La Justicia Federal de Concordia dictó un fallo favorable para personas con discapacidad que reclamaban la restitución de pensiones no contributivas suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una resolución que podría marcar un precedente para decenas de miles de casos en todo el país. En diálogo con DIARIOJUNIO, el abogado concordiense Horacio Velázquez Pens, patrocinante de algunos de los amparos junto al doctor Alexis Blittman, aseguró que se trata del primer caso favorable en Entre Ríos tras años de rechazos administrativos.

El STJER anuló una norma que obligaba a magistrados, funcionarios y empleados judiciales jubilados a suspender su haber previsional para poder volver a ejercer la abogacía. Consideró que la medida era discriminatoria, vulneraba el derecho al trabajo y la igualdad, y ordenó la rehabilitación de una matrícula profesional en un caso concreto.

El Juzgado Laboral N° 2 de Concordia hizo lugar a una demanda presentada por una trabajadora municipal y delegada gremial, y declaró la nulidad del Decreto N° 1375/2025 dictado por la Municipalidad de Concordia, al considerar que vulneró de manera directa la tutela sindical prevista en la Ley 23.551. La resolución ordena la inmediata reinstalación de la agente en su puesto original dentro de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), con idénticas funciones y condiciones laborales a las que tenía antes del traslado. “La protección sindical no es simbólica: exige control judicial previo ante cualquier modificación laboral”, sostuvo en DIARIOJUNIO el abogado defensor de la trabajadora, Emiliano Delgado.

En su presentación judicial, el amparista describió un extenso derrotero administrativo: tras iniciar el pedido de cobertura, recibió evasivas y negativas reiteradas. Incluso luego de formalizar un reclamo el 25 de febrero, la obra social ratificó su rechazo al día siguiente, reiterando que el fármaco estaba “fuera del vademécum”. Para el juez, ese accionar prolongó innecesariamente el padecimiento del paciente y agravó su situación de vulnerabilidad.

Se trata de la firma Waigel y Cía. S.A., una constructora con base en Crespo que durante años fue una de las más importantes de la región hasta su caída y quiebra. Sus directivos fueron condenados por vaciarla antes del colapso, mediante transferencia de bienes, ocultamiento de activos y maniobras para eludir el pago a más de 1700 acreedores. A casi dos décadas de aquellos hechos, la Justicia entrerriana aprobó una nueva distribución de fondos, aunque muchos damnificados aún esperan recuperar su dinero.

El máximo tribunal provincial hizo lugar a la apelación presentada por el Ejecutivo local y revocó un fallo de primera instancia que ordenaba restituir en su cargo a un trabajador contratado. La sentencia ratifica que el ingreso con estabilidad al empleo público debe realizarse por concurso.

Luego de un extenso conflicto judicial y político que se prolongó durante casi cuatro años, la Justicia laboral habilitó finalmente las elecciones en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). El próximo 29 de diciembre, más de 350 mil trabajadoras y trabajadores del sector podrán concurrir a las urnas para elegir a sus autoridades nacionales, cerrando así una de las disputas gremiales más prolongadas de los últimos tiempos.

La Justicia ordenó al Gobierno de Entre Ríos reintegrar haberes retenidos sin notificación previa a un agente estatal de Concordia con más de 30 años de servicio, al considerar la urgencia de proteger sus derechos alimentarios y los de su familia. "La retención de salarios se está utilizando de manera desproporcionada en el marco de sumarios administrativos", sostuvo en DIARIOJUNIO la abogada del trabajador afectado, María de los Ángeles Petit, y advirtió que "retener haberes indebidamente es la forma que usan para baja el gasto público"

El Juzgado Federal de Campana dictó sentencia definitiva haciendo lugar al amparo colectivo interpuesto contra el Decreto 681/2025 del Poder Ejecutivo Nacional. La decisión declara inválido el artículo 2° de ese decreto, que había suspendido la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, y ordena su aplicación inmediata e integral.

En un fallo sin precedentes, la jueza Adriana Acevedo dictó una medida cautelar que suspende las fumigaciones con drones en campos vecinos a una casa de familia del departamento Diamante. La decisión se tomó luego de acreditarse daño genético en una menor expuesta a agroquímicos y de constatar que este tipo de aplicaciones aún no están reguladas en Entre Ríos.