El Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay condenó hoy a 10 años de prisión a Rubén Alberto Cabra (43), alias “Petro”, por engañar, trasladar y explotar sexualmente a una adolescente en situación de vulnerabilidad y oriunda de la provincia de Chaco. Los hechos ocurrieron en un prostíbulo ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, onde la víctima fue sometida mediante golpes y amenazas. En el juicio, intervino la fiscal federal Josefina Minatta. La condena se refiere a hechos ocurridos años atrás que, según tuvo por acreditados el tribunal, comenzaron cuando la víctima era menor de edad y continuaron durante su mayoría de edad.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, junto a la auxiliar fiscal Gabriela Agustina Velázquez, quienes sostuvieron durante el juicio la responsabilidad penal del imputado.
El caso llegó a la corte luego de varios años de investigación y culminó con una condena que, además de la pena de prisión, dio lugar a una reparación económica formulada por el Ministerio Público Fiscal y fijó una indemnización integral de $65.292.000 para la mujer damnificada, en concepto de daño material y moral.
La resolución también ordenó el decomiso de un inmueble ubicado sobre la Ruta Provincial 39 y el embargo preventivo de ese bien y de dos motocicletas pertenecientes al condenado. Según dispuso la Justicia, el valor obtenido del inmueble decomisado deberá destinarse prioritariamente al pago de la indemnización fijada para la víctima.
Si bien la fiscalía solicitó la detención inmediata de Cabra, el tribunal no hizo lugar a ese pedido. No obstante, estableció que una vez que la sentencia quede firme deberá hacerse efectiva su detención para el cumplimiento de la condena.
Hasta entonces, el condenado deberá cumplir una serie de restricciones, entre ellas la obligación de fijar domicilio, presentarse semanalmente ante Gendarmería Nacional en la ciudad chaqueña de Villa Ángela, no salir del país sin autorización judicial y mantener una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima y su entorno familiar.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 23 de junio.