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Petit sobre la causa GNC: “Es una operación netamente política que busca un efecto mediático y oculta la imputación a funcionarios de la actual gestión”

Tras las recientes imputaciones en la causa que investiga la compra de GNC para el parque automotor municipal, la Dra. María de los Ángeles Petit —quien junto al Dr. Matías Lladós ejerce la defensa de cinco de los once imputados— sostuvo que la reactivación del expediente responde a motivaciones políticas, cuestionó que algunas publicaciones omitieran mencionar la imputación de la actual directora de Compras y Suministros, Patricia Miranda, y aseguró que existen pruebas que acreditan la existencia y utilización de vehículos municipales a gas.

Por: Diana Slavkin

18 junio, 2026

8:49 am

La Justicia de Concordia imputó a ex funcionarios municipales y a una funcionaria actual, en el marco de una causa por presuntas irregularidades en la compra de Gas Natural Comprimido (GNC) destinado al parque automotor municipal, en la que se investiga si los vehículos declarados como destinatarios del combustible existían y se encontraban efectivamente en funcionamiento. Los hechos abarcarían el período comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2023, durante las gestiones de Gustavo Bordet, Enrique Cresto. Entre los acusados, 11 en total, se encuentran la ex secretaria de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis; el ex director de Talleres y Depósitos, Jorge Raúl Pérez; el ex secretario de obras y servicios públicos, Luis Benedetto, la ex directora de Compras y Suministros, Liliana Freytas;, el ex coordinador Legal, Claudio D’Antonio, y la actual directora de Compras y Suministros, Patricia Miranda. Las imputaciones alcanzan los delitos de peculado, falsedad ideológica y abuso de autoridad.

La acusación judicial, según Petit

Al analizar la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Petit sostuvo que el expediente presenta irregularidades desde su origen. En ese sentido, recordó que la causa comenzó a investigarse en 2024 bajo la órbita del fiscal José Arias, quien posteriormente fue apartado luego de que la Cámara de Casación de Concordia hiciera lugar a una recusación planteada por la defensa.

Según explicó, tras esa resolución el período investigado fue ampliado desde enero de 2014 hasta diciembre de 2023, abarcando casi una década de actuaciones administrativas vinculadas a la adquisición de GNC para el parque automotor municipal.

Por otro lado, la letrada remarcó que la causa involucra a 11 imputados y no únicamente a la ex secretaria de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis, ni a ex funcionarios de la gestión de Enrique Cresto, como —según sostuvo— intentan reflejar algunas publicaciones.

“La nómina incluye tres ex secretarios de Obras Públicas, dos ex subsecretarios de Servicios Públicos, tres directores de Talleres de las gestiones de Gustavo Bordet y del actual intendente Francisco Azcué, un asesor legal, una ex directora de Compras y Suministros y la actual directora de Compras y Suministros”, detalló.

En ese sentido, cuestionó que la imputación de esta última funcionaria no haya sido mencionada en algunas de las publicaciones que informaron sobre el avance de la causa.

Números y pruebas incorporadas al expediente

La teoría fiscal sostiene que entre 2014 y 2023 se adquirió GNC para vehículos municipales que no existían. Frente a esa hipótesis, Petit afirmó que la propia investigación contiene documentación y testimonios que, a su criterio, contradicen esa acusación.

Según indicó, las compras observadas corresponden a operaciones realizadas en las estaciones de servicio Portal del Lago y Chiqui García por un monto total de 11.441.265 pesos durante nueve años, lo que representa un promedio anual de 1.271.251,60 pesos.

Asimismo, señaló que en el expediente constan los expedientes administrativos, los registros de compra, los vales que permanecían en poder de las estaciones de servicio y las declaraciones de empleados de ambas firmas, quienes afirmaron haber cargado GNC en vehículos municipales.

“La Municipalidad poseía camionetas y un auto a gas, que estaban debidamente avalados por el ente correspondiente y certificados. Lo que ocurrió es que en el año 2023, al comenzar la gestión de Azcué, estos vehículos fueron desmantelados”, indicó, y agregó que existe un listado de más de 50 agentes municipales que retiraron combustible de manera registrada durante el período investigado.

Cuestionamientos a la investigación

Uno de los principales planteos de la defensa apunta al momento en que la causa volvió a tomar estado público y al tratamiento informativo que tuvo el expediente. “Se trata de otra de esas causas que estaban dormidas hasta que el ex intendente Enrique Cresto declaró su anhelo de ser gobernador de la provincia hace una semana”, afirmó.

«Nada es casual en estas causas, ni las imputaciones ni que se publique la noticia obviando información importante como que una de las imputadas es la actual Directora de Compras y Suministros de la gestión de Francisco Azcué”.

Para la abogada, la circunstancia de que entre los imputados figure una funcionaria de la actual administración municipal debió haber sido consignada en las primeras publicaciones que dieron cuenta de las imputaciones.

El rol de los funcionarios imputados

Respecto de la participación atribuida a los acusados, Petit señaló que las imputaciones alcanzan a funcionarios que intervinieron en procedimientos administrativos previstos por la normativa municipal.

“Los funcionarios imputados lo son por haber visado las compras y firmado las órdenes de compra, todo dentro de las ordenanzas que así lo establecen. La Fiscalía opina que el solo hecho de firmar el acto administrativo que da origen a una compra ya te convierte en partícipe necesario”, expresó.

Sostuvo además que las actuaciones cuestionadas fueron realizadas dentro de los mecanismos administrativos vigentes en cada período. “Debe ser la única causa donde sólo se imputa a una de las partes”

Por último, Petit cuestionó que la investigación no haya alcanzado a otros actores que participaron de las operaciones bajo análisis. “Es una causa netamente política, tanto que quienes dijeron haber vendido el GNC, participado de los procesos de compra y recibido los vales que autorizaban el retiro no fueron imputados. Debe ser la única causa donde solo se imputa a una de las partes, pero eso sucede siempre cuando lo que se busca es un efecto mediático”.

Finalmente, expresó reparos respecto de la difusión pública de la causa antes de que los acusados fueran formalmente notificados. “Me llama mucho la atención que la noticia sea publicada antes de que los imputados vayan a declarar, y a los que ni siquiera se les ha leído formalmente la imputación, pero en estos temas el interés político es muy claro”, concluyó.

2 comentarios

  • Sin tener en cuenta la gestión actual del abogado Azcué, hasta que finalice, con tanta demanda, corrupción, mentiras, operaciones mediáticas y de Abogados, en el futuro, y con todo este infierno dañinos, de gobiernos, municipio, provincias y nación, como fue el de Menem, Macri, Milei, quien va a querer ser administrador de los bienes del estado y sus servicios. Nadie que sea capaz, honesto y decente, no va, ni arrimarse a la política o gobernaciones. Salvó siendo Abogados. Porque los hacen mierda….a todos. Quien se va a querer meter, solo serán los más audaces, y solo lo harán por la guita, afanes, trensas y caradurez, y no por conocimiento de la política y honradez, etc. Democracia, Nación, y otros poderes hechos merda. Argentina perdida. Y 220 años, con sube y baja, sin estabilidad, equidad y paz, llena de cipayos y ladrones. Una vergüenza.

  • Freitas no se saca fotos con el intendente.
    Y Miranda SÍ se saca fotos con el intendente.
    Claramente hay un direccionamiento político al mencionar una funcionaria de Compras y Suministros y ocultar a la otra. Parece que sacarse fotos con el intendente te resguarda…
    Tal vez la denuncia es real, y el peculado existió. O no.
    Lo que es real es la utilización política de esto.

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