La Sociedad Rural de Corrientes decidió bautizar la plaza central de su predio en Riachuelo con el nombre de Juan Carlos De Marchi, un excapitán del Ejército que, tras volver a la vida civil, se dedicó al negocio agropecuario y llegó a presidir la propia entidad ruralista. Pero su nombre no figura en la historia argentina por ningún aporte productivo ni por su rol empresarial. De Marchi era conocido como “El electricista”, sobrenombre que se ganó por aplicar picana eléctrica a detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar. Fue condenado en dos juicios federales por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el secuestro de una beba.

Durante los años más crudos del terrorismo de Estado, el proyecto binacional de Salto Grande no estuvo al margen de la represión. Delegados sindicales, técnicos y obreros fueron vigilados, perseguidos y expulsados bajo un sistema coordinado entre las dictaduras de Argentina y Uruguay, en el marco del Plan Cóndor. Una investigación judicial en curso de la fiscal federal Josefina Minatta, que podría tener un impactante correlato judicial con decenas de imputaciones y la apertura de nuevos juicios por crímenes de Lesa Humanidad, revela cómo operó este engranaje del horror en la principal obra energética de la región.

La Fiscalía Federal de Concordia, bajo la dirección de Josefina Minatta, hace un llamado a la ciudadanía para colaborar en la búsqueda de testigos que puedan aportar información sobre el destino del cartel que señalizaba el Regimiento de Caballería de Tanques 6 de la ciudad como sitio de memoria por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época del terrorismo de Estado. El cartel de importantes dimensiones, 3,10 metros de ancho por 2 metros de alto, desapareció hace casi dos meses como por "arte de magia", durante una jornada tormentosa unos días antes del 24 de Marzo, a poco de conmemorarse 48 años del  último Golpe Cívico Militar, y cuando organismos de DDHH se aprestaban a realizar un acto en dicho lugar.

El gobierno italiano comunicó este miércoles al Estado argentino que concede la extradición del ex capellán militar de San Rafael Franco Reverberi Boschi y que inicia el proceso para ponerlo a disposición de las autoridades de nuestro país para su traslado. Esta decisión, informada por el Ministerio de Justicia italiano, deja firme la resolución del Tribunal de Apelaciones de Bolonia, que a comienzos de julio hizo lugar al pedido del Estado argentino para juzgar en el país a Reverberi Boschi por secuestros, tormentos y un homicidio.

Mario Guillermo Ocampo fue señalado como autor del homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de una víctima. Además, registró DIARIOJUNIO, se lo consideró responsable tanto de los "tormentos agravados por la condición de perseguido político" como de la "privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes" que sufrieron 12 víctimas.