El senador provincial Alberto Otaegui (JxER-Gualeguay) respondió con dureza a las declaraciones públicas de su par Víctor Sanzberro (Mas para Entre Ríos-Victoria), quien había cuestionado la intervención de la obra social apoyándose en el informe presentado por el Síndico Fiscalizador, contador Pablo Giampaolo, sobre el ejercicio 2024 del entonces IOSPER, y además acusó al vicepresidente de OSER (Obra Social de Entre Ríos), Ricardo García, de haber formulado una supuesta “amenaza”. “Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui. Sanzberro había compartido su postura respecto del informe que detalla la situación que atraviesa la OSER. “Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos”, según pudo saber DIARIOJUNIO.
El diputado Juan Manuel Rossi presentó en la Cámara de Diputados, bajo el expediente Nº 28.967, junto a los legisladores Mauro Godein, Gabriela Lena y María Taborda, un proyecto de ley que establece una Tasa Retributiva por Servicios de Mantenimiento y Conservación Vial exclusivamente para vehículos de transporte de cargas radicados fuera del territorio argentino que circulen por las rutas entrerrianas. "Hemos venido trabajando fuertemente en propuestas concretas para mejorar el estado de las rutas. Esta tasa vial busca que quienes utilizan nuestras rutas pero no tributan en Argentina contribuyan al mantenimiento y mejora de las rutas", explicó Rossi. El legislador enfatizó que "los entrerrianos ya hacemos nuestro aporte a través de impuestos nacionales y provinciales, ahora deben contribuir quienes se benefician con la utilización de nuestra red vial", según información enviada a DIARIOJUNIO.
El senador provincial por el departamento de Diamana, José Vergara (JxER), sostuvo que es lógico que el Colegio de la Abogacía ejerza la defensa corporativa del conjunto de sus matriculados. “Ahora bien, esa legítima defensa no puede desconocer una realidad que es de público y notorio conocimiento, y que excede largamente el plano de las interpretaciones o valoraciones subjetivas: existe una industria del amparo en Entre Ríos”, destacó según una columna de opinión enviada a DIARIOJUNIO.
El senador provincial Rubén Dal Molín recordó ayer que Entre Ríos arrastra una dependencia de los recursos coparticipables, y que la recaudación del IVA, Ganancias y Bienes Personales se desaceleró. “Esto obliga a incorporar una mirada de realismo fiscal en cada decisión vinculada al gasto público”, expresó, según información enviada a DIARIOJUNIO.
El próximo 6 de febrero, el gobierno de Entre Ríos afrontará un nuevo vencimiento de la deuda pública heredada correspondiente a los bonos ER17, por un total de US$ 56 millones, de los cuales US$ 46,5 millones corresponden a capital y US$ 9,6 millones a intereses. Este pago representa el quinto compromiso de esta emisión que asume la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Al respecto, el senador provincial Rubén Dal Molín destacó la voluntad de cumplimiento de la provincia pese al complejo escenario recibido. “El dato central es que honramos los compromisos, aun cuando se trata de una pesada herencia que sigue generando un fuerte estrés financiero sobre la provincia”, afirmó el senador provincial Rubén Dal Molín, según información enviada a DIARIOJUNIO.
La senadora entrerriana por el departamento de La Paz, Patricia Díaz, esposa del intendente de Santa Elena Daniel Domingo Rossi, se refirió a la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad de Santa Elena y señaló que las fuerzas de seguridad “atrapan a los delincuentes, se los ponen a disposición de los fiscales, y a las horas vuelven a la calle. Esa es la raíz del problema de inseguridad”.
Luego que la diputada oficialista Carola Laner acusara al bloque de diputados del PJ de impedir el juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, ya que no se pudo avanzar debido a que el bloque justicialista no asistió ni a la comisión ni a la sesión convocada, la respuesta no tardó en llegar. En efecto, desde el mismo bloque del PJ hicieron llegar a DIARIOJUNIO la explicación de la mentira. Dicen que el argumento de Laner es absolutamente "falso y lo único que busca es confundir a los entrerrianos y entrerrianas, ya que el oficialismo no quiere asumir la responsabilidad de la decisión de rechazar las denuncias mencionadas". Lo que sigue es una explicación que deja mal parado al oficialismo.
La diputada provincial Carola Laner afirmó que el juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, no pudo avanzar porque el bloque justicialista no asistió ni a la comisión ni a la sesión convocada, impidiendo alcanzar el quórum necesario para emitir dictamen. Laner explicó que, en los procesos de juicio político, la mayoría política no reemplaza las normas vigentes, ya que el reglamento exige quórum para emitir dictámenes válidos. “Aunque tengamos mayoría, sin quórum no hay dictamen. Y el quórum se logra con presencia. El PJ decidió no estar y por eso el juicio político no avanzó”, sostuvo Laner, según información enviada a DIARIOJUNIO.
El lunes 22 de diciembre pasado, el Consejo Departamental del PJ de la ciudad de San José de Feliciano envió una nota al Consejo Provincial del Partido Justicialista presidido por José Cáceres. solicitando formalmente que se expulse del partido a la senadora Gladys Domínguez “Su accionar representa una traición abierta a la doctrina de nuestro movimiento y una enorme estafa a la confianza depositada por los compañeros que trabajaron incansablemente por su candidatura, así como a la gente que la votó bajo esa línea política”, se indica en el primer párrafo de la carta. “La gravedad de sus decisiones legislativas no admite grises: la senadora Domínguez se ha convertido en el engranaje necesario para garantizar la impunidad del oficialismo”, según una copia de la nota enviada a DIARIOJUNIO.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos no logró quorum y quedó frenado el dictamen sobre el juicio político a la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, denunciada por un sector de la oposición por presunto mal desempeño, a partir de sus reiteradas ausencias de la jurisdicción —668 días entre 2016 y 2025— y el supuesto atraso en la tramitación de causas. La retirada del bloque Más Para Entre Ríos, en rechazo al “tratamiento express” que pretendía imponer el oficialismo, impidió que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político se expidiera sobre la situación de la magistrada y paralizó además el debate de otros proyectos considerados de importancia.
2 comentarios
Leticia
No sé, ¿qué están haciendo con la obra social? solo sé que mi dra, se bajó de convenio, yo que todos los meses me descuentan, y bastante, perdí mi médico de cabecera, porque no tengo siempre 30.000 pesos para pagar una consulta particular. Además, ME DESCUENTAN TODOS LOS MESES. ¡¡¡Por favor, dejen de robarnos, arreglen lo que tengan que arreglar, y que los afiliados podamos atendernos con los profesionales que nosotros elijamos, para eso pagamos una OS!!!! Con el IOSPER, estábamos mejor….
Afmger R
La única verdad es que los perdedores somos los 300.000 afiliados al IOSPER, y todos los Entrerrianos, que tendrán que pagar formidable deuda, atraves de los impuestos o deuda financiera internacional, y ganadores, abogados y políticos, que seguirán cobrando, su fabulosa dieta. Y también porque, no pensarlo, quieran los porteños, privatizar el IOSPER, que significa sumas dinerarias de gran volumen. Con estos gobiernos y políticos sin códigos, ni palabras, cualquier cosa se puede esperar, menos seriedad, ética y moral.