En un comunicado, la CTA señaló que, a 40 años de democracia argentina, «es inaceptable la violación de los derechos humanos».
Participarán de la rueda de prensa el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel, Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Horacio Pietragalla (secretario de Derechos Humanos de la Nación), senadores y diputados oficialistas y del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.
También lo harán referentes de la UBA, integrantes de organismos de derechos humanos, la CTA, su par Autónoma (CTAA), la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, la Ctera, la UTEP, la CCC, el Espacio Producción y Trabajo (Pymes y cooperativas) y personalidades de la vida política y cultural del país, informó Enrique Rositto, secretario de Comunicación de la central obrera que lidera Yasky.
El lunes pasado, la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), que lidera Hugo Yasky, repudió el decreto del gobernador jujeño Gerardo Morales que limita la protesta social y aseguró que la provincia es «el globo de ensayo del ajuste con represión», por lo que convocó de urgencia para este martes a una jornada nacional de lucha y movilización.
Un comunicado firmado por el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) y el secretario de Comunicación de la central, Enrique Rositto, rechazó ese día «la avanzada autoritaria de Morales contra quienes alzan su voz en defensa de sus derechos».
«El gobernador, quien entre gallos y medianoche promueve una reforma constitucional inconsulta y violatoria del artículo 14 bis, procura ahora consolidar una especie de estado de sitio permanente con la suspensión del derecho a la protesta con un decreto que prohíbe a los sectores populares manifestarse, con penas de gobiernos dictatoriales», dijo.
Para la central obrera, la medida es «el globo de ensayo de lo que Juntos por el Cambio (JxC) tiene previsto realizar si es gobierno a fin de impedir las protestas que generarán sus anunciados planes de ajuste, ya que el decreto 8.464/23 procura penalizar la protesta social y cercenar el derecho de huelga consagrado en la Constitución, los tratados internacionales y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».
Fuente: Télam