pero tampoco deja de ser una inquietud válida cuando está en juego una contratación que, proyectada con actualización, puede superar los $70.000 millones.
Tal vez ninguna empresa hubiera mejorado su propuesta. Tal vez sí.
El punto es que, si no se pidió una mejora, Concordia no sabrá cuánto más podía haber obtenido de la competencia entre los oferentes.
Un expediente que fue dejando funcionarios en el camino
En el transcurso del proceso dejaron sus funciones nombres de primera línea vinculados con áreas sensibles de la gestión, entre ellos el secretario de Obras Públicas, Alejandro López; el subsecretario de Gobierno, Lucas Fuscado; y el secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio.
No se puede afirmar que todas las salidas fueron consecuencia de la causa VITSA. Pero resulta difícil ignorar la secuencia.
El expediente comenzó con una contratación directa cuestionada. Continuó con una denuncia penal. Luego llegaron los pedidos de información, la intervención del Tribunal de Cuentas y los cambios dentro del gabinete.
Ahora, mientras la Comisión Evaluadora recomienda a la misma empresa que ya presta el servicio, el conflicto podría alcanzar a un funcionario que ocupa una posición técnica dentro de la estructura municipal.
Según versiones coincidentes que circulan dentro del Municipio, el contador municipal Diego Paolo Cutro estaría evaluando presentar su renuncia. Este funcionario de carrera fue señalado en la denuncia del abogado Giampaolo por haber omitido ejercer el control interno que le corresponde de manera exclusiva, es decir que no habría cumplico sus debereres de observar las supuestas ilegalidades del procedimiento y permitió que avanzaran las órdenes de pago.
Hasta el cierre de esta nota no existe una renuncia formalmente comunicada de parte de Cutro. Pero los pasillos del edificio de calle Mitre hablan de intensas conversaciones internas para intentar convencerlo de que permanezca en el cargo.
Si finalmente el contador municipal concreta su salida, el episodio marcaría otro paso en una crisis que comenzó afectando principalmente a funcionarios políticos y que ahora alcanza a integrantes de la estructura técnica y profesional de la Municipalidad.
El Tribunal de Cuentas todavía analiza la contratación anterior
Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos mantiene bajo análisis la contratación directa anterior.
Las presentaciones realizadas por concejalas de la oposición, Carolina Amiano y Claudia Villalba, motivaron pedidos de documentación relacionados con la regularidad del procedimiento y la razonabilidad del precio abonado por el Municipio.
El dato resulta paradójico: por un lado, un organismo de control del Estado está revisando cómo se produjo la contratación original de VITSA. Por otro, el mismo Municipio está a punto de adjudicarle a esa empresa un contrato de una duración y un volumen económico mucho mayores.
Ya no se trata de un puñado de meses de prestación de un servicio bajo una emergencia ambiental. Ahora se está definiendo una relación contractual que podría durar hasta 8 años y atravesar prácticamente toda la gestión actual y alcanzar a la próxima administración municipal.
La decisión que falta
El dictamen favorable de la Comisión Evaluadora es un paso importante, pero todavía no es la adjudicación. Ahora será el Departamento Ejecutivo el que deberá resolver si acepta la recomendación y firma el contrato con VITSA.
Si lo hace, tendrá que explicar por qué la empresa resulta la propuesta más conveniente frente a las otras ofertas y cómo fueron ponderados los aspectos técnicos que representan el 60% de la evaluación. También deberá quedar documentado cómo se resolvió la diferencia de criterios dentro de la propia Comisión Evaluadora.
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