PAR (PJ) Gualeguaychú expresa su preocupación por los hallazgos judiciales en el Parque Industrial y exige transparencia

Si bien entendemos que la investigación se encuentra actualmente en la órbita de la Justicia Federal, las actuaciones judiciales y la información publicada en los últimos días por distintos medios de comunicación vuelven a poner en evidencia lo que consideramos un estrepitoso fracaso de los mecanismos de control y, eventualmente, posibles responsabilidades por acción u omisión ante un presunto delito de contaminación ambiental.

El medio digital Economía Sustentable, en su publicación del pasado 2 de junio, informó que «un fuerte operativo judicial y policial sacudió el Parque Industrial de Gualeguaychú tras ordenarse una serie de allanamientos y clausuras preventivas en un predio sospechado de provocar daños ambientales severos». Según la misma nota, la medida fue dispuesta por el Juzgado Federal interviniente luego de recibir denuncias vinculadas al presunto vuelco clandestino de efluentes líquidos y al almacenamiento irregular de residuos peligrosos.

Por otra parte, el portal Junio Digital publicó una columna de opinión del Dr. Luciano, en la que señala que durante las inspecciones fueron hallados «dos sistemas de By Pass y clausuradas llaves de paso», agregando además que «no había documentación sobre esa actividad».

Estos hechos adquieren una gravedad aún mayor si se los compara con la información brindada públicamente apenas unas semanas antes. El 23 de abril se desarrolló una audiencia pública en el Centro de Convenciones del Corsódromo, donde expusieron representantes de la Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), vecinos del Barrio Don Pedro —uno de los sectores más afectados por la problemática de los efluentes industriales— y la subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad, Lic. Ivana Zecca.

Durante esa audiencia, las expositoras coincidieron en señalar que el tratamiento de los efluentes se encontraba en proceso de normalización, que los parámetros de calidad se estaban adecuando a las exigencias de la normativa provincial y que el caudal del efluente se encontraba regulado en 15 metros cúbicos por hora.

Sin embargo, los resultados de las inspecciones posteriores generan serios interrogantes. La detección de sistemas de By Pass destinados a derivar efluentes hacia otros sectores resulta incompatible con la información que fue presentada públicamente durante la audiencia. Frente a esta situación, resulta legítimo preguntarse si las autoridades y representantes que participaron de aquella instancia contaban con toda la información necesaria al momento de exponer o si la comunidad recibió datos incompletos respecto de la verdadera situación ambiental.

Cabe recordar que desde hace más de un año se viene denunciando el vertido de efluentes industriales con un caudal estimado de 150 metros cúbicos por hora, equivalente a 150.000 litros por hora y más de 1.300 millones de litros al año. Estos efluentes terminan llegando al río Gualeguaychú, fuente de agua para potabilización y espacio de recreación y desarrollo de múltiples actividades de nuestra comunidad.

Por todo ello, desde PAR Gualeguaychú solicitamos la publicación inmediata y completa de todos los análisis realizados sobre los efluentes industriales, incluyendo los correspondientes a la canaleta Parshall, al punto de vuelco final y al agua destinada al consumo humano luego de su proceso de potabilización.

Asimismo, entendemos que la ciudadanía merece conocer con claridad qué ocurrió, quiénes eran responsables de los controles y cuáles fueron las acciones realizadas por cada organismo interviniente. De comprobarse irregularidades, omisiones o encubrimientos, deberán impulsarse las acciones administrativas y judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades de todos los involucrados.

La defensa del río Gualeguaychú, del ambiente y de la salud de nuestra comunidad exige transparencia, información pública y controles efectivos.