Si bien el reclamo data desde cuando asumió el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), la crisis en las panaderías medianas y pequeñas se profundizó en el último mes cuando se activaron los aumentos de los servicios.
“La licuadora del gobierno nos arruinó. Primero licuó a la gente y después, como la gente no tiene un mango, nos empezó a hacer pelota a nosotros”, indicó el presidente del Centro Industrial de Panaderos de Merlo, Martín Pinto.
La crisis de las panaderías
Pero el golpe más duro que sufrió la industria fue la eliminación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), uno de los fondos fiduciarios que el gobierno de Javier Milei hizo caer y que servía para amortiguar el precio local de la harina respecto del valor del dólar.
Ese fondo había sido lanzado en marzo de 2022 para establecer un valor de referencia en el mercado interno del principal insumo para la industria. “Fue un logro importante del gobierno anterior porque sacó a la harina de la órbita del dólar”, destacó Pinto.
Pero ahora, con la caída de ese fondo fiduciario, “nos dolarizaron los insumos” y los gastos de producción se multiplicaron, agregó. El argumento del Gobierno para dar de baja el FETA fue que “se dilapidaba” dinero del Estado.
El comerciante aseguró que, a causa de los aumentos, “la gente no consume” pan como antes. “Tenemos en todas las panaderías de la Argentina una caída del 45 por ciento en las ventas”, dijo durante una entrevista por AM 770.
En la actualidad, el precio del kilo de pan ronda entre los 2400 y 3 mil pesos, según el barrio y el local que lo comercializa. Pero, según advirtió Pinto, este valor podría trepar producto de los nuevos tarifazos en el combustible y los servicios públicos.
A esto también se le suman los impuestos. “El 53 por ciento de una flautita de pan son sueldos y cargas sociales”, indicó el presidente del Centro de Panaderos de Merlo para graficar el valor de los costos laborales.
Eso sí, no puso en cuestión el valor de los salarios, que no obstante son bajos. “El sueldo de un empleado medio son 470 mil pesos”, pero «el total de cargas sociales que paga el propietario ronda los 370 mil pesos por empleado”, se quejó.
No obstante, agregó, “los sueldos no están en discusión, son derechos adquiridos del obrero y hay que pagarlos”. Por eso, el reclamo es al gobierno nacional y a la Secretaría de Comercio, para discutir algún dispositivo que no resienta tanto la rentabilidad de las panaderías.
“Somos comercios de cercanía, no somos empresarios pyme. Trabajamos 24 horas porque a la tarde amasamos, a la noche cocinamos y a la mañana vendemos y repartimos. Estoy más tiempo con mis empleados que con mi familia, pero si eso sigue así vamos a tener que cerrar porque la rentabilidad no es la misma”, concluyó el panadero.
