El problema de Concordia no es simplemente si el municipio gasta más o gasta menos. El verdadero problema es otro: saber si los recursos públicos se están administrando mejor o si, bajo el nombre de eficiencia, lo que se está haciendo es simplemente ajustar.
Porque una cosa es ordenar las cuentas y otra muy distinta es achicar el Estado municipal sin medir las consecuencias. En criollo: no alcanza con decir “gastamos menos”. La pregunta que importa es si, después de ese recorte, la ciudad funciona mejor, igual o peor.
En los últimos días, el Departamento Ejecutivo Municipal informó que, durante una reunión de gabinete encabezada por el intendente Francisco Azcué, se analizó la evolución de las finanzas municipales del primer cuatrimestre del año.
Según lo comunicado oficialmente, a pesar de una caída del 20% en los ingresos por coparticipación nacional, el municipio habría logrado sostener el equilibrio financiero mediante un ordenamiento de las cuentas públicas, el fortalecimiento de la recaudación propia y una reducción del gasto corriente.
El dato presentado como principal logro fue la disminución del gasto corriente, que habría pasado de aproximadamente 37.000 millones de pesos a 32.000 millones de pesos en comparación con el mismo período del año anterior. Es decir, una baja cercana a los 5.000 millones de pesos, aunque el propio comunicado oficial menciona un ahorro aproximado de 4.500 millones.
Hasta ahí, el dato puede sonar positivo. Menos gasto, cuentas ordenadas, equilibrio financiero. Pero en la administración pública las cosas no son tan simples. Una planilla puede cerrar, pero eso no significa necesariamente que la ciudad esté mejor.
Es importante resaltar que la Municipalidad de Concordia no tiene como problema principal el equilibrio fiscal, porque desde hace más de dos décadas el municipio viene sosteniendo sus cuentas públicas con equilibrio. Es decir, Concordia no es un municipio que históricamente haya vivido en una situación de descontrol fiscal permanente.
El verdadero problema actual es otro: el equilibrio parece estar lográndose cada vez más por la vía del achicamiento permanente del gasto y no por una mejora estructural de los ingresos propios.
Al igual que ocurre con el modelo nacional, se presenta como eficiencia lo que muchas veces puede ser simplemente ajuste. Y en el caso de Concordia, además, esto se da en un contexto de pérdida progresiva de autonomía financiera, donde la recaudación propia se debilita año tras año y el municipio depende cada vez más de recursos externos.
Dicho de manera sencilla: si el municipio depende cada vez más de recursos que vienen de afuera y recauda proporcionalmente menos por sus propios medios, entonces pierde capacidad de decisión. Pierde autonomía. Y cuando se pierde autonomía financiera, también se limita la posibilidad de planificar políticas públicas propias.
Por eso, el desafío no debería ser solamente gastar menos, sino recaudar mejor, fortalecer los recursos municipales y evitar que la reducción del gasto termine afectando la cantidad y calidad de los servicios públicos que recibe el vecino.
Y allí aparece un error importante en materia de administración pública: suponer que reducir gasto corriente, por el solo hecho de ser gasto corriente, constituye automáticamente una señal de eficiencia.
Esto no necesariamente es así. En finanzas públicas, el gasto corriente no es sinónimo de gasto improductivo. La clasificación entre gasto corriente y gasto de capital es una clasificación presupuestaria, contable y administrativa.
Sirve para ordenar las cuentas del Estado, pero no alcanza por sí sola para determinar si un gasto es bueno o malo, necesario o innecesario, productivo o improductivo.
En palabras más simples: no todo gasto corriente es malo y no toda obra pública es buena. Hay gastos corrientes que sostienen todos los días el funcionamiento básico de la ciudad. Y también puede haber inversiones que se anuncian como grandes obras, pero que no resuelven ningún problema real.
Reducir este tipo de gastos puede ser positivo si lo que se eliminan son privilegios, gastos superfluos, contratos innecesarios, estructuras duplicadas o erogaciones sin impacto real en la vida de los vecinos.
Pero también puede ser negativo si la reducción termina afectando la calidad de los servicios públicos, la capacidad operativa del municipio o el mantenimiento cotidiano de la ciudad.
Del mismo modo, tampoco puede sostenerse que todo gasto de capital sea automáticamente bueno, productivo o estratégico. Una obra pública puede ser necesaria, transformadora y socialmente prioritaria. Pero también puede ser una inversión mal planificada, sobredimensionada, sin mantenimiento futuro o pensada más como vidriera política que como solución estructural para los vecinos.
Por eso, no alcanza con decir: “bajamos el gasto corriente”. La pregunta seria es otra: ¿qué gasto se bajó, de dónde se recortó, qué servicios se preservaron y qué resultados concretos obtuvo la ciudad con esa decisión?
Por eso, el debate correcto no es gasto corriente versus gasto de capital. El verdadero debate es entre gasto útil y gasto inútil; entre gasto eficiente y gasto ineficiente; entre gasto con impacto social y gasto sin resultados concretos.
La caja puede cerrar, pero si la calle está rota, si la luz no funciona, si el barrio no tiene respuestas o si los servicios se deterioran, entonces el equilibrio fiscal no alcanza para hablar de buena gestión.
Por eso, la discusión debe elevarse. No se trata de gastar más por gastar más, ni de defender gastos innecesarios. Se trata de administrar con inteligencia. De identificar qué gastos agregan valor público y cuáles no.
La eficiencia pública no puede medirse únicamente por cuánto se recorta. Debe medirse por la calidad del servicio que recibe el vecino, por la mejora en la infraestructura, por la transparencia en el uso de los recursos, por la capacidad de respuesta del municipio y por el impacto concreto de cada peso invertido.
En Concordia necesitamos discutir con seriedad la calidad del gasto público municipal. No alcanza con anunciar ahorros. Hay que demostrar que esos ahorros no deterioran los servicios esenciales y que los recursos reasignados efectivamente llegan a los barrios, mejoran la infraestructura y resuelven problemas reales.
La ciudad necesita orden fiscal, sí. Pero también necesita planificación, sensibilidad, eficiencia operativa y una administración que entienda que gobernar no es simplemente gastar menos. Gobernar bien es gastar mejor.