El medicamento oncológico que el PAMI y las obras sociales Ioma, Apross y Obsba compraron por 2.039.000 pesos por unidad, fue pagada por la Agencia Nacional de Discapacidad, que conducía Diego Spagnuolo, en 5.996.137,70 pesos. Casi tres veces más. Se robaron 4 millones de pesos por mes por cada enfermo de cáncer de la sangre. Un segundo medicamento para gravísimos casos de artritis, psoriasis y colitis ulcerosas, el PAMI y las obras sociales lo pagaron 6.207.000 pesos y Discapacidad pagó 11.909.591,45. Se robaron 6 millones de pesos por paciente. Un tercer medicamento, para situaciones incurables de reuma, sangrados de colon, lo compró el PAMI a 1.455.000 pesos, y la Andis de Spagnuolo, con el 3 por ciento que supuestamente se llevaba Karina Milei y los primos Menem, lo pagó 4.295.961,35. Es decir que el propio Estado y las obras sociales de referencia pagaron tres veces menos por drogas que significaban la vida o la muerte para centenares de personas. Esos sobreprecios son el núcleo central de la causa ANDIS, investigada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. Los laboratorios que vendieron los medicamentos, según la causa, están vinculados a Miguel Angel Calvete y Pablo Atchbahian y, en varios concursos de precios, recibieron instrucciones de la Droguería Suizo-Argentina. La trampa consistió en limitar las ofertas a unas pocas droguerías que estaban arregladas.
Mientras se codean con expresidentes, financian campañas electorales y acumulan propiedades en los barrios más exclusivos, los Kovalivker construyeron un imperio farmacéutico que hoy está en el centro de un escándalo nacional. Con vínculos directos con Karina Milei, los Menem y Mauricio Macri, la familia detrás de Suizo Argentina S.A. aparece implicada en una red de coimas, negocios offshore y una feroz disputa con los laboratorios más poderosos del país. Una radiografía del poder, el dinero y la corrupción en la “Suiza Argentina”.
Tras el escándalo que afecta al gobierno nacional por los presuntos pedidos de coimas para la compra de medicamentos, la diputada provincial Liliana Salinas (Partido Conservador Popular), sostuvo esta mañana que “la verdad es que es muy contradictorio todo”. “Es muy difícil opinar; te quedan dudas. No sabés si eso es realmente como salió a decir el gobierno, que es una jugada política o realmente está pasando”. No obstante, añadió que hay un manoseo constante contra las personas con discapacidad todo el tiempo. “Hace mucho ruido y lastima”, dijo. Cabe mencionar que la legisladora, quien llegó con el mileismo a la Legislatura y después se distanció al armar su propio monobloque y mira la distancia, es madre de un chico de 21 años, Mateo, que padece una discapacidad generada por una lesión cerebral que padecen los bebés prematuros. Se trata de leucomalacia. “Muchas veces nosotros mismos llevamos a los chicos a votar porque los gobiernos se olvidan de que muchos de nuestros pibes votan y les gusta ir a votar. Los llevamos nosotros, los padres. Pero esta vez no voy a molestar a mi hijo a que vaya a votar, ¿a qué? A una persona que está tratando de que la discapacidad desaparezca; que el gobierno no tiene por qué ser responsable de que si vos tenés un hijo con discapacidad u otras cosas tan crueles como lo del Garrahan”. La referencia es para la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, quien dijo que “no creía que los niños argentinos tuvieran derecho a ser atendidos en el Hospital Garrahan”. "Hoy la medicación de Mateo está saliendo casi $ 400.000 por mes", indicó. "Hubo un tiempito en el cual el Oser (Obra Social de Entre Ríos) no estaba cubriéndolo y fue muy difícil. Hoy yo lo puedo comprar, pero me imagino…
