Organizaciones socioambientales de Concepción del Uruguay expresaron su rechazo al decreto del Ejecutivo municipal que busca suspender por tres meses la plena vigencia del Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental (COTA) y permitir, durante ese lapso, la presentación de proyectos urbanísticos bajo la normativa anterior. El planteo se realizó en una reunión con concejales que integran la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante, donde también se reclamó acceso a la información pública ante la falta de datos precisos sobre los supuestos expedientes que justificarían la medida.

Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación registra en el 2025 una reducción del 68,9% en términos reales respecto al 2023. A su vez, registró DIARIOJUNIO, cayeron también partidas claves como bosques nativos, manejo del fuego y parques nacionales.

El Superior Tribunal de Justicia resolvió rechazar los recursos de apelación interpuestos por la empresa Salentein Argentina BV, por Martín Fernando Beglinomini (por derecho propio) y Cristian Luis Stertz (en el carácter de presidente de la firma SYS S.A) por Jorge Rodríguez y por el gobierno de la provincia, contra la sentencia del 29 de mayo pasado, e hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora Fundación Cauce.

El Gobierno de Rogelio Frigerio declaró el estado de Emergencia Ambiental por tres meses y en todo el territorio entrerriano, con el objetivo de reforzar la lucha contra los incendios que se desatan en diversas zonas de la provincia. La norma, fijada mediante el decreto número 15 de 2025, fechado el 22 de enero, fundamenta que "la medida permitirá realizar las contrataciones e implementar las acciones conducentes a una eficaz atención de las zonas afectadas por los fuegos y sus daños asociados"

La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú rechazó una acción de amparo contra la provincia de Entre Ríos que había cuestionado las conclusiones de un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo sobre la extracción de arenas con destino al uso para quebrantamiento hidráulico para la extracción de petróleo. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se refirió al reciente fallo.