En medio de un intenso debate público que ha encontrado eco en los medios y las redes sociales en los últimos días, los trabajadores uruguayos de Salto Grande, agrupados bajo la bandera de A.T.U.S.G., alzan la voz en pos de esclarecer y contextualizar la situación actual. En una carta abierta a la población en general, despliegan argumentos y datos que invitan a una reflexión profunda en medio de la polémica suscitada en torno a un refuerzo presupuestario que el gobierno de Lacalle Pou destino a la Delegación Uruguaya de Salto Grande (200 millones de pesos uruguayos, equivalentes a unos 5 millones de dólares). Hacen un llamado a la reflexión, cuestionando el revuelo mediático y político que amenaza con socavar la confianza en empresas estatales y promete soluciones extremas como el achique del Estado o la privatización de empresas públicas.

El presidente oriental Luis Lacalle Pou aprobó recientemente un aumento de 200 millones de pesos uruguayos en el presupuesto asignado a la delegación uruguaya en la Comisión de Salto Grande. El presupuesto anual de esta comisión ya ascendía a 750 millones de pesos. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi manifestó que este tipo de manejos financieros son resultantes del "clientelismo" y tienen un impacto negativo en las instituciones y en el sistema democrático. Bettiana Díaz, diputada del Frente Amplio, respaldó la postura de Orsi y destacó que este aumento presupuestal no es un caso aislado, sino que se suma a un patrón de asignación de fondos a esta comisión en años anteriores. En otro contexto, pero sumando a la polémica desatada del lado uruguayo alrededor de la CTM, se informó que el Gobierno prejubiló con 56 años y le daría U$S700.000 al cabo de 7 años al jefe de seguridad de Salto Grande, quien integró lista blanca de Carlos Albisu, el actual delegado uruguayo, hombre muy cercano a Lacalle Pou.