La joven de 15 años tenía una discapacidad y dependía de cuidados permanentes. Fue encontrada en su vivienda tras el aviso de un vecino. Sus padres estaban en el lugar y no habían informado la situación, por lo que quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

El Juzgado Federal de Campana dictó sentencia definitiva haciendo lugar al amparo colectivo interpuesto contra el Decreto 681/2025 del Poder Ejecutivo Nacional. La decisión declara inválido el artículo 2° de ese decreto, que había suspendido la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, y ordena su aplicación inmediata e integral.

El medicamento oncológico que el PAMI y las obras sociales Ioma, Apross y Obsba compraron por 2.039.000 pesos por unidad, fue pagada por la Agencia Nacional de Discapacidad, que conducía Diego Spagnuolo, en 5.996.137,70 pesos. Casi tres veces más. Se robaron 4 millones de pesos por mes por cada enfermo de cáncer de la sangre. Un segundo medicamento para gravísimos casos de artritis, psoriasis y colitis ulcerosas, el PAMI y las obras sociales lo pagaron 6.207.000 pesos y Discapacidad pagó 11.909.591,45. Se robaron 6 millones de pesos por paciente. Un tercer medicamento, para situaciones incurables de reuma, sangrados de colon, lo compró el PAMI a 1.455.000 pesos, y la Andis de Spagnuolo, con el 3 por ciento que supuestamente se llevaba Karina Milei y los primos Menem, lo pagó 4.295.961,35. Es decir que el propio Estado y las obras sociales de referencia pagaron tres veces menos por drogas que significaban la vida o la muerte para centenares de personas. Esos sobreprecios son el núcleo central de la causa ANDIS, investigada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. Los laboratorios que vendieron los medicamentos, según la causa, están vinculados a Miguel Angel Calvete y Pablo Atchbahian y, en varios concursos de precios, recibieron instrucciones de la Droguería Suizo-Argentina. La trampa consistió en limitar las ofertas a unas pocas droguerías que estaban arregladas.

Mediante un comunicado publicado este martes en la página del Gobierno Nacional, se informa que la medida se aplicará en tres tramos hasta diciembre y alcanza a prestadores de servicios vinculados a la atención, educación y rehabilitación de personas con discapacidad.

Soy madre de un hijo con autismo severo, estoy atravesando un cáncer que me recuerda todos los días la fragilidad de la vida, y me enfrenta a ese pensamiento recurrente que tenemos quienes criamos chicos con discapacidad: ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotras no estemos?

Con 63 votos afirmativos, la Cámara Alta rechazó el veto presidencial y obligó al Ejecutivo a promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2026. Fue otra jornada adversa para el Gobierno, marcada por cruces, denuncias de corrupción y duros cuestionamientos a Javier y Karina Milei.

Con una mayoría de 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados decidió este martes rechazar el veto que el presidente Javier Milei había impuesto a la ley de emergencia en discapacidad. El resultado constituye un duro golpe político para la administración libertaria, que hasta ahora exhibía como fortaleza la disciplina interna de su bloque. Afuera del Congreso, familiares y organizaciones sociales celebraron el desenlace con banderas, cánticos y abrazos.

Este miércoles 20 de agosto, a las 11 de la mañana, se realizará una concentración frente a la Municipalidad de Concordia en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La jornada coincide con el debate legislativo previsto al mediodía en el Congreso, donde se definirá si se anula o no el veto presidencial de Javier Milei, que impediría la entrada en vigencia de la normativa. "Es la última instancia que nos queda", sostuvo en DIARIOJUNIO Evangelina Moix, prestadora del sector.

El Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) expresó su posición respecto del proyecto presentado por la diputada Mariel Ávila para declarar la emergencia en discapacidad en Entre Ríos. Desde el organismo se resaltó que el marco normativo vigente ya garantiza derechos y prestaciones, y que el principal desafío es seguir profundizando la ejecución y articulación de políticas, más que sumar nuevas declaraciones, según información enviada a DIARIOJUNIO.

Hace una semana, el martes 5 de agosto, José Ramón Cabrera, referente del Movimiento Surge Nacional y Jorge López, de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Concordia, acompañados por Evangelina Moix, una acompañante terapéutica y vocera del sector, se movilizaron al Centro de Convenciones de Concordia, en ocasión de la visita del gobernador Rogelio Frigerio a Concordia, para el lanzamiento del programa “Entre Ríos con vos”. Los integrantes de los movimientos sociales fueron a exigir el voto de los legisladores entrerrianos en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, denunciar el “ajuste brutal sobre las jubilaciones y rechazar el recorte de las contraprestaciones sociales”. Lograron reunirse con la ministra de Seguridad Social, Verónica Berisso, quien les confirmó que el gobierno provincial “podría asumir la transferencia del sistema de pensiones y jubilaciones por discapacidad a la órbita provincial, sin que se transfieran los recursos necesarios”, según indicaron a través de una gacetilla enviada a DIARIOJUNIO.