La convocatoria estuvo respaldada por las instituciones que sostienen la vida universitaria en la ciudad como la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la UTN–Facultad Regional Concordia, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

También se hicieron presentes gremios como ATE, AGMER, SIATRASAG y Luz y Fuerza. En el plano político, participaron el Partido Justicialista (PJ) con sus distintas expresiones —PAR, Renovación Peronista, Unidad Peronista—, así como concejales del bloque justicialista: Carolina Amiano, Claudia Villalba, Pablo Bovino y Guillermo Satalía Méndez . Se sumaron además la agrupación Concordia lo Siente, Peronismo Amplio Renovador (PAR), la lista Ahora 503, junto a espacios como Patria Grande, Surge, la Fundación Garrahan Concordia y el Polo Obrero, entre otros. También entre los docentes y funcionarios de la UTN, estuvo mezclado el hoy ex funcionario de la gestión Azcué en el INVyTAM, Giuliano Rossi.

Las principales consignas apuntaron contra las políticas del presidente Javier Milei, pero en la movilización también hubo lugar para críticas al gobernador Rogelio Frigerio y al intendente de Concordia Francisco Azcué, a quienes se señaló de ser aliados del presidente y -sobre todo- comulgar con sus políticas de ajuste a la educación, la salud y los jubilados.

En Plaza 25 de Mayo, la manifestación sumó un componente festivo cuando la multitud cantó y bailó al ritmo de “Alta coimera”, una canción que nació como sátira al escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpicó a la secretaria privada y hermana del presidente, Karina Milei.

Luego, el acto tuvo un tono más solemne cuando se entonó el Himno Nacional Argentino y se leyó un documento que advirtió sobre la crisis del sistema universitario, con denuncias de desfinanciamiento sostenido, salarios a la baja y la creciente fuga de docentes universitarios, que ante la imposibilidad de sostenerse con sus ingresos, dejaron de dar clases y buscaron otros medios de vida.

El comunicado conjunto que fue leído en la plaza 25 de Mayo:

En esta marcha, convocada bajo el lema Contra nadie, a favor de todos, caminamos en defensa de la universidad pública y de la educación pública en todos sus niveles, a nivel nacional, provincial y municipal. Marchamos también por la defensa del sistema de salud, por los derechos de quienes construyeron este país, nuestros jubilados, por las personas con discapacidad y por cada derecho que garantiza una vida digna para todos.

La Ley de Financiamiento Universitario 27.795 constituye una herramienta fundamental para garantizar el sostenimiento de las actividades académicas, la producción de conocimiento, la investigación científica y la extensión universitaria. Esta ley permite que docentes, investigadores y trabajadores no docentes accedan a paritarias regulares y condiciones salariales dignas. Y además asegura el sostenimiento y la mejora en infraestructura y equipamiento, indispensables para responder a lo que la sociedad espera de nosotros.

Sin embargo, desde diciembre de 2023, los salarios del personal universitario han sufrido una grave pérdida del poder adquisitivo, reconocida incluso por el propio Gobierno Nacional que en el Decreto 647.2025, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se vetó la Ley de Financiamiento Universitario. La realidad es alarmante. En 2024, la inversión en universidades nacionales cayó un 22% en términos reales y para 2025 se proyecta un retroceso adicional del 8,8%, además de la pérdida acumulada desde diciembre de 2023.

Más de 90 obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria permanecen paralizadas, a pesar de los contratos firmados con el Estado Nacional. No se han actualizado las becas ni los programas de asistencia a estudiantes universitarios. El sistema científico atraviesa una situación crítica, terminal, prácticamente sin líneas de financiamiento activas.

Se registra una pérdida significativa de docentes, no docentes y profesionales altamente capacitados, cuya experiencia resulta irreemplazable. En el último año y medio, la tasa de renuncias y jubilaciones anticipadas ha sido entre dos y tres veces mayor al promedio histórico. El ingreso a los dos grados también se ha visto fuertemente afectado.

Solo en las carreras de doctorado, la matrícula se redujo aproximadamente a la mitad en los últimos dos años. Frente a esta realidad, solicitamos con urgencia incrementar de manera racionable los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme a la inflación, para garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión. Solicitamos actualizar los salarios de docentes y no docentes mediante convocatorias a paritarias libres, sostener e incrementar los programas de becas estudiantiles, indispensables para la permanencia y graduación de miles de estudiantes.

Solicitamos dar continuidad a los programas universitarios destinados a obra y equipamientos fundamentales para la calidad de la enseñanza y de la investigación. Solicitamos garantizar el presupuesto necesario para sostener plenamente las actividades de docencia, investigación y extensión polares estos de la universidad pública. El Consejo Interuniversitario Nacional, ante el mensaje del presidente Javier Milley sobre el Proyecto de Presupuesto 2026, expresó con claridad que es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario.

Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo significan simplemente anualizar lo percibido en diciembre de 2025, muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que el sistema funcione con normalidad. Dicho de otro modo, para 2026 se prevé prácticamente el mismo presupuesto que en 2025, un año que vivimos en peligro. Es entonces un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico.

La expectativa está puesta en el Congreso de la Nación, que mientras marchábamos tuvimos la noticia que nuestro Congreso Nacional rechazó el veto a la Ley de Financiamiento. Es por ello que en este momento agradecemos a quienes nos apoyaron, a esos legisladores que comprendieron que no podemos coartar el sueño de miles de compatriotas, que tenemos que seguir sosteniendo los derechos ya conquistados en la universidad pública. Estamos convencidos de que la educación, la ciencia, el arte y la tecnología no son gastos, sino inversiones estratégicas que generan progreso individual y colectivo y constituyen un pilar esencial para el crecimiento y la soberanía nacional.

Hoy marchamos con la certeza de que la universidad pública es patrimonio de toda la sociedad argentina. Lo hacemos con la fuerza de miles de voces unidas en un mismo reclamo, universidad pública siempre. Porque defender la universidad pública es defender el futuro de la República Argentina.