La modificación de la Ley de Alquileres que promueve la oposición se encontró este martes con un primer obstáculo en el Senado. La “celeridad” que reclamaron para su tratamiento las principales espadas de Juntos por el Cambio en la Cámara alta se topó de frente con la postura del oficialismo de no votar el texto a libro cerrado, por lo que no hubo acuerdo y se convocó a un cuarto intermedio para este jueves, cuando volverán a reunirse en plenario las comisiones de Legislación General –cuyas autoridades fueron confirmadas en la previa– y Presupuesto. A los senadores de ambos bandos los esperan 48 horas de intensas negociaciones, en las que puede definirse el futuro de la norma y también el bolsillo de más de ocho millones de inquilinos. La apuesta del Frente de Todos pasa por rediscutir algunos aspectos clave del proyecto que llegó con media sanción desde Diputados la semana pasada y, además, introducir en el paquete dos temas adyacentes pero igualmente claves para el acceso a la vivienda: los créditos UVA y las plataformas de alquileres temporarios, como AIRBNB.
Entre los senadores del oficialismo primó la postura de aceptar el pedido opositor de no cajonear el proyecto con media sanción de Diputados, lo cual quedó claro el viernes pasado, cuando el formoseño José Mayans (presidente del interbloque del Frente de Todos) y el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) acordaron darle vía libre al debate esta semana. Básicamente, porque la mayoría de los senadores del peronismo están de acuerdo en que la ley vigente es mala –algo que ya habían sostenido en años anteriores Sergio Massa y el propio presidente Alberto Fernández, entre otros— y debe ser modificada. De todos modos, tampoco están dispuestos a votar el proyecto opositor tal como llegó, del que están aún más lejos. Por eso, la apuesta es introducir cambios vía «consenso», y que cada bando pueda ceder en alguno de los artículos clave.
Los senadores de la oposición también están abiertos a la discusión. Muchos de ellos, como Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, sostuvieron que la media sanción de Diputados «no es la mejor ley». Zimmermann, luego del debate, advirtió que está dispuesto a «escuchar a los especialistas y abrir del debate para encontrar una solución política final, mas allá de lo que nosotros pensamos».
Del resultado de esas negociaciones saldrá, probablemente, un nuevo texto, del que están pendientes las organizaciones de inquilinos y las cámaras inmobiliarias, cuyos representantes serán citados a disertar a partir del jueves para un debate que se extenderá por lo menos hasta la semana que viene. El mayor apuro lo tiene la oposición, que pretende anotarse la posible nueva norma como un triunfo propio antes de las generales de octubre. Lo más probable es que llegue con lo justo: si se acuerda un dictamen de consenso, el texto con modificaciones deberá ser primero aprobado en el Senado y luego regresar a Diputados, donde obtuvo una media sanción con los números muy justos.
Las organizaciones de inquilinos, igualmente, son pesimistas sobre el panorama que tienen por delante. “Las modificaciones que ya aprobó Diputados son las que pidió el mercado inmobiliario y son un retroceso en materia de derechos para nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para revertirlas y daremos el debate en el Senado, pero el escenario no es bueno: pareciera que regular el mercado en la argentina es un pecado imperdonable”, señaló a Página/12 el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz.
Los cambios a los cambios
El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados introduce varias modificaciones a la norma vigente: reduce de tres a dos años la duración de los contratos y deja librado a un “acuerdo entre las partes” el monto de los aumentos, que podrán darse ahora dentro de un plazo mínimo de cuatro meses, y no de un año. Además, rehabilita los pagos por adelantado a pedido del locatario, entre otras reformas.
El oficialismo pedirá modificaciones en algunos de los artículos, pero no en todos. Los principales objeciones, según expuso la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, Anabal Fernández Sagasti, pasan por los pagos adelantados, los plazos del contrato (especialmente el tratamiento similar que se le da a las viviendas con los locales comerciales) y la reposición de “una referencia para establecer los montos de los alquileres”. En la ley vigente, ese cálculo se realiza entre un promedio entre los sueldos del RIPTE y el índice de inflación.
Juliana Di Tullio, por su parte, propuso volver a los tres años de contrato y brindar exenciones impositivas a aquellos propietarios con hasta dos viviendas en alquiler, como incentivo para que regresen al mercado formal, una situación que se agravó con la irrupción de las plataformas para alquileres temporarios, un problema que afecta mayormente al AMBA y a las localidades turísticas. “El principal problema del proyecto de la oposición es que equipara la situación entre inquilinos y propietarios”, dijo y pidió “escuchar a todas las partes” para “poder emitir un dictamen”.
La regulación de AIRBNB
El oficialismo, además, introdujo al debate un aspecto novedoso, al menos en términos parlamentarios, de la discusión por los alquileres: los temporarios. La idea es debatir sobre la base de un proyecto de «Contratos de Alquiler Temporario de Vivienda para uso turístico» que lleva la firma de la santacruceña Ana María Ianni y propone regular –y desdolarizar– a las plataformas como AIRBNB, que están fuera del marco normativo del Estado. Incluso propone sanciones por incumplimientos.
Sería un complemento clave para la ley de alquileres. «Además de la inflación, buena parte del problema de la falta de oferta en el mercado son los alquileres temporales», sentenció Di Tullio. Según un informe reciente del Centro de Estudios Metropolitanos, unas 15.000 propiedades que podrían estar alquilándose en CABA fueron desplazadas al mercado de alquileres temporarios.
También se le dará prioridad al alivio para deudores UVA. “Nosotros somos muy conscientes de la situación angustiante y de incertidumbre, y muchas veces desesperante como pueden ser los créditos UVA, y para eso hacen falta consensos”, remarcó Fernández Sagasti.
Fuente: Pagina 12
