El proyecto de HIF Global para construir una planta de e-combustibles en Uruguay sigue generando repercusiones en Entre Ríos. Esta vez, el bloque de concejales Juntos por Uruguay PJ de Concepción del Uruguay respaldó las gestiones de los legisladores nacionales entrerrianos Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, quienes llevaron el reclamo también al ámbito judicial.
La planta estaba prevista originalmente al norte de Paysandú, sobre la margen del Río Uruguay y frente a las costas de Colón, un emplazamiento que generó preocupación en distintos sectores de Entre Ríos por su cercanía al río y a las localidades de la costa. Tras varios reclamos, el Gobierno uruguayo confirmó que será relocalizada, aunque todavía no informó oficialmente el nuevo punto; la alternativa que se viene manejando es un predio ubicado en la zona de Nuevo Paysandú, más alejado de la costa entrerriana.
Para los concejales de Concepción del Uruguay, sin embargo, mover la planta no alcanza para cerrar la discusión. “Cambiar la ubicación no significa eliminar sus posibles impactos. No aceptamos que proteger a una ciudad entrerriana implique trasladar la incertidumbre hacia otra comunidad de la región”, señalaron, y remarcaron: “El Río Uruguay no es una variable de ajuste. Es un recurso de todos y lo vamos a defender”.
Un reclamo que viene desde 2025
Desde el bloque recordaron que vienen planteando reparos al proyecto desde el primer semestre de 2025. A través de un Proyecto de Comunicación reclamaron información pública, participación ciudadana y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
También impulsaron que la preocupación fuera llevada a otros Concejos Deliberantes de la costa del Río Uruguay. El argumento fue que no se trata solamente de un problema de Colón o Paysandú, sino de una cuestión que puede involucrar a las distintas comunidades vinculadas al río.
En ese sentido, remarcaron que el Río Uruguay es clave para el abastecimiento y la calidad del agua, el turismo, la pesca, las actividades recreativas y deportivas y distintas actividades productivas de la región.
Por eso, reclamaron conocer con precisión dónde se instalará finalmente la planta, qué utilización hará del agua, qué procesos industriales desarrollará, qué emisiones y eventuales efluentes producirá, qué infraestructura necesitará y cuáles podrían ser sus riesgos y efectos acumulativos sobre el ambiente.
“Lo que ocurre sobre una margen del río no termina en esa margen: el río es compartido, y también pueden serlo sus consecuencias”, afirmaron.
Respaldo al reclamo judicial
Los concejales también apoyaron la decisión de los legisladores entrerrianos de llevar el planteo a la Justicia. Consideraron que la acción política, institucional y judicial permitió poner el proyecto en la agenda binacional y revisar su ubicación original.
Para el bloque, el Estatuto del Río Uruguay y el Acuerdo de Escazú deben ser tenidos en cuenta antes de avanzar con cualquier decisión definitiva, garantizando el acceso a la información, la transparencia y la participación de las comunidades que podrían verse afectadas.
Finalmente, desde Juntos por Uruguay PJ reafirmaron la postura que sostienen desde 2025 y volvieron a reclamar que la defensa del río sea el eje de cualquier discusión sobre el proyecto.