Los autores de esta nueva «conquista del Desierto argentino» son, por ejemplo, procesistas que hoy respaldan a Milei y Villarruel, así como extranjeros como el empresario chileno Maximiliano Ibáñez Bulnes, cuya familia fue parte del golpe de Pinochet y luego defendió esa dictadura. Ibáñez Bulnes se apoderó de 60.000 hectáreas con un glaciar, ríos, lagos y bosques en zona de frontera con Chile en Santa Cruz, lo que vulnera la Ley de Tierras. Esto fue posible debido a un decreto de Mauricio Macri que benefició a las corporaciones extranjeras que poseen millones de hectáreas en Argentina, donde existe la mayor reserva de agua dulce, gas y petróleo no convencional a nivel mundial.
Este proceso no se llevó a cabo sin un «respaldo» jurídico, y el estudio que participó en esta ilegalidad es el conocido estudio de Jorge Pérez Alati de la Calle Montevideo. En realidad, se trata de familiares que participaron en el golpe de Estado contra Perón en 1955 y que se asociaron en su momento con los Martínez de Hoz (hijos de Alfredo), los Grondona (hijos de Mariano) y Aramburu (el hijo de Pedro Eugenio). Luego, extendieron sus sociedades con otros apellidos como O’Farrel y Marval, que participaron en negocios con fondos de inversión extranjeros, que compraron el Hotel Sheraton y la franquicia de los «Hoteles Marriot», entre otros.
El abogado Jorge Pérez Alati
Existe una causa judicial que se inició en 2019 y que puede prescribir en 2025, para lo cual trabaja este famoso estudio. Esto podría suceder si el Estado no impide que una sociedad extranjera se apodere de tierras con recursos naturales de la región. Ya se ha allanado el estudio de los herederos del ex-Jefe de Inteligencia de la dictadura de Aramburu y Rojas. Sin embargo, Pérez Alati tiene tanto poder como el mismo Poder Judicial y apuesta, como se menciona, a «dormir» este caso, que bien podría etiquetarse como traición a la Patria.
En la Patagonia, hay 5.536 hectáreas en manos de empresas chilenas, 38.000 hectáreas propiedad de alemanes y 47.764 hectáreas controladas por Gran Bretaña. Estos usurpadores de Malvinas y sus socios de la OTAN también poseen, a través del magnate Joe Lewis, 15.000 hectáreas secuestrando el Lago Escondido. A este predio vinieron a pescar truchas el Juez de la Suprema Corte de EEUU, Samuel Alito, junto a Paul Singer, perteneciente a los fondos buitres que demandan a Argentina.
Volviendo a la familia chilena Ibáñez Bulnes, la superficie total del campo que usurpó, con la complicidad del estudio de Pérez Alati, es de 1.013 kilómetros cuadrados, en la zona de frontera con Chile. Tanto es así que 554 kilómetros cuadrados quedaron del lado de Chile y 459 kilómetros cuadrados del lado de Argentina. El Directorio de la Compañía está encabezado por Ibáñez Bulnes y los argentinos Ezequiel Braun Pellegrini y Jaime Rafael Smart. Braun es familiar de ex-funcionarios macristas y está vinculado a los latifundios de la Patagonia, como los hipermercados La Anónima. Jaime Smart, que fue ministro de Gobierno Bonaerense de la dictadura, fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, durante el apogeo de los secuestros y torturas de la «patota» del Gral. Camps y el tristemente célebre Comisario Etchecolatz.
El Holding de capitales chilenos promueve sus emprendimientos en Torres del Paine con el lema «El lujo de lo esencial». Un beneficio para personas «cultas» pero de alto poder adquisitivo. Esto nos hace pensar que la colonización comienza con la manipulación masiva de las emociones y después la supresión de los «otros». O sea, promover el exterminio de los demás, llámense pueblos originarios y otros, y negar el terrorismo de Estado para apropiarse de tierras y recursos de nuestro país.
