En nombre de una “reforma del Estado” que avanza sobre derechos históricos, el gobierno pone bajo la lupa al Estatuto del Periodista, uno de los últimos diques frente al avance del poder económico, la mercantilización de la información y la colonización de las conciencias. En un escenario de justicia complaciente, medios concentrados y mercados convertidos en soberanos, el periodismo crítico vuelve a ser señalado como enemigo por cumplir su función esencial: denunciar, resistir y no callar.