Entre las interrogantes que persisten, la legisladora busca conocer si PTP Warrant S.A. cumplió con el plazo estipulado en el convenio para la presentación del Plan de Obras y, en caso afirmativo, poder acceder al mismo. También insiste en que se clarifique si el convenio fue debidamente ratificado por el Consejo Directivo del IPPER, compuesto, entre otros, por representantes del Poder Legislativo, tal como lo requiere la normativa. Además, se cuestiona la justificación de los significativos beneficios económicos otorgados a la empresa, tales como la bonificación del 40% de la tasa y la exención del canon durante los primeros 18 meses de operaciones.

La nueva presentación realizada ayer por la diputada Osuna ante el organismo del Poder Ejecutivo provincial apunta a obtener, de manera integral, toda la información referente al convenio que el gobernador Gustavo Frigerio acordó con PTP Warrant S.A.

Un punto crucial que también queda pendiente es la falta de información sobre los mecanismos de protección para la salud de los trabajadores portuarios y la conservación del ambiente del delta, dado que el acuerdo autoriza actividades relacionadas con la carga, descarga, acopio, trasbordo, almacenamiento y fraccionamiento de insumos contaminantes.

La falta de transparencia en torno a este acuerdo estratégico para el desarrollo provincial sigue generando inquietud, con la sensación de que el gobernador Frigerio no ha priorizado la claridad en la gestión del IPPER.