La Justicia Federal de Concordia dio un nuevo paso en una de las investigaciones por contrabando más importantes de los últimos años en Entre Ríos, al procesar a 19 personas acusadas de integrar una presunta red dedicada al ingreso, acopio y comercialización ilegal de neumáticos provenientes del exterior.
La resolución fue firmada por la jueza federal Analía Ramponi, quien además ordenó embargos millonarios sobre los imputados, con montos que alcanzan hasta los 10 millones de pesos para algunos de los principales involucrados y de 5 millones para el resto. También se dispusieron medidas cautelares sobre vehículos que habrían sido utilizados para trasladar la mercadería.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, la operatoria no respondía a hechos aislados sino a una estructura organizada que habría funcionado durante meses en distintas localidades del norte entrerriano, especialmente en Chajarí y Villa del Rosario.
La investigación sostiene que los neumáticos ingresaban clandestinamente desde Paraguay ocultos en camiones y luego eran descargados en puntos previamente coordinados. Posteriormente, se realizaba una maniobra conocida como “desarme”, que consistía en reemplazar las cubiertas nuevas por neumáticos usados para disimular el traslado de la mercadería ilegal y facilitar su circulación en el mercado interno.
El expediente, que tramita en la Secretaría Penal a cargo de Alan Bergdolt, reúne una extensa cantidad de pruebas recolectadas durante más de un año de investigación. Entre ellas figuran intervenciones telefónicas, seguimientos, registros audiovisuales, allanamientos simultáneos y el secuestro de dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación, vehículos y una importante cantidad de cubiertas.
Además del aspecto penal, el fallo judicial también puso el foco en el perjuicio económico que habría provocado la maniobra, tanto por evasión tributaria como por competencia desleal en el mercado formal de neumáticos. En ese marco, no se descarta que puedan avanzarse nuevas inhibiciones de bienes si los acusados no cubren los montos fijados por la Justicia.
La causa se inició en mayo de 2023, cuando personal de Aduana llevó adelante 29 allanamientos simultáneos en Paraná, Chajarí, Villa del Rosario y Ramírez. En aquellos procedimientos fueron secuestradas más de 2.100 cubiertas de origen extranjero, valuadas entonces en alrededor de 88 millones de pesos.
Para los investigadores, la red habría operado con una logística aceitada que incluía rutas, galpones, gomerías y playas de estacionamiento utilizadas como puntos de acopio y distribución de los neumáticos ingresados ilegalmente al país.
Con los recientes procesamientos, la causa entra ahora en una etapa clave y podría derivar en futuras elevaciones a juicio si se consolidan las pruebas reunidas por la Justicia Federal.