El Poder Judicial de Entre Ríos enfrenta serias restricciones presupuestarias que obligan a revisar gastos estructurales, y entre las medidas que se están evaluando para iniciar el ahorrro, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, anticipó que podría avanzarse con un esquema de trabajo remoto para reducir el gasto en alquileres de inmuebles, sobre todo en Paraná y Gualeguaychú, las dos ciudades con mayor concentración de sedes rentadas. “Estamos pensando en mandar gente a trabajar a la casa para no pagar más alquileres y nuclear jueces y secretarios en algunos inmuebles”, indicó Portela, y reconoció que la implementación se haría mediante una encuesta interna para detectar voluntarios, pero no descartó que ante la urgencia, el esquema se aplique obligatoriamente. «Si hay voluntarios, mejor, y si no, será manu militari. Se les va a pagar la luz e internet y se van a tener que quedar en la casa», advirtió.
En el marco de una entrevista con Radio Plaza, el titular del STJ detalló que los fondos aprobados por la Legislatura no se corresponden con los montos finalmente girados por el Ejecutivo. “Teníamos proyectado gastar $2.500 millones por mes, la Legislatura nos aprobó $1.100 millones, pero nos están dando $490 millones. O sea, estamos trabajando con un tercio de lo previsto”, sostuvo.
Allí mismo, remarcó que la falta de fondos no solo afecta el funcionamiento diario, sino también el desarrollo de obras. En abril y mayo, explicó, no se recibieron recursos para infraestructura, y en junio apenas ingresaron $70 millones, insuficientes para encarar mejoras estructurales en los 100 inmuebles que administra la Justicia en la provincia.
En ese contexto, Portela confirmó que se está evaluando el traslado del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú a la Unidad Penal N.º 9, en la Granja El Potrero, como una alternativa para dejar de pagar alquiler. “Se está empezando a agudizar el ingenio”, graficó.
Viáticos y control del gasto
En relación a los viáticos cobrados por jueces y empleados judiciales, luego de que surgieran cuestionamientos sobre la transparencia de estos gastos, que ya habían sido motivo de juicio político en el pasado, el presidente del STJER confirmó que fueron $49 millones durante los últimos tres años y medio y consideró que no se trata de un monto “irracional” para un poder del Estado. “No es que es un privilegio de los vocales del Superior Tribunal. Todos cobran viáticos”, remarcó.
En cuanto al control, explicó que existe un reglamento interno que establece montos y condiciones, y que los gastos están auditados por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, reconoció que no se rinden cuentas documentadas sobre la ejecución de cada viático. “No le pido a un vocal que se saque una foto en Buenos Aires para justificar que estuvo allí. Hay un margen de confianza”, sostuvo, aunque admitió que “siempre se puede mejorar”.