En medio de un proceso acelerado de ajuste y privatización, el Gobierno nacional avanza con cambios estructurales en el INTA, una institución clave para el desarrollo científico y productivo del país. Con más de 116.000 hectáreas distribuidas en centros y estaciones experimentales en todo el territorio, y con casi 7.000 trabajadores, el organismo se encuentra en la mira de las políticas de desguace impulsadas por los sectores financieros cercanos al oficialismo. La posible pérdida de este patrimonio público amenaza décadas de investigación, innovación tecnológica y soberanía agropecuaria.