En efecto, el 29 de febrero pasado, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, confirmó la realización de una auditoría externa a cargo de profesionales de la Universidad Nacional del Litoral para investigar una serie de irregularidades detectadas en los primeros dos meses de gestión municipal. «Encontramos hechos vinculados con delitos, que los vamos a compartir con la justicia», declaró Azcue, en relación a los hallazgos descubiertos durante esta primera etapa.

Sastre sostuvo que el proyecto que terminó es diferente a la auditoria externa que se está llevando adelante respecto de la gestión anterior. La diferencia fundamentalmente estriba en que los controles son realizados desde el interior del municipio. «Buscamos controlarnos a nosotros mismos y que la sociedad pueda conocer lo que se hace en el ámbito de la municipalidad», dijo.

Sastre destacó que la auditoria permanente está incluida en la Ley N° 10.027, Ley Orgánica de los Municipios. En tal sentido, hay que mencionar que el artículo 93°, inciso S, establece que los concejales «Podrán crear por ordenanza un órgano con autonomía funcional y dependencia técnica del Cuerpo, que tendrá a su cargo el control de legalidad y auditoría contable de la actividad municipal centralizada y descentralizada. La misma establecerá objetivos, finalidades, funciones, designaciones y remociones. Entenderá en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas ejecutadas de percepción e inversión de los fondos públicos, ello sin perjuicio de los controles establecidos por la Constitución u otra ley y en coordinación y sujeto a instrucciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La ordenanza referida requerirá aprobación de mayoría simple, con la presencia de por lo menos los dos tercios del total de los integrantes del Cuerpo».

Más adelante, recordó que la iniciativa surgió en el Concejo de la primera gestión del intendente Enrique Cresto, cuya autoría fue del ex edil Esteban Benítez. No obstante, no se pudo concretar. «Este proyecto toma como base el proyecto de Benítez prácticamente. Se basa en eso y cumplimentar con lo que el intendente anunció que es una auditoria interna que se complementarían con los trabajos de auditoria externa que ya se están llevando adelante respecto a lo que sucedió en la gestión anterior», remarcó

El proyecto pasó a comisión. Sastre remarcó que para aprobar el proyecto de auditoría deberán encarar una etapa de mucho diálogo y que debe salir por consenso. «Estoy convencido de eso porque sería un salto de calidad institucional de acá en adelante. No es algo para aprobar a las apuradas. Es algo que se debe debatir con los otros concejales y con otros interesados», dijo.

Sastre dijo que la Auditoria debe servir para que la administración municipal pueda saber que lo que está haciendo «es correcto» y que, mediante la difusión de informes, la gente pueda saber que es lo que está haciendo la municipalidad.

«La verdad que son esas cosas que, si salen, le dan calidad institucional al municipio más allá de quien sea el que gobierne. Por eso no es que queremos que salga por simple mayoría sino que queremos que haya aportes de la oposición. Queremos que ellos den su mirada y estamos abiertos al dialogo. No queremos que salga de hoy para mañana sino que queremos que se discuta y que se analice con la profundidad que tiene el tema. Si sale estoy convencido de que va a ser para beneficio de todos los concordienses», dijo el presidente del oficialismo.

La iniciativa tiene el visto bueno del intendente. Cuando se la presentaron desde el bloque, a Azcué «le pareció que estaba acorde a lo que se estaba pensando».

El rol de la oposición

Cabe mencionar que el proyecto tiene muchos puntos de contacto con la Auditoría General de la Nación, creada en 1992 como órgano de control externo del Estado. Está bajo la órbita del Congreso de la Nación. Controla las cuentas públicas, el cumplimiento de las leyes y la gestión del sector público nacional. La diferencia es que el proyecto de Sastre establece que el auditor debe ser nombrado por concurso publico mientras que el Auditor General de la Nación es designado por el principal partido opositor en el Congreso.

En este caso, Juan Manuel Olmos, el vicejefe de gabinete del gobierno anterior y dirigente del peronismo, fue designado a principios de diciembre pasado como Auditor General de la Nación. Su nombre cuenta con el aval político de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández.

En ese sentido, la responsabilidad en el nombramiento de la persona encargada de controlar las cuentas en la oposición es la característica que tuvo una iniciativa similar en la administración municipal del ingeniero Hernán Orduna (99-03), quien designó una comisión de control del gasto publico con tres integrantes, dos de los cuales eran designados por la oposición en el Concejo. Uno por el radicalismo, otro por el Frepaso y el tercero era atribución del oficialismo del PJ. El contador Hugo Marsó era el representante del radicalismo, quien mantuvo una postura antagónica con la pretensiones de Orduna de cobrar tasa comercial a las grandes empresas afincadas en Concordia. La comisión fue perdiendo vigencia y luego quedó en el olvido en la segunda gestión del ex intendente Juan Carlos Cresto.

«Acá el auditor general no va a ser un cargo político, va a ser un cargo por concurso. Se va a a poder presentar cualquier persona que acredite los requisitos sin importar cual es su pertenencia política o si no tiene pertenencia o viene del sector privado o de las instituciones académicas. Lo que importa es que reúna los requisitos», indicó Sastre.