Rogelio Frigerio estableció un freno generalizado a las designaciones, contrataciones y recategorizaciones de personal en todos los organismos del Estado provincial. A través del Decreto N° 2817, firmado el lunes 13 de octubre, el Poder Ejecutivo dispuso que toda decisión vinculada a la incorporación o renovación de vínculos laborales deberá contar con la autorización previa y expresa del ministro de Hacienda y Finanzas.

La medida abarca a la Administración Central, entes descentralizados, organismos de control, empresas estatales y sociedades del Estado, entre ellos la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), la Dirección Provincial de Vialidad, el Consejo General de Educación, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Caja de Jubilaciones, Energía de Entre Ríos (Enersa) y la Obra Social de la Provincia (Iosper), entre muchos otros.

El decreto se fundamenta en la necesidad de “fortalecer los mecanismos de autorización, supervisión y control de las contrataciones y designaciones de personal en el sector público provincial”, con el objetivo de “contener el gasto y asegurar la sostenibilidad fiscal”.

Según los considerandos, el Ejecutivo busca “garantizar la continuidad de las funciones prioritarias del Estado” y aplicar criterios de racionalidad administrativa y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. En esa línea, el texto señala que “el Estado provincial constituye una única organización jurídica”, y que el gobernador —en su rol de jefe del Estado, conforme el artículo 174 de la Constitución entrerriana— está habilitado para disponer medidas que aseguren “la coordinación, coherencia y sostenibilidad del accionar estatal”.

Con esta disposición, el Gobierno provincial se alinea con una política de ajuste del gasto corriente y control estricto de la masa salarial, que ya viene siendo aplicada en otras jurisdicciones del país. La resolución impactará tanto en las áreas administrativas como en los organismos autárquicos y empresas provinciales, y marca un nuevo límite a la expansión del empleo público en Entre Ríos.

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