“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, respondió Ravier durante la entrevista para El Diario, de La Pampa.
“El vocero presidencial confirma alegremente esto que venimos sosteniendo hace tanto tiempo que es la malversación de fondos viales que son más de $ 3.200 millones anuales”, destaco Lasca. “El vocero no se si se le fue la boca o que pasó pero fue muy honesto con lo que está pasando que es una barbaridad” dijo además el presidente de la CONADUV. Desde 1989 que vienen denunciado el desvío de fondos. Pero trascurridas más de tres décadas, mencionó que comenzaron a presentarse denuncias por ese tema. “Esto lo hemos dicho hace mas de 30 años”, sostuvo.
Más adelante, explicó que con $ 3.200 millones se pueden construir 2.000 kilómetros nuevos de autovías por año. Lasca dijo que solo basta pensar en la red vial de autopistas o autovías que tendría el país. “En un año no se va a hacer todo pero han pasado tantos años que han robado este dinero”, graficó.
Lasca sostuvo que no solo se han quejado sino que han acercado propuestas al Congreso sobre la cuestión. “Hemos presentado un proyecto de ley que fue cajoneado que había sido avalado por muchas provincias que creaba una comisión de seguimiento del Impuesto a os Combustibles en el Congreso con la participación de los usuarios viales: el sector agropecuario, el transporte de cargas, el transporte de pasajeros para que no se lo roben más. Pero no, se lo cajonearon”, mencionó.
Por otra parte, Lasca mencionó que Milei comenzó a pasar la potestad de las rutas a las provincias pero sin fondos. De esa forma, Vialidad nacional quedará como un organismo residual. En esa línea, mencionó que en Mendoza se produjo un problema grave con la situación que provocó un temporal de nieve. “Las máquinas no funcionan y se las agarran con la gente de Vialidad”, mencionó.
Hace un mes que está cerrado el Cristo Redentor por un temporal de nieve histórico. Se trata del paso internacional más importante de Argentina a Chile. El impacto más visible se observa en el transporte de cargas. Según estimaciones de sectores vinculados a la logística, entre 2.000 y 3.000 camiones permanecen a la espera de poder cruzar hacia Chile.
Negocios brillantes
Para la CONADUV, construir una ruta no es un gasto sino una inversión que genera numerosos beneficios para la comunidad. “No se puede aplicar un método que no sirve que es este falso peaje o impuesto al tránsito que nos cobran”, indicó. Lasca sostuvo que las concesiones de rutas que ha realizado el gobierno actual son peores que las de la década del 90. “Nos mienten, dicen que no hay plata pero la plata está: es la del Impuesto a los Combustibles”.
En ese sentido, sostuvo que se instala una estación de peaje cada 90 km. y las únicas contraprestaciones de las empresas son el corte de pasto y el bacheo. Como ejemplo, mencionó el caso de la concesión del puente Rosario-Victoria. “Es un puente que fue recontrapagado y amortizado con plata del Estado Nacional. Les dan la concesión del puente y de 50 km del Viaducto de la ruta nacional 174 para un señor que está en el juicio oral de los Cuadernos solamente para cortar el pasto y no puso un peso para hacer el puente”, recalcó en referencia al pool de empresas viales que se hicieron cargo de la concesión . En la causa mencionada, que se encuentra en la fase de juicio oral, hay más de 60 empresarios acusados de pagar coimas e integrar un sistema de recaudación ilegal para la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.
“Es un negocio brillante de inversión cero y riesgo cero. Si hay un accidente, llaman a Bomberos Voluntarios y si hay algún herido, va a un hospital público de alguna localidad. No ponen un peso”, fustigó Lasca.
Paralelamente, sostuvo que la tarifa del puente aumentó un 400 % en seis meses. “Valía $ 1.000 y pico y ahora vale $ 5.000 el auto y cerca de $ 40.000 el transporte de cargas. Es una locura”, acotó.
Mas de 4.000 victimas fatales por año
En ese sentido, Lasca sostuvo que ningún gobierno se hace cargo de la cantidad de muertos y heridos que se podrían haber evitado si se hubiera invertido el porcentaje del Impuesto a los Combustibles como corresponde al mantenimiento de las rutas.
El responsable de la CONADUV dijo que el mal estado de las rutas donde se nota la huella del transporte de cargas –en la Autovía 14, el carril derecho de la mano que va de sur a norte es un buen ejemplo—se debe a que solo funciona el 30 % de las balanzas que están asignadas a Vialidad Nacional. Por ende, un camión puede circular con 50 toneladas de peso en lugar de las 30 toneladas como máximo permitidas. En realidad, son 45 toneladas el peso máximo permitido.
Lasca trajo un dato a colación: aunque en 2024 Argentina logró reducir la cantidad de víctimas fatales respecto de años anteriores, hubo más de 4.000 fallecidos anuales, el 50 % en accidentes rutas nacionales y provinciales. Dijo que había que recorrer varios años para atrás para tomar dimensión acerca de cuantas víctimas fatales hubo. “Los funcionarios van y vienen como si nada, nadie los procesa”.
Denuncia en la Justicia Federal
El escrito apunta, entre otros, contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, además de integrantes del directorio de la entidad y otros funcionarios que eventualmente resulten responsables.
Los denunciantes pidieron investigar si las conductas señaladas podrían configurar el delito previsto en el artículo 189 del Código Penal, estrago, además de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Uno de los puntos cuestionados es el manejo de los recursos recaudados para el fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, cuya finalidad está vinculada al financiamiento de obras e infraestructura vial. Según la denuncia, una publicación periodística reveló que el Gobierno habría recaudado $1,5 billones para rutas y obras viales, pero habría ejecutado solamente una parte de esos recursos. El escrito sostiene que el artículo 15 del Decreto 976/2001 establece límites sobre el uso de esos fondos y prohíbe destinarlos a gastos ajenos a los previstos.
Para los denunciantes, la cuestión no se limita a una discusión presupuestaria: sostienen que la falta de utilización de recursos destinados específicamente al mantenimiento vial puede tener consecuencias concretas sobre la seguridad de los automovilistas.
“La subejecución de fondos presupuestarios y fiduciarios para el mantenimiento del ‘Sistema Vial Integrado’ (SisVial), el abandono de relevamientos y producción de información de seguimiento sobre el estado de los caminos, y la vigente recaudación de la Tasa sobre el Gasoil sin aplicación a su afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura, tienen entidad suficiente para generar peligro o causar la muerte de las personas que transitan la red caminera”, afirma la presentación, según publicó C5N.
Estrago en el Código Penal
La denuncia busca encuadrar los hechos en el artículo 189 del Código Penal, que contempla el delito de estrago cuando, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, se causa un incendio u otros estragos.
El escrito cita expresamente la norma: “Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”.
A partir de ese encuadre, los denunciantes sostienen que podría existir responsabilidad en distintos niveles de la administración pública, incluyendo a las autoridades encargadas de la seguridad vial y a quienes tienen responsabilidades dentro del Banco Nación en su carácter de fiduciario. “Resulta evidente, en el caso que nos ocupa, que podrían existir responsabilidades de la autoridad de aplicación en toda la línea jerárquica”, afirma la denuncia.
La presentación solicita una serie de medidas para determinar si efectivamente existió una relación entre la falta de mantenimiento, la utilización de los fondos y el aumento de los siniestros.