Para el Sindico, el contador Héctor Russo «es preocupante estos niveles porcentuales que se estiman normal y aceptable…¿Será tan así?», se pregunta Maidana, un histórico luchador por una tarifa justa y razonable en la región de Salto Grande.

«Normal y aceptable», la pérdida en red según expresa el síndico en el último párrafo de la captura del Balance 2023-2024

El consumo residencial facturado en ese período fue de 141.977.662 kWh entre 53.962 conexiones, con una recaudación de $5.326 millones. La energía perdida representa más de la mitad de ese ingreso, estimada en $2.812 millones si se aplica el valor promedio del kWh, que fue de $37,52.

La pérdida en red según se expresa en el último cuadro que detalla los rubros analizados en el balance

Para Maidana, el problema no es técnico sino estructural, y tiende a agravarse. “La situación económica de los socios es crítica. Esta pérdida equivale a casi todo lo facturado al rubro comercial y triplica lo del sector industrial. Las tarifas se vuelven impagables, muchos dejan de abonar o lo hacen con mora, y aumentan las conexiones clandestinas y el vandalismo sobre la red. Con la quita de subsidios, la tendencia es que el problema crezca”.

Además, recordó que en 2001, cuando la cooperativa atravesó su peor crisis, las pérdidas en red llegaban al 38,5%. “Hoy estamos en el 20,74%, pero con un escenario similar: caída del poder adquisitivo, recesión, y una política energética que no contempla las particularidades de una empresa chica como la nuestra. Vamos camino a una nueva crisis si no se revisa este rumbo”.

En ese sentido, criticó que la cooperativa esté obligada a operar con los mismos márgenes y costos que ENERSA, la empresa estatal provincial que abastece a más de 400 mil usuarios. “Nosotros tenemos apenas unas decenas de miles de conexiones. Es un despropósito”, sostuvo.

La situación se agrava por el contexto tarifario: los aumentos en generación y transporte, junto con la eliminación de subsidios, hacen que cada kWh perdido tenga un impacto económico mayor. A eso se suma, según denunció Maidana, un ente regulador provincial (EPRE) intervenido y debilitado, sin control ciudadano ni equilibrio institucional.

“La pérdida no es solo técnica: es social y política. En épocas de ajuste, cuando cada peso cuenta, resulta inadmisible que se pierda más del 50% de lo que se recauda solo en el rubro residencial”, enfatizó.

Finalmente, instó a los usuarios a involucrarse: “Hay que exigir una revisión de la política energética y la normalización del EPRE, como manda la ley. No esperemos la próxima factura para quejarnos: reclamemos ya, como socios y ciudadanos”, concluyó.