El primer relevamiento sobre cannabis para la salud en Entre Ríos aporta datos clave para desmontar prejuicios, visibilizar prácticas ya instaladas en la provincia y señalar las tensiones entre los avances sociales y científicos y un marco legal que aún penaliza. Aunque existe una ley provincial que reconoce el autocultivo medicinal desde 2020, nunca fue reglamentada. En paralelo, la legislación nacional sigue criminalizando la planta a través de la ley de drogas 23.737. En 2024, con el cambio de gobierno, se restringió el acceso al Reprocann y se frenaron las políticas públicas que legitimaban el uso terapéutico del cannabis. En este contexto, el informe elaborado por la UNER y el Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos recoge más de 600 testimonios de productores, profesionales y personas usuarias y documenta las trabas burocráticas, la persecución judicial y las múltiples barreras que enfrentan quienes cultivan, prescriben o consumen cannabis con fines terapéuticos. Entre Ríos fue pionera en legislar, pero está muy lejos de garantizar derechos.