Con el bombardeo al país latinoamericano y el secuestro de su presidente, Estados Unidos terminó con el derecho internacional, retrotrajo el orden mundial a las puras relaciones de fuerza y dejó claro que defenderá su hegemonía a sangre y fuego. Sin eufemismos, Trump aseguró que mantendrán el gobierno “hasta una transición segura”, amenazó con nuevos ataques y anticipó que se quedarán con la explotación del petróleo.

En el intrincado escenario geopolítico electoral, pocos casos son tan ilustrativos de la dualidad y la hipocresía del sistema occidental como la injerencia de EE. UU. en la República Bolivariana de Venezuela. La narrativa oficial del imperio yanqui proclama una preocupación por la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, una observación detallada revela que, detrás de este discurso malintencionado, se esconden grandes intereses geopolíticos y económicos, centrados en los vastos recursos energéticos y minerales que subyacen en el suelo venezolano, donde el petróleo juega un papel determinante en la acción de las políticas exteriores de las grandes potencias. Dicho esto, va de suyo que, en estas circunstancias, se apela a métodos legales e ilegales para alinear la política exterior de esos países con los intereses de las élites dominantes.

Prosiguiendo con las elucubraciones de todo tipo que se han hecho sobre las elecciones en Venezuela, se conoció que cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, un informe público de Human Rights Watch, lejos de simpatizar con el chavismo, hablaba de un Poder Judicial "disfuncional y corrupto", e indicaba que la principal Corte Administrativa de Venezuela "había establecido precios para cobrar a los imputados de delitos, para resolver sus casos" (como aquí lo hacía el Fiscal Stornelli).