La diputada provincial y abogada María Elena Romero destacó las inversiones realizadas por el Gobierno de Entre Ríos en equipamiento, movilidad y tecnología para fortalecer la capacidad operativa de la Policía. “La seguridad se mejora con decisión, presencia en el territorio y herramientas concretas. Después de muchos años de postergaciones, la provincia está recuperando capacidades esenciales para prevenir el delito, investigar y proteger a quienes todos los días nos cuidan”, afirmó, según información enviada a DIARIOJUNIO.

El senador provincial Rubén Dal Molín destacó las políticas implementadas por el Gobierno de Entre Ríos para acompañar al sector productivo. “La industria se defiende con hechos, no con discursos”, afirmó. Ante las críticas del diputado Enrique Cresto a la política industrial del Gobierno provincial, Dal Molín contrapuso los datos del Registro de Establecimientos Industriales de Entre Ríos y las medidas adoptadas para reducir costos y facilitar la actividad productiva, según información enviada a DIARIOJUNIO.

El exgobernador y actual diputado nacional busca que las comisiones de la Cámara de Diputados avancen con el tratamiento y dictamen de proyectos de su autoría vinculados al endeudamiento. Uno propone declarar la emergencia financiera de las familias y el otro busca proteger a las pequeñas y medianas empresas frente a sus deudas.

Un informe del CEPA, citado en el proyecto, registró a nivel nacional la pérdida de más de 97.000 puestos de trabajo industriales registrados y la desaparición de más de 4.000 establecimientos manufactureros entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. El bloque justicialista de Diputados propone declarar por un año la Emergencia del Sector Industrial de Entre Ríos, con beneficios impositivos, financiamiento y medidas para afrontar los costos energéticos.

El diputado provincial Juan Manuel Rossi presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas por los Trabajadores y las Trabajadoras, con el objetivo de preservar puestos de trabajo y capacidad productiva ante situaciones de crisis empresariales. La propuesta toma como antecedente la experiencia de Córdoba -Proyecto de Ley Nº 34.996/22-, donde este año se sancionó una legislación específica sobre empresas recuperadas, adaptando ese esquema a la realidad institucional, jurídica y productiva de Entre Ríos, según información enviada a DIARIOJUNIO.

Enrique Cresto (PJ), Marcelo López (UCR) y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Entre Ríos para reclamar una respuesta urgente ante la finalización del convenio entre PAMI y el Sanatorio Concordia. Según registró DIARIOJUNIO, advirtieron que unos 14.300 afiliados podrían quedar sin un prestador capitado para internaciones, y reclamaron nuevos prestadores, continuidad de las cirugías y tratamientos y un plan sanitario de contingencia.

El bloque “Más Para Entre Ríos” logró aprobar un proyecto para interpelar a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y al director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, y anunció además la presentación de una iniciativa para reemplazar el esquema centralizado de provisión de alimentos adjudicado a Teknofood S.A. La nueva propuesta, denominada “Pueblo y Gobierno por una Alimentación y Nutrición Digna”, fue presentada como una alternativa al modelo vigente. El anuncio se produjo luego de que trascendiera una orden de pago emitida por el Gobierno provincial por más de $101.000 millones vinculada a la contratación de la empresa, un dato que el bloque opositor incorporó como uno de los argumentos para cuestionar el esquema. El proyecto propone descentralizar los recursos destinados a desayunos, almuerzos y meriendas y transferirlos directamente a cada establecimiento educativo, en función de la cantidad de estudiantes y de las prestaciones que brinda cada escuela.

La diputada Lorena Arrozogaray, junto a Yari Seyler, Mariel Ávila, Andrea Zoff y Silvia Moreno, presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Rogelio Frigerio diga si contrató a Madero Media Group, empresa vinculada a Fernando Cerimedo, o si le pagó pauta oficial desde diciembre de 2023. El planteo surge luego de que se conocieran pagos millonarios del Gobierno de Córdoba a la firma y mientras Cerimedo permanece detenido en Bolivia, acusado de un intento de femicidio contra su expareja. Los legisladores quieren conocer, entre otros datos, los montos, organismos intervinientes, servicios contratados y mecanismos de control utilizados por la Provincia.

El bloque de diputados y diputadas «Más Para Entre Ríos» recibió al síndico fiscalizador por la oposición en la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, para interiorizarse del último informe realizado sobre el organismo, el cual contradice con datos las afirmaciones del oficialismo respecto de una supuesta disminución del déficit y un ordenamiento administrativo. Las y los legisladores repudiaron el hostigamiento sufrido por Giampaolo por parte del oficialismo y lamentaron la estrategia de estigmatización que aplica el gobierno provincial hacia las personas o sectores que sostienen una postura distinta sobre diferentes aspectos de la gestión. Asimismo, el bloque destacó la importancia del rol del síndico para que la sociedad entrerriana pueda conocer la verdadera situación de la obra social estatal.

Diputados del PJ presentaron un Proyecto de Resolución para convocar a la Ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y al Director de Comedores de la Provincia de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, a que brinden explicaciones sobre la situación actual del servicio de comedores de escuelas primarias y secundarias. La postura del bloque “Más Para Entre Ríos” se basa en la situación planteada a partir de la decisión del gobierno provincial de contratar un servicio de provisión, logística y distribución de alimentos no perecederos destinados a desayunos y meriendas en comedores escolares de la provincia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, y que tal servicio fue adjudicado a la firma Teknofood S.A., con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.