De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (CISPER), entre 2024, 2025 y la proyección para 2026, la represa de Salto Grande habrá transferido a Entre Ríos alrededor de 45 millones de dólares en concepto de excedentes y regalías, un flujo significativo en el actual contexto fiscal que fortalece las arcas provinciales y amplía márgenes de gestión. En paralelo, la cifra reaviva el debate federal: la energía generada en territorio entrerriano abastece a todo el país, y garantizar recursos adecuados y previsibles para la provincia forma parte de una discusión estructural sobre equilibrio territorial. El desafío, según advierte Sergio Benítez, secretario gremial del Sindicato Argentino de Salto Grande (SIATRASAG) e integrante de la Mesa Ejecutiva provincial de CTA y del CISPER, no es coyuntural sino de reglas claras, actualización de la remuneración y una articulación madura entre Nación y provincia para que la represa consolide su papel como herramienta concreta de desarrollo.

El gobierno entrerriano dio cuenta de las decisiones tomadas ante el incremento en el precio mayorista de la energía, fijado desde la Nación. Asimismo, enumeró las gestiones previas que posibilitaron, anteriormente, dejar de ser el distrito con la tarifa más cara y, actualmente, aliviar el peso de los componentes de la factura, según información enviada a DIARIOJUNIO.

El delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Juan Carlos Chagas, participó el jueves de la jornada “Entre Ríos Renovable”, un encuentro organizado por ENERSA para debatir el presente y futuro energético de la provincia y poner en agenda el avance de las energías renovables en el entramado productivo entrerriano. Chagas expuso invitado por las autoridades de la empresa provincial de energía, acompañado por los gerentes técnicos de Salto Grande, Santiago Coco y Javier Murguía.