La dirigente hizo referencia a dos medidas tomadas por funcionarios provinciales que se conocieron en los últimos días y que perjudican a UPCN, por lo que podrían interpretarse como situaciones de persecución gremial en la administración pública.
Una es la decisión de Acevedo Miño de “dejar cesantes siete contratos, algunos de obra y otros de servicio, que estaban cumpliendo tareas en el Registro de la Propiedad. A principios de año el gobierno dijo que no iba a estar en discusión la fuente laboral de todo aquel que estuviera cumpliendo con sus tareas al servicio del Estado. Esto no se cumplió”, recriminó Domínguez.
Este tema fue abordado en una asamblea desarrollada en el Registro de la Propiedad, con la participación de la totalidad de los trabajadores que forman parte de la oficina Paraná, en la que se trataron también otros temas, entre ellos las condiciones laborales, la situación edilicia y la recarga de trabajo.
“Esto generó la solidaridad de los compañeros, no solamente por lo que significa la fuente laboral, sino también porque estos trabajadores están calificados y son necesarios para cumplir con el servicio que presta el Registro, que ya viene con falta de personal”, comentó al respecto. “Si de repente se caen contratos se profundiza el problema, lo que provoca más atrasos, más demoras en la atención a los profesionales, y agrava una situación que ya de por sí era complicada”, remarcó.
Tras elComentó que “los contratados recibieron una notificación en la que no les dan ningún tipo de fundamento” y apuntó a Acevedo Miño: “Esto es su absoluta responsabilidad, no hay ninguna explicación respecto a por qué les niega la continuidad de los contratos y simplemente les dicen que no tienen más acceso a la marcación”.
“Evidentemente Acevedo Miño no conoce la administración pública, no se interiorizó sobre las necesidades y requerimientos de los trabajadores del Registro de la Propiedad. Tampoco hubo un diálogo interno con autoridades para que esta situación sea tenida en cuenta. No mide las consecuencias de la merma del personal que significa que estas siete personas se vayan del Registro de un día para otro”, subrayó la Secretaria Adjunta.
Y continuó: “Es inentendible que haya tomado esta actitud. Los despidieron sin ningún tipo de análisis. Nosotros esperábamos que en cada lugar se tenga en cuenta la opinión de los jefes y de las áreas de trabajo para tomar una decisión”.
Aseguró que el Secretario de Justicia “deja mucho qué desear como funcionario. Lamentablemente no hemos visto ninguna señal de que se abra al diálogo para poder considerar lo resuelto. Además, su actitud es contradictoria con la supuesta orden del gobernador. Esta situación, que demuestra una gran improvisación, nos tomó de sorpresa”.
¿Coincidencia o intencionalidad política?
Domínguez advirtió además que “lo que pasó en el Registro de la Propiedad, mayormente representado por UPCN, sucede en coincidencia con otro hecho que nos llama poderosamente la atención: que Luis Aguilar, miembro de la Comisión Directiva de este Sindicato, referente zonal y candidato a presidente del PJ de Gualeguaychú, este mes quedó sin sueldo, por una medida arbitraria del presidente del Iafas, organismo del cual depende”.
En ese sentido expuso: “Nos preocupa que en esta coincidencia pueda haber una situación intencional en contra de UPCN, lo que hablaría de persecución gremial”.
“Esperamos que el Gobernador, que aparentemente ahora está apoyando a Milei, no tome un camino de ajuste como viene haciéndolo el Gobierno nacional. Eso sería realmente más perjudicial para los trabajadores que ya vienen siendo castigados”, advirtió.
En el mismo orden sostuvo: “Estamos en democracia, sería lamentable que éstas sean señales de persecución gremial en la provincia
