Una afiliada de 68 años tuvo que recurrir a la Justicia Federal de Concordia para conseguir una prótesis de rodilla que necesitaba para una cirugía indicada por sus médicos. La jueza Analía Graciela Ramponi hizo lugar al amparo y ordenó al INSSJP-PAMI brindar el 100% de cobertura y entregar la prótesis en un plazo de 10 días.
La mujer padece gonartrosis y, según la presentación realizada ante la Justicia, la enfermedad le provocaba un compromiso severo de la rodilla, alteraciones en la estabilidad articular y una limitación importante para caminar. También se consignó que sufría dolores intensos, había tenido caídas y dependía de terceros para desenvolverse en algunas actividades cotidianas.
Los médicos tratantes habían indicado como alternativa terapéutica una prótesis total de rodilla de revisión, con vástagos femorales y tibiales, además de otros componentes necesarios para la intervención. Sin embargo, la demora en concretar la prestación llevó finalmente el caso a la Justicia.
La resolución judicial, en tanto, no se limitó a ordenar la entrega del insumo. Ramponi también dispuso poner en conocimiento de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación lo resuelto, para que el organismo evalúe dentro de sus competencias de fiscalización y control, las medidas que considere pertinentes frente a la “problemática estructural” descripta en la sentencia.
Burocracia
Uno de los puntos centrales que señala fallo es que las cuestiones administrativas entre los agentes de salud y sus proveedores no pueden terminar afectando el acceso a una prestación médica necesaria.
“Las exigencias de índole administrativa no constituyen una justificación suficiente frente a requerimientos asistenciales vinculados con la salud y rehabilitación integral de una persona mayor de edad”, sostuvo la Jueza.
De esta manera, la resolución pone el derecho a la salud por encima de las demoras, trámites o desacuerdos que puedan existir entre PAMI y las empresas encargadas de proveer los insumos.
En el caso concreto, la Justicia consideró que correspondía garantizar la prestación y fijó un plazo de 10 días para que PAMI entregue la prótesis con cobertura integral.
“Pami colapsado”
La presentación judicial fue realizada por los abogados Horacio Velázquez Pons y Alexis Edgardo Blitman, quiénes plantearon la situación de vulnerabilidad de la afiliada y fundamentaron el amparo en las normas de protección de las personas mayores, entre ellas la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las 100 Reglas de Brasilia.
Al respecto, Pens habló con DIARIOJUNIO sobre el caso y planteó que esta situación se repite en otros casos. “PAMI está colapsado, y el amparo es la única herramienta que estamos teniendo los abogados de Concordia para que cumpla con las prestaciones”, afirmó.
Tras ello, sostuvo que los estudios jurídicos de Concordia están recurriendo cada vez más a los amparos para conseguir respuestas de PAMI y remarcó: «se está dando una situación inédita a nivel país, porque es la única manera de obtener prestaciones y cirugías”.
La situación planteada por el abogado se vincula con uno de los puntos que llevó a Ramponi a poner la sentencia en conocimiento de la Superintendencia de Servicios de Salud: la problemática que generan las demoras y trabas administrativas en el acceso a las prestaciones.
La intervención de la Superintendencia
La decisión de notificar a la Superintendencia de Servicios de Salud le da al caso una dimensión que va más allá de la situación particular de la afiliada.
Además de ordenar a PAMI la entrega de la prótesis, la Justicia Federal de Concordia decidió poner la sentencia en conocimiento del organismo encargado de fiscalizar el sistema, y la jueza pidió que evalúe las medidas que correspondan frente a la problemática descripta, dentro de sus facultades de control sobre los agentes del seguro de salud y las entidades de medicina prepaga.